Abogado para permiso de salida del país de menores en Medellín

Asesoría jurídica para permisos de salida del país de menores en Medellín

Viaje familiar desde el aeropuerto

Asesoría y representación jurídica para permisos de salida del país de menores en Medellín

En Figueroa y Asociados Colombia brindamos asesoría y representación jurídica a padres y madres que necesitan obtener un permiso de salida del país para sus hijos menores de edad, especialmente cuando uno de los progenitores se niega a firmar la autorización, se encuentra en el extranjero o se desconoce su paradero.

Nuestro equipo de abogados de familia en Medellín analiza cada situación para determinar el procedimiento legal correspondiente, teniendo en cuenta la custodia, la patria potestad, los motivos del viaje y el interés superior del niño, niña o adolescente.

Cuando no existe autorización de uno de los padres, puede ser necesario solicitar un permiso judicial de salida del país ante un juez de familia, conforme al artículo 110 de la Ley 1098 de 2006. Si se desconoce el paradero del progenitor, corresponde examinar los supuestos en los que puede intervenir el defensor de familia del ICBF.

También ofrecemos orientación cuando el padre o la madre reside fuera de Colombia y necesita otorgar una autorización desde el extranjero, así como en situaciones relacionadas con viajes internacionales, reunificación familiar, vacaciones o cambios de residencia.

Antes de iniciar cualquier procedimiento, revisamos los documentos del menor, los antecedentes familiares, las autorizaciones existentes y las circunstancias que pueden influir en la solicitud. La finalidad de nuestra asesoría es identificar la vía jurídica adecuada y evitar actuaciones innecesarias que puedan retrasar el viaje.

Contamos con atención presencial en Medellín y asesoría virtual para personas que residen en Envigado, Sabaneta, Bello, Itagüí y otras ciudades de Colombia.

¿El padre o la madre de su hijo no autoriza el viaje? Solicite una valoración jurídica al WhatsApp +57 301 877 5583.

¿Cuándo necesita un abogado para permiso de salida del país en Medellín?

Contar con la asesoría de un **abogado para permiso de salida del país de menores en Medellín** puede ser necesario cuando uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo, no es posible localizarlo o existen desacuerdos relacionados con la custodia, la patria potestad o el traslado del menor al extranjero. Estas situaciones requieren identificar la vía jurídica adecuada y proteger el interés superior del niño, niña o adolescente.

En Colombia, cuando ambos progenitores están de acuerdo, generalmente pueden otorgar la autorización correspondiente ante notaría o autoridad consular. Sin embargo, **cuando el padre o la madre se niega a firmar el permiso**, puede ser necesario solicitar una autorización judicial ante el juez de familia, conforme al artículo 110 de la Ley 1098 de 2006. En estos casos, resulta importante examinar los motivos del viaje, la situación familiar y los elementos que permitan sustentar la solicitud.

También existen circunstancias especiales cuando uno de los padres reside fuera de Colombia, se desconoce su paradero o no se encuentra en condiciones de otorgar la autorización. No todas estas situaciones se resuelven mediante el mismo procedimiento. Por ejemplo, la negativa expresa de un progenitor generalmente corresponde al conocimiento del juez de familia, mientras que determinados casos de paradero desconocido pueden ser competencia del defensor de familia del ICBF.

**Tener la custodia del menor no significa necesariamente que pueda viajar al extranjero sin autorización del otro progenitor.** La custodia y la patria potestad son instituciones jurídicas distintas, por lo que deben revisarse las decisiones judiciales existentes y los derechos que conserva cada padre antes de iniciar cualquier trámite.

En Figueroa y Asociados Colombia analizamos las circunstancias de cada familia para identificar las alternativas legales disponibles. Nuestro equipo de abogados de familia en Medellín ofrece orientación sobre autorizaciones notariales, permisos judiciales, conflictos entre progenitores y actuaciones relacionadas con viajes internacionales de menores de edad.

Oficina Moderna el Poblado

Servicios jurídicos para permisos de salida del país en Medellín

Obtener un permiso de salida del país para un menor de edad en Medellín puede convertirse en un problema jurídico cuando uno de los padres se niega a autorizar el viaje, reside en el extranjero o se desconoce su paradero. En estas situaciones, contar con asesoría legal permite identificar el procedimiento correspondiente y las alternativas para solicitar la autorización, teniendo en cuenta el interés superior del niño, niña o adolescente.

En Figueroa y Asociados Colombia ofrecemos asesoría y representación jurídica para permisos de salida del país de menores, especialmente cuando existen desacuerdos entre los progenitores. Nuestro equipo de abogados de familia en Medellín revisa las circunstancias familiares, los antecedentes de custodia y patria potestad, los documentos del menor y los motivos del desplazamiento internacional.

Cuando el padre o la madre no autoriza la salida del país, puede ser necesario presentar una solicitud ante un juez de familia, conforme al artículo 110 de la Ley 1098 de 2006. Si el progenitor se encuentra en el extranjero, analizamos las posibilidades de obtener una autorización consular o mediante un documento otorgado en el exterior que cumpla las formalidades aplicables en Colombia. En determinados casos de paradero desconocido, puede corresponder la intervención del defensor de familia del ICBF.

También brindamos orientación a familias que necesitan viajar por vacaciones, estudios, reunificación familiar o cambio de residencia al extranjero. Cada situación requiere revisar quién ejerce la patria potestad, si existen decisiones judiciales previas y qué documentos pueden ser necesarios para acreditar la autorización ante Migración Colombia. La existencia de un acuerdo de custodia no significa necesariamente que uno de los padres pueda autorizar por sí solo todos los viajes internacionales del menor.

Nuestros servicios están disponibles para personas residentes en Medellín, Envigado, Bello, Itagüí y Sabaneta. También puede conocer nuestra atención de abogado de familia en Sabaneta o solicitar una consulta virtual desde otra ciudad de Colombia o el extranjero.

¿El otro progenitor no autoriza el viaje de su hijo? En Figueroa y Asociados Colombia podemos revisar su caso y orientarlo sobre las alternativas jurídicas disponibles. Solicite asesoría al WhatsApp +57 301 877 5583 para conocer el procedimiento que corresponde a su situación familiar.

Permiso de salida sin autorización del padre

Permiso judicial de salida del país

Padre o madre en el extranjero

Progenitor con paradero desconocido

Custodia y patria potestad

Requisitos para viajar con menores

Autorización ante notaría

Necesitas una consulta jurídica

¿El padre o la madre no autoriza la salida del país de tu hijo?

Te orientamos sobre las alternativas legales para obtener el permiso de salida del país de menores en Colombia, incluyendo la autorización judicial cuando corresponda.

Abogados para permisos de salida del país de menores en Medellín: asesoría según su caso

Cuando uno de los padres no autoriza que su hijo viaje al extranjero, es importante conocer las alternativas legales para obtener el permiso correspondiente. Un abogado para permiso de salida del país de menores en Medellín puede orientar a las familias cuando existen desacuerdos entre progenitores, dificultades para localizar al padre o la madre, o controversias relacionadas con la custodia y la patria potestad.

En Figueroa y Asociados Colombia ofrecemos asesoría y representación jurídica para estudiar las circunstancias del viaje, revisar las autorizaciones existentes y determinar si corresponde acudir ante un juez de familia, una notaría o el defensor de familia del ICBF, según los supuestos previstos en la legislación colombiana.

Nuestro equipo de abogados de familia en Medellín atiende consultas relacionadas con viajes internacionales de menores por vacaciones, estudios, reunificación familiar o cambios de residencia. También ofrecemos asesoría virtual para padres y madres que viven en otros municipios de Colombia o en el extranjero.

Padre que no autoriza
Permiso judicial de viaje
Padres en el extranjero
Paradero desconocido
Custodia y patria potestad
Permisos ante notaría

Preguntas frecuentes sobre permisos de salida del país de menores en Medellín

Solicitar un permiso de salida del país para un menor de edad en Colombia puede generar dudas cuando el padre o la madre no autoriza el viaje, reside en el extranjero o existen decisiones judiciales relacionadas con la custodia y la patria potestad. Cada situación requiere examinar quién debe otorgar la autorización y qué autoridad tiene competencia para resolver las dificultades que puedan presentarse.

Entre las consultas más frecuentes se encuentran cómo obtener un permiso judicial de salida del país, qué hacer cuando uno de los padres se niega a firmar, cuánto puede tardar el procedimiento y si es posible viajar con un hijo teniendo su custodia. También surgen dudas sobre los requisitos para viajes por vacaciones, estudios o reunificación familiar.

En Figueroa y Asociados Colombia ofrecemos orientación sobre estas situaciones mediante nuestros servicios de derecho de familia en Medellín. También atendemos a familias de Envigado, Bello, Itagüí y Sabaneta, donde puede conocer nuestro servicio de abogado de familia en Sabaneta.

Las siguientes preguntas frecuentes explican las principales alternativas legales, los requisitos que pueden exigirse y las circunstancias en las que es conveniente recibir asesoría profesional antes de iniciar el trámite.

Si necesita encontrar abogados especializados en permisos de salida del país de menores en Medellín, puede acudir a un despacho jurídico que preste servicios de derecho de familia y cuente con profesionales habilitados para ejercer en Colombia. En Figueroa y Asociados Colombia ofrecemos asesoría y representación jurídica a padres y madres que necesitan obtener una autorización de viaje para sus hijos menores de edad, especialmente cuando existe desacuerdo entre los progenitores, uno de ellos se niega a firmar el permiso, reside en el extranjero o se desconoce su paradero.

La elección de un abogado para este procedimiento es importante porque no todos los permisos de salida del país se tramitan de la misma manera. Cuando ambos padres están de acuerdo, generalmente puede gestionarse una autorización ante notaría o autoridad consular. Sin embargo, si uno de los progenitores se opone al viaje, puede ser necesario acudir ante un juez de familia para solicitar la autorización judicial correspondiente.

El fundamento jurídico se encuentra principalmente en el artículo 110 de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, que regula la salida del territorio colombiano de niños, niñas y adolescentes y contempla la intervención de distintas autoridades según las circunstancias familiares.

Por esta razón, al buscar un abogado para un permiso de salida del país en Medellín, conviene elegir un profesional que conozca los procedimientos judiciales de familia, las reglas sobre patria potestad y custodia, y los requisitos exigidos por Migración Colombia.

En nuestro despacho, el servicio comienza con una valoración de la situación familiar. Se examina quién ejerce la patria potestad, si existe una sentencia o acta de conciliación relacionada con la custodia, cuál es la finalidad del viaje y si el otro progenitor ha manifestado expresamente su negativa. Estos elementos permiten identificar la vía jurídica que debe estudiarse antes de iniciar una actuación.

Uno de los casos en los que puede resultar especialmente necesaria la intervención de un abogado es cuando el padre o la madre se niega a autorizar la salida del país del menor. Por ejemplo, una madre residente en Medellín desea viajar a España con su hijo para reunirse con familiares, pero el padre del niño se opone y se niega a firmar el permiso. En estas circunstancias, no basta con presentar los boletos de avión, demostrar que la madre tiene la custodia o afirmar que el viaje beneficiará al menor.

Cuando existe una negativa expresa, corresponde analizar la posibilidad de solicitar una autorización judicial de salida del país ante el juez de familia, quien deberá valorar las circunstancias del caso y el interés superior del niño, niña o adolescente. Para ello, puede ser necesario presentar documentos relacionados con el viaje, los motivos del desplazamiento, las condiciones de permanencia en el extranjero y los antecedentes familiares relevantes.

Es importante distinguir entre un viaje temporal por vacaciones y una solicitud relacionada con un cambio de residencia al extranjero. Aunque ambas situaciones pueden requerir autorización, sus implicaciones familiares son diferentes. Un viaje turístico con fechas determinadas no plantea necesariamente las mismas cuestiones que un traslado permanente que podría modificar la convivencia del menor con uno de sus progenitores.

Por ejemplo, si una madre pretende establecerse definitivamente con su hijo en otro país, será necesario examinar cómo podría afectar el traslado al contacto con el padre que permanece en Colombia, qué condiciones de vivienda y educación existirían en el lugar de destino y cuáles son los motivos que justifican la solicitud. No significa que el traslado esté prohibido, sino que la autoridad judicial debe contar con elementos suficientes para valorar la situación del menor.

Otro supuesto frecuente es cuando el padre o la madre se encuentra en Estados Unidos, España u otro país y necesita otorgar una autorización para que su hijo viaje desde Colombia. En estos casos puede resultar viable gestionar el consentimiento ante un consulado colombiano o mediante un documento otorgado ante autoridad extranjera que cumpla las formalidades aplicables.

Cuando el progenitor está localizado y está dispuesto a autorizar el viaje, no debe suponerse que es necesario iniciar un proceso judicial únicamente porque vive fuera de Colombia. Un abogado de familia puede orientar sobre la documentación y las formalidades que corresponden, evitando procedimientos innecesarios.

La situación cambia cuando se desconoce el paradero del padre o la madre. Si no es posible localizar a uno de los representantes legales del menor, debe examinarse la competencia del defensor de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), conforme a las circunstancias previstas en la legislación. Esta intervención no debe confundirse con los casos en los que un progenitor está localizado, pero se niega expresamente a autorizar el viaje, supuesto que generalmente corresponde a la autoridad judicial.

Una diferencia que también debe conocer quien busca asesoría jurídica es que tener la custodia exclusiva de un hijo no significa necesariamente contar con autorización para sacarlo de Colombia sin el consentimiento del otro progenitor. La custodia y la patria potestad son instituciones jurídicas distintas. Por ello, antes de presentar una solicitud, conviene revisar el contenido de las decisiones judiciales, los acuerdos existentes y las facultades que conserva cada padre.

En Figueroa y Asociados Colombia ofrecemos orientación sobre estas situaciones mediante nuestro equipo de abogados de familia en Medellín, con atención a conflictos relacionados con permisos internacionales de viaje, custodia, patria potestad y desacuerdos entre progenitores.

Antes de contratar un abogado para tramitar el permiso de salida del país de un menor, es recomendable verificar quién será el profesional responsable del asunto y cuáles serán las actuaciones incluidas en sus honorarios. Una consulta jurídica inicial no tiene el mismo alcance que la preparación de una demanda judicial, la representación durante el procedimiento y el seguimiento de la decisión.

En Colombia, la habilitación profesional puede verificarse mediante el Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados (SIRNA), administrado por la Rama Judicial. Esta comprobación permite conocer información sobre el registro y la vigencia profesional del abogado que asumirá la representación.

También es importante solicitar claridad sobre las actuaciones que pueden ser necesarias. Por ejemplo, si uno de los padres ya manifestó por escrito su negativa, puede resultar útil conservar esas comunicaciones. Si existe una sentencia de custodia, un acta de conciliación o una decisión sobre patria potestad, esos documentos deben examinarse antes de definir la estrategia. Si el viaje está relacionado con estudios o reunificación familiar, pueden ser relevantes los soportes que permitan acreditar su finalidad y condiciones.

No todos los expedientes requieren los mismos documentos ni las mismas pruebas. Precisamente por eso, una asesoría jurídica especializada debe comenzar por comprender el conflicto familiar, no por presentar automáticamente una demanda.

Otro aspecto importante al buscar abogados en Medellín es la ubicación del menor y de las personas involucradas. La competencia judicial debe determinarse conforme a las reglas procesales aplicables y las circunstancias del caso. La ubicación de la oficina del abogado no determina, por sí sola, qué juez debe conocer una solicitud.

Para quienes residen en Envigado, Sabaneta, Bello o Itagüí, es posible solicitar asesoría jurídica a un abogado ubicado en Medellín, aunque posteriormente deba verificarse cuál es la autoridad competente para conocer del procedimiento. En particular, las personas residentes en el sur del Valle de Aburrá pueden consultar nuestros servicios de abogado de familia en Sabaneta, donde ofrecemos orientación para asuntos relacionados con hijos menores de edad y conflictos familiares.

Asimismo, es posible recibir una primera consulta por videollamada cuando el interesado se encuentra fuera de Medellín o incluso fuera de Colombia. Esta modalidad puede resultar útil para un padre que reside en el extranjero y necesita comprender qué documentos debe otorgar, o para una madre que desea trasladarse con su hijo y necesita valorar previamente las consecuencias legales de solicitar autorización judicial.

La atención virtual permite revisar documentos y conocer las alternativas jurídicas, aunque algunas actuaciones posteriores pueden requerir representación formal o el cumplimiento de determinadas exigencias procesales.

Una consideración especialmente importante es no esperar hasta pocos días antes del viaje para solicitar asesoría cuando existe oposición de uno de los padres. Los procedimientos judiciales pueden requerir notificaciones, contestaciones, aportación de pruebas y decisiones de la autoridad competente. Por esa razón, ningún abogado responsable debería garantizar que la autorización será concedida inmediatamente o asegurar un resultado favorable sin conocer las circunstancias del caso.

Si ya existe una fecha de viaje, es recomendable informar desde la primera consulta el destino, el motivo del desplazamiento, las fechas previstas y si se han comprado pasajes o adquirido compromisos relacionados con el viaje. Estos elementos pueden resultar relevantes para organizar el asunto, aunque la urgencia personal no elimina las formalidades exigidas por la legislación.

En los casos que involucran niños, niñas y adolescentes, la estrategia jurídica debe considerar siempre su interés superior, sus derechos y las condiciones que puedan afectar su bienestar. La autorización de salida no debe entenderse simplemente como un conflicto entre dos adultos, sino como una decisión que puede influir en la vida familiar, la educación, la residencia y las relaciones del menor con sus progenitores.

Por ello, una representación jurídica adecuada debe examinar las circunstancias favorables y las dificultades de la solicitud, incluyendo la posición del progenitor que se opone al viaje y los elementos que podrían resultar relevantes para la autoridad competente.

En Figueroa y Asociados Colombia brindamos asesoría jurídica para identificar la vía legal correspondiente cuando un menor necesita salir del país y existen dificultades para obtener la autorización. Nuestro equipo de abogados habilitados para ejercer en Colombia puede estudiar la documentación familiar, los motivos del viaje y las posibles actuaciones ante las autoridades competentes.

La atención comprende la orientación inicial, la identificación de requisitos y, cuando corresponda y se contrate ese servicio, la preparación y representación en las actuaciones jurídicas que resulten procedentes. Cada asunto debe valorarse individualmente, pues no es lo mismo obtener una autorización notarial por mutuo acuerdo que presentar una solicitud judicial frente a la oposición de uno de los padres.

Para conocer nuestros servicios, puede visitar la página de abogados de familia en Medellín o comunicarse directamente mediante nuestra página de contacto de Figueroa y Asociados Colombia.

Si busca abogados para permisos de salida del país de menores en Medellín porque el padre o la madre no autoriza el viaje de su hijo, se encuentra en el extranjero o desconoce su paradero, puede solicitar una valoración jurídica con Figueroa y Asociados Colombia. Ofrecemos atención presencial en Medellín mediante cita previa y asesoría virtual para personas que se encuentran en otros municipios o fuera del país.

Comuníquese al WhatsApp +57 301 877 5583 para explicar brevemente su situación y conocer las alternativas jurídicas que pueden corresponderle.

El costo de contratar un abogado para tramitar un permiso de salida del país de menores en Medellín depende del procedimiento que deba realizarse, la existencia de acuerdos entre los padres, la complejidad del conflicto familiar y las actuaciones jurídicas necesarias. En Colombia no existe una tarifa legal única que establezca cuánto debe cobrar un abogado por este servicio, por lo que los honorarios profesionales se acuerdan entre el cliente y el abogado, teniendo en cuenta las características particulares del caso.

Es importante distinguir entre una asesoría jurídica para obtener una autorización notarial y la representación profesional en un proceso judicial de permiso de salida del país de un menor. Cuando ambos progenitores están de acuerdo y pueden otorgar su consentimiento, el trámite normalmente puede resolverse mediante una autorización ante notaría o consulado, sin necesidad de contratar representación judicial. En cambio, cuando uno de los padres se niega a permitir el viaje y es necesario acudir ante un juez de familia, el servicio profesional comprende actuaciones de mayor complejidad y, por tanto, sus honorarios suelen ser superiores.

Como referencia para quienes buscan conocer el precio de un abogado en Medellín, las tablas orientativas de algunas asociaciones profesionales colombianas han contemplado honorarios equivalentes a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes para asuntos de permiso de salida del país de menores cuando no existe acuerdo entre sus representantes legales. Sin embargo, estas referencias gremiales no constituyen tarifas oficiales obligatorias ni determinan automáticamente el precio que cobrará un despacho. El valor real puede ser inferior o superior dependiendo del trabajo contratado, de la versión del tarifario consultado y de las circunstancias del proceso.

El Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia explica que los honorarios profesionales dependen, entre otros factores, de la especialidad del abogado, la complejidad del asunto, los servicios contratados y las condiciones acordadas entre las partes. Por esta razón, es recomendable solicitar una propuesta económica que especifique claramente las actuaciones que realizará el profesional y la forma de pago.

En Figueroa y Asociados Colombia ofrecemos asesoría jurídica a padres y madres que necesitan obtener un permiso de salida del país para sus hijos menores de edad, especialmente cuando existen desacuerdos entre los progenitores, dificultades para obtener una autorización o circunstancias familiares que requieren intervención judicial. Nuestro equipo de abogados de familia en Medellín analiza cada caso para determinar qué procedimiento corresponde y cuál sería el alcance de la representación profesional antes de establecer los honorarios.

Uno de los principales factores que influye en el costo es la existencia de una negativa expresa del padre o la madre para autorizar el viaje. Por ejemplo, una mujer residente en Medellín desea viajar a España con su hijo menor de edad para reunirse con familiares, pero el padre se opone y se niega a firmar la autorización. Si ambos conservan la patria potestad y no existe una excepción legal aplicable, puede ser necesario acudir ante un juez de familia para solicitar el permiso judicial.

En una situación de esta naturaleza, el servicio del abogado puede comprender el estudio de los antecedentes familiares, la revisión del registro civil de nacimiento del menor, el análisis de las decisiones de custodia y patria potestad, la preparación de la demanda, la presentación de los documentos probatorios y la representación durante las actuaciones judiciales que correspondan.

La necesidad de realizar estas actividades explica por qué el costo de una demanda judicial para obtener el permiso de salida del país puede ser considerablemente mayor que el de una autorización notarial ordinaria. No se trata únicamente de redactar una solicitud, sino de desarrollar una estrategia jurídica orientada a demostrar las circunstancias que justifican el desplazamiento internacional y permitir que la autoridad competente valore el interés superior del niño, niña o adolescente.

El artículo 110 de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, establece las reglas relacionadas con la salida del país de menores de edad. Cuando no existe acuerdo entre los progenitores que deben autorizar el viaje, corresponde acudir ante el juez de familia. La autoridad judicial deberá examinar los hechos, las pruebas y las condiciones del desplazamiento antes de decidir si concede o niega la autorización solicitada.

Otro elemento que puede modificar los honorarios es la finalidad del viaje. No todos los permisos presentan las mismas implicaciones jurídicas. Por ejemplo, solicitar autorización para que un niño viaje durante quince días de vacaciones a otro país no plantea necesariamente las mismas cuestiones que pedir permiso para establecer su residencia permanente en el extranjero.

Cuando se pretende un cambio de residencia internacional, puede ser necesario estudiar dónde vivirá el menor, cuáles serán sus condiciones educativas, cómo se garantizará su bienestar y de qué manera se mantendrá la relación con el progenitor que permanecerá en Colombia. Estos elementos pueden requerir un análisis más amplio y la preparación de documentos adicionales.

La complejidad también aumenta cuando existen decisiones judiciales previas sobre custodia, cuidado personal, patria potestad o régimen de visitas. En estos casos, el abogado deberá examinar si las medidas vigentes influyen en la posibilidad de obtener la autorización y qué consecuencias podría tener el desplazamiento internacional sobre los derechos de los involucrados.

Tener la custodia exclusiva de un hijo no significa necesariamente que pueda sacarlo de Colombia sin autorización del otro progenitor. Por ello, antes de contratar un procedimiento judicial, es importante revisar si existe una sentencia que limite o suspenda la patria potestad, una excepción legal aplicable o alguna circunstancia que modifique la necesidad de obtener consentimiento.

También puede presentarse el caso de un progenitor que vive en Estados Unidos, España u otro país. Cuando el padre o la madre está localizado y acepta el viaje, puede ser posible otorgar la autorización correspondiente ante un consulado colombiano o mediante un documento expedido en el extranjero que cumpla las formalidades legales.

En estas circunstancias, la contratación de un abogado para iniciar una demanda judicial puede ser innecesaria. Una asesoría puntual podría ser suficiente para conocer qué documentos deben prepararse, qué autoridad puede intervenir y cuáles son las formalidades exigidas por Migración Colombia.

La situación es diferente cuando el progenitor que vive en el extranjero se niega expresamente a autorizar el viaje. En ese supuesto, la distancia no elimina automáticamente sus derechos ni permite sustituir su consentimiento por una declaración unilateral del padre o la madre que se encuentra en Colombia. Deberá examinarse la procedencia de una solicitud judicial y las circunstancias particulares de la familia.

Un caso que también merece atención es aquel en el que se desconoce el paradero de uno de los padres. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar contempla la intervención del defensor de familia cuando el menor carece de representante legal, se desconoce su paradero o este no se encuentra en condiciones de otorgar la autorización, conforme a los requisitos legales.

Es importante conocer que el trámite institucional de permiso de salida del país ante el ICBF es gratuito, cuando corresponde a los supuestos de su competencia. Esto significa que la autoridad administrativa no cobra una tarifa por conceder la autorización. Sin embargo, si la familia decide contratar un abogado particular para revisar los documentos y recibir asesoría, los honorarios de ese profesional constituyen un servicio independiente.

Por tanto, no debe confundirse la gratuidad de una actuación administrativa con la obligación de que todos los abogados presten sus servicios sin remuneración. Tampoco debe suponerse que el ICBF puede resolver cualquier negativa del padre o la madre, ya que cuando existe una oposición conocida entre los progenitores generalmente corresponde acudir ante la autoridad judicial.

 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF+1

Los gastos notariales tampoco son iguales a los honorarios de un abogado. Cuando existe acuerdo entre los padres, la autorización puede requerir reconocimiento de firma, autenticación, expedición de documentos u otras actuaciones sujetas a las tarifas correspondientes. Estos gastos deben distinguirse del valor de una consulta jurídica o de la contratación de representación profesional.

Por ejemplo, si ambos padres están de acuerdo y únicamente necesitan preparar una autorización para un viaje de vacaciones, el costo principal podría estar relacionado con la actuación notarial y los documentos exigidos. En cambio, si existe una negativa de autorización y debe promoverse un proceso judicial, el presupuesto puede incluir el estudio jurídico, la elaboración de la demanda, la representación judicial y otros gastos necesarios para desarrollar el procedimiento.

Al solicitar una cotización a un abogado de familia en Medellín, es recomendable conocer si el valor propuesto incluye únicamente la consulta inicial o también la representación durante todo el proceso. Algunos profesionales cobran una suma por el estudio preliminar y posteriormente presentan una propuesta independiente para la demanda judicial. Otros pueden pactar honorarios por etapas, de acuerdo con las actuaciones que deberán realizarse.

También conviene verificar si el presupuesto comprende la revisión de documentos, la preparación de la demanda, su radicación, la atención de requerimientos judiciales, la participación en audiencias y las actuaciones posteriores a la decisión. Cuando estas condiciones no quedan suficientemente claras, pueden presentarse diferencias entre lo que el cliente considera contratado y los servicios que efectivamente asumirá el abogado.

La posibilidad de pagar los honorarios en varias cuotas depende del acuerdo entre el abogado y el cliente. No existe una obligación general de que todos los despachos cobren de la misma manera. Por ello, es conveniente establecer por escrito el valor del servicio, su alcance, las condiciones de pago y los gastos que no estén incluidos.

Otro factor que puede influir en el presupuesto es el tiempo disponible antes del viaje. Cuando una madre o un padre solicita asesoría porque ya compró los pasajes y el otro progenitor no quiere firmar, resulta indispensable revisar de inmediato la situación jurídica para determinar qué alternativas existen.

Sin embargo, pagar honorarios más elevados no garantiza que un juez conceda el permiso ni que el procedimiento termine antes de la fecha prevista para viajar. La resolución dependerá de las circunstancias del caso, del material probatorio, de las actuaciones procesales y de la valoración que realice la autoridad competente.

Por ejemplo, si una madre desea trasladarse permanentemente con su hijo a Estados Unidos y el padre se opone porque considera que perderá el contacto regular con el menor, el análisis judicial deberá tomar en cuenta las circunstancias de la familia y los derechos involucrados. La contratación de un abogado permite recibir asesoría y representación profesional, pero no sustituye la decisión del juez.

Por ello, resulta importante que la propuesta de honorarios no se base exclusivamente en promesas de rapidez o resultados favorables. Un servicio jurídico responsable debe permitir que el cliente conozca las posibilidades legales, las dificultades del caso y las actuaciones que podrían ser necesarias, sin garantizar anticipadamente una autorización que corresponde conceder a la autoridad competente.

En Medellín también es posible contratar asesoría jurídica para este procedimiento cuando el cliente reside en otro municipio del Valle de Aburrá. Por ejemplo, una persona que vive en Envigado, Sabaneta, Bello o Itagüí puede recibir orientación de un abogado ubicado en Medellín, aunque la competencia judicial deba determinarse conforme a las reglas procesales y al domicilio del menor.

Para quienes residen en el sur del área metropolitana, Figueroa y Asociados Colombia cuenta con servicios de abogado de familia en Sabaneta, mediante los cuales pueden solicitar orientación sobre conflictos familiares, patria potestad y asuntos relacionados con hijos menores de edad.

También ofrecemos consultas por videollamada a personas que se encuentran en otras ciudades de Colombia o en el extranjero. Esta modalidad permite realizar una valoración inicial, examinar la documentación disponible y determinar si es necesario contratar representación judicial en Colombia.

Antes de solicitar una cotización para un permiso judicial de salida del país de menores en Medellín, es conveniente proporcionar información sobre la edad del hijo, el lugar de destino, la duración prevista del viaje, la existencia de una negativa del otro progenitor y los antecedentes de custodia o patria potestad. Estos elementos ayudan a establecer si se requiere una actuación judicial, una autorización consular o un procedimiento diferente.

En algunos casos, también puede ser importante revisar si el progenitor que debe autorizar se encuentra inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), si existe una decisión sobre la patria potestad o si se presenta alguna de las excepciones contempladas en la normativa migratoria. Estas circunstancias pueden modificar la vía legal correspondiente y, en consecuencia, el alcance de los servicios que sería necesario contratar.

Quienes desean conocer los requisitos generales, las diferencias entre autorización notarial y judicial o los documentos necesarios para viajar pueden consultar nuestra guía sobre permiso de salida del país en Colombia: requisitos, cuánto vale y cómo tramitarlo. Allí explicamos las reglas generales del procedimiento y las circunstancias en las que pueden intervenir las distintas autoridades.

En Figueroa y Asociados Colombia consideramos que el costo de los servicios jurídicos debe establecerse después de identificar el problema concreto. Una consulta para revisar una autorización notarial no tiene el mismo alcance que un proceso judicial en el que existe una oposición expresa, controversias sobre custodia o una solicitud de cambio de residencia internacional.

Nuestro equipo de abogados de familia en Medellín puede analizar los antecedentes familiares, los documentos del menor y la finalidad del desplazamiento para determinar qué actuaciones corresponden y preparar una propuesta de servicios jurídicos conforme a las necesidades del caso.

En conclusión, cuánto cobra un abogado por tramitar un permiso de salida del país de menores en Medellín depende principalmente de si existe acuerdo entre los padres, si debe promoverse una demanda judicial y de la complejidad de las actuaciones necesarias. No existe una tarifa oficial obligatoria y los honorarios de representación deben distinguirse de los gastos notariales, consulares y de los trámites institucionales gratuitos que puedan resultar aplicables.

Si necesita conocer los honorarios para solicitar un permiso de salida del país de su hijo en Medellín, puede comunicarse con Figueroa y Asociados Colombia al WhatsApp +57 301 877 5583. Nuestro equipo jurídico puede revisar su situación, identificar el procedimiento correspondiente y explicarle el alcance de la asesoría o representación profesional que podría necesitar, con atención presencial mediante cita previa en Medellín o por videollamada.

Los abogados de familia en Medellín ofrecen servicios de asesoría, preparación documental y representación judicial para obtener permisos de salida del país de niños, niñas y adolescentes, especialmente cuando uno de los progenitores se niega a autorizar el viaje, reside en el extranjero, se desconoce su paradero o existen controversias relacionadas con la custodia y la patria potestad. La intervención del abogado permite determinar qué autoridad debe conocer la solicitud, qué documentos y pruebas son necesarios y cuál es el procedimiento más adecuado para proteger los derechos del menor.

En Figueroa y Asociados Colombia brindamos asesoría jurídica a padres y madres que necesitan resolver dificultades relacionadas con la autorización de viajes internacionales de sus hijos. Nuestro equipo de abogados de familia en Medellín analiza las circunstancias familiares, los acuerdos existentes, las decisiones judiciales anteriores y la finalidad del desplazamiento para identificar las alternativas legales disponibles.

Uno de los principales servicios consiste en la representación judicial cuando el padre o la madre se niega a firmar el permiso de salida del país. Esta situación puede presentarse después de una separación, cuando existen desacuerdos entre los progenitores o cuando uno de ellos considera que el viaje podría afectar su relación con el hijo. En estos casos, el artículo 110 de la Ley 1098 de 2006 contempla la intervención del juez de familia cuando no existe acuerdo entre quienes deben autorizar el desplazamiento.

Por ejemplo, una madre residente en Medellín desea viajar con su hijo de nueve años a España durante las vacaciones escolares. Sin embargo, el padre se opone, pese a conocer el destino, la fecha de regreso y las condiciones del viaje. Ante una negativa expresa, el abogado puede estudiar la posibilidad de presentar una demanda de permiso de salida del país de menor de edad, preparando la documentación y los argumentos necesarios para que la autoridad judicial valore la solicitud.

En este procedimiento, el servicio jurídico no se limita a redactar la demanda. Comprende el estudio de los antecedentes familiares, la identificación de los hechos relevantes, la preparación del material probatorio y la representación durante las actuaciones judiciales correspondientes. También puede incluir la revisión de las manifestaciones del progenitor que se opone al desplazamiento y la preparación de las respuestas jurídicas que resulten necesarias.

Un aspecto importante es que no es obligatorio agotar una conciliación previa para presentar una demanda judicial de permiso de salida del país de un menor. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha aclarado que este procedimiento no exige la conciliación como requisito previo para acudir al juez. Sin embargo, cuando las circunstancias lo permiten, los padres pueden explorar un acuerdo voluntario que evite una controversia judicial. La conveniencia de esa alternativa depende del caso, de la seguridad del menor y de la disposición real de los progenitores.

Otro servicio relevante es la asesoría jurídica para autorizaciones de viaje cuando uno de los padres se encuentra en el extranjero. Es frecuente que una madre viva en Medellín con sus hijos, mientras el padre reside en Estados Unidos, España, Chile u otro país. Si existe acuerdo, puede ser posible obtener la autorización ante un consulado colombiano o mediante un documento otorgado ante una autoridad extranjera que cumpla las formalidades exigidas para su reconocimiento en Colombia.

En estos casos, el abogado puede orientar sobre los requisitos documentales, la autenticación de la autorización, la apostilla cuando corresponda y la necesidad de traducción oficial si el documento fue expedido en otro idioma. También puede revisar que la autorización contenga correctamente la identificación del menor, el destino, el propósito del viaje y las fechas correspondientes.

Es importante precisar que el permiso de salida del país no puede otorgarse simplemente mediante un poder a un tercero para que este lo firme en nombre del progenitor. Migración Colombia señala que la patria potestad tiene carácter personal e intransmisible. Por ello, debe distinguirse entre un poder para contratar representación judicial y la autorización de viaje que debe otorgar personalmente quien está legalmente facultado para hacerlo.

La representación de un abogado también resulta útil cuando se desconoce el paradero del padre o la madre. En estos casos, el procedimiento no necesariamente corresponde al mismo que se utiliza cuando existe una negativa expresa. El artículo 110 de la Ley 1098 de 2006 contempla la intervención del defensor de familia del ICBF cuando el menor carece de representante legal, se desconoce su paradero o este no se encuentra en condiciones de otorgar la autorización.

Por ejemplo, una mujer que reside en Bello, Antioquia, necesita viajar con su hija menor al extranjero, pero desconoce desde hace varios años dónde se encuentra el padre. No tiene una dirección actualizada, desconoce su número telefónico y no dispone de un medio efectivo para solicitarle el consentimiento. En una situación de esta naturaleza, el abogado puede examinar los antecedentes y orientar sobre la posibilidad de acudir ante el defensor de familia competente, aportando los documentos y elementos necesarios para explicar las circunstancias.

Debe aclararse que el trámite de autorización ante el ICBF es gratuito cuando se encuentra dentro de su competencia. La contratación de un abogado particular para revisar documentos o brindar acompañamiento constituye un servicio independiente. Tampoco debe confundirse el paradero desconocido con el simple hecho de que el progenitor no responda inmediatamente un mensaje. La autoridad competente debe evaluar las circunstancias y los elementos disponibles.

Otro servicio especializado consiste en la revisión jurídica de las decisiones de custodia, cuidado personal y patria potestad. Muchas personas consideran que, por tener la custodia exclusiva de sus hijos, pueden decidir unilateralmente que viajen al extranjero. Sin embargo, en Colombia la custodia y la patria potestad son instituciones diferentes.

La custodia se relaciona principalmente con el cuidado cotidiano del menor, mientras que la patria potestad comprende derechos y facultades que la legislación reconoce a los padres respecto de sus hijos. Por tanto, una sentencia o un acta de conciliación que atribuye el cuidado personal a la madre no significa necesariamente que el padre haya perdido la facultad de intervenir en determinadas decisiones relacionadas con los viajes internacionales.

En estas situaciones, el abogado puede revisar las resoluciones, sentencias y acuerdos existentes para determinar si se requiere autorización del otro progenitor o si existe alguna excepción legal aplicable. El artículo 110 contempla, entre otras situaciones, que no se requiere autorización de los padres a quienes se les haya suspendido o privado de la patria potestad. No obstante, esa circunstancia debe acreditarse mediante los documentos correspondientes.

La asesoría para viajes por reunificación familiar o cambio de residencia al extranjero también forma parte de los servicios que pueden prestar los abogados de familia en Medellín. Estos casos requieren especial atención porque sus consecuencias pueden ser diferentes de las de un viaje temporal por vacaciones.

Por ejemplo, una madre colombiana contrae matrimonio con una persona que reside en Canadá y desea trasladarse con su hijo menor para establecer allí su residencia. Si el padre del niño permanece en Colombia y no autoriza el desplazamiento, podría ser necesario solicitar una autorización judicial. En ese escenario, el abogado debe examinar no solamente el destino, sino también las condiciones en las que viviría el menor y las implicaciones del traslado sobre sus relaciones familiares.

Entre los elementos que pueden resultar relevantes se encuentran la estabilidad del lugar de residencia, las condiciones educativas, la cobertura de salud, la situación migratoria del menor y las posibilidades de mantener contacto con el progenitor que permanecerá en Colombia. Estos aspectos no constituyen una lista de requisitos idéntica para todos los expedientes; su pertinencia dependerá de los hechos y de lo que deba demostrar el solicitante.

Una diferencia importante es que solicitar autorización para un viaje de vacaciones no equivale necesariamente a solicitar permiso para establecer residencia permanente en otro país. Cuando el desplazamiento supone un cambio sustancial en las condiciones de vida del menor, el análisis jurídico debe considerar sus efectos sobre la convivencia familiar y los derechos de los progenitores, además de las oportunidades que pueda representar para el niño, niña o adolescente.

Los abogados también pueden prestar servicios de revisión y preparación de pruebas para sustentar la autorización judicial. No basta con afirmar que el viaje es conveniente o que el otro progenitor no tiene motivos para oponerse. Resulta necesario identificar qué hechos deben acreditarse y cuáles documentos pueden contribuir a que el juez comprenda las circunstancias del caso.

Por ejemplo, según la naturaleza del desplazamiento, pueden resultar útiles los registros civiles de nacimiento, las decisiones de custodia, las comunicaciones entre los padres, las constancias de negativa, la información del lugar de destino, las reservas de viaje, los documentos escolares o los antecedentes relacionados con las condiciones de vida del menor.

Cuando se pretende una salida temporal, puede ser importante demostrar que existe una fecha definida de regreso y explicar cómo se mantendrán los compromisos escolares y familiares. Si se solicita un traslado de residencia, será necesario estudiar otros elementos relacionados con la estabilidad del menor y las posibilidades de mantener la relación con sus progenitores.

No todos los documentos tienen el mismo valor probatorio ni todas las situaciones requieren presentar la misma información. Por eso, una función importante del abogado consiste en seleccionar los elementos pertinentes, explicar su utilidad y evitar que la solicitud judicial se sustente únicamente en afirmaciones generales.

Otro aspecto que puede requerir asesoría es la salida del país cuando existen incumplimientos de cuota alimentaria. En determinados supuestos relacionados con la inscripción de un progenitor en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), la legislación colombiana contempla efectos sobre la exigencia de autorización para la salida del país de menores.

Estas circunstancias deben analizarse cuidadosamente, porque no es suficiente afirmar que el padre o la madre lleva varios meses sin pagar alimentos. Debe verificarse si existe una inscripción vigente y si se cumplen las condiciones legales para aplicar la consecuencia correspondiente. Si además existen controversias sobre el valor de la obligación alimentaria, puede ser necesario examinar los mecanismos jurídicos relacionados con su cumplimiento. Puede ampliar este aspecto en nuestro artículo sobre las causales para disminuir la cuota alimentaria en Colombia, que explica cómo deben tramitarse las modificaciones de las obligaciones alimentarias y por qué no pueden realizarse unilateralmente.

La asesoría en casos con viajes próximos o situaciones urgentes constituye otra necesidad frecuente. Algunas familias consultan cuando ya adquirieron los tiquetes, tienen una fecha de presentación ante una institución educativa o necesitan viajar por una circunstancia médica o familiar.

En estos casos, el abogado puede revisar de manera prioritaria los antecedentes y determinar si existe una vía administrativa, notarial o judicial aplicable. Sin embargo, es importante advertir que la proximidad del viaje no garantiza que una autoridad conceda inmediatamente la autorización. Los procedimientos deben cumplir las formalidades legales y las decisiones deben atender al interés superior del menor.

El ICBF contempla supuestos especiales de autorización, entre ellos determinadas situaciones relacionadas con tratamientos médicos urgentes, misiones deportivas, científicas o culturales y circunstancias de protección. No obstante, estas excepciones tienen condiciones específicas y no pueden extenderse automáticamente a cualquier viaje considerado urgente por sus familiares.

Otro servicio que ofrece un abogado de familia es el acompañamiento para verificar el alcance de una autorización obtenida. Una vez que existe una decisión judicial o un permiso emitido por la autoridad competente, es necesario comprobar si el documento corresponde al viaje que realmente se pretende realizar.

Por ejemplo, pueden existir autorizaciones que se refieran a un destino determinado, unas fechas concretas o unas condiciones específicas de desplazamiento. Una decisión que autoriza determinado viaje no debe interpretarse automáticamente como un permiso ilimitado para cualquier traslado posterior. El abogado puede revisar el contenido del documento y orientar sobre las actuaciones adicionales que pudieran requerirse.

Esta revisión también puede ayudar a prevenir inconvenientes ante Migración Colombia, pues tener una sentencia favorable no significa que desaparezcan los demás requisitos migratorios. El menor deberá contar con los documentos de viaje correspondientes y cumplir las exigencias del país de destino, además de presentar la autorización que resulte legalmente procedente.

Para las familias que desean conocer los aspectos generales de este trámite, sus requisitos documentales y las diferencias entre las autorizaciones notariales y judiciales, hemos preparado una guía sobre el permiso de salida del país en Colombia, sus requisitos, costos y procedimiento. Esa información permite comprender las reglas generales antes de solicitar un servicio jurídico particular.

En cuanto a la representación profesional, es importante distinguir entre una consulta jurídica inicial, la preparación de una solicitud y la representación durante un proceso judicial completo. No todos los asuntos necesitan las mismas actuaciones.

Si existe acuerdo entre los padres y únicamente deben organizarse los documentos, puede ser suficiente una asesoría puntual. En cambio, cuando existe una negativa expresa y debe presentarse una demanda judicial, puede requerirse una contratación que comprenda el estudio del expediente, la elaboración de escritos, la representación procesal y el seguimiento de las actuaciones hasta la decisión correspondiente.

En estos procedimientos, los honorarios profesionales deben establecerse según el alcance del servicio contratado. También es recomendable distinguir los honorarios del abogado de los gastos documentales, notariales o consulares que pudieran generarse.

La contratación de un abogado no garantiza que se concederá el permiso de salida del país. Cuando el asunto debe resolverlo un juez de familia, la decisión dependerá de las pruebas, las circunstancias del conflicto y la valoración de los derechos e intereses del menor. Por ello, un servicio jurídico adecuado debe explicar tanto las posibilidades de la solicitud como las dificultades que puedan presentarse.

En Figueroa y Asociados Colombia ofrecemos asesoría para personas que necesitan obtener un permiso de salida del país de sus hijos menores, ya sea porque existe una negativa del otro progenitor, dificultades para obtener una autorización desde el extranjero o incertidumbre sobre la autoridad competente.

Nuestro servicio de abogados de familia en Medellín permite solicitar una valoración jurídica de los antecedentes familiares, los documentos existentes y la finalidad del viaje. Cuando resulta necesaria una actuación judicial, la representación corresponde a abogados legalmente habilitados para ejercer en Colombia.

También atendemos consultas de personas residentes en Envigado, Bello, Itagüí y otros municipios del Valle de Aburrá. Para quienes se encuentran en el sur del área metropolitana, contamos con el servicio de abogado de familia en Sabaneta. Asimismo, ofrecemos asesoría virtual para colombianos que viven en el extranjero y necesitan resolver una situación relacionada con la salida internacional de sus hijos.

Es importante tener presente que la ubicación de la oficina del abogado no determina automáticamente la competencia judicial. Cuando se requiere presentar una demanda o acudir ante el ICBF, debe verificarse cuál es la autoridad competente de acuerdo con las circunstancias del caso y el domicilio del menor, conforme a las reglas aplicables.

En conclusión, los servicios de los abogados de familia para obtener permisos de salida del país de menores en Medellín comprenden mucho más que la elaboración de una autorización de viaje. Pueden incluir la revisión de la situación familiar, el análisis de la patria potestad, la preparación de solicitudes judiciales, la representación frente a la negativa de uno de los padres, la orientación sobre autorizaciones consulares, el acompañamiento en situaciones de paradero desconocido y la revisión de decisiones relacionadas con el desplazamiento internacional.

El servicio adecuado dependerá de si existe acuerdo entre los progenitores, del motivo del viaje, de las condiciones familiares y de la autoridad que deba intervenir. Identificar estas circunstancias desde el inicio permite evitar procedimientos innecesarios y preparar una solicitud ajustada a las necesidades jurídicas del caso.

Si necesita contratar un abogado para obtener un permiso de salida del país de menores en Medellín, puede solicitar asesoría en Figueroa y Asociados Colombia. Contamos con atención presencial mediante cita previa en Calle 14 #43B-55, barrio Manila, El Poblado, Medellín, y orientación jurídica por videollamada.

Comuníquese al WhatsApp +57 301 877 5583 o escriba a contacto@figueroayasociados.co para solicitar una valoración de su situación familiar y conocer las alternativas legales disponibles.

Cuando el padre o la madre se niega a autorizar la salida del país de un hijo menor de edad, puede ser necesario iniciar un proceso ante un juez de familia para obtener el permiso judicial correspondiente. En estos casos, contar con un abogado de familia permite preparar la demanda, organizar las pruebas y representar los intereses del solicitante durante el procedimiento. Sin embargo, no todos los permisos de salida requieren contratar un abogado, ya que existen diferencias importantes entre una autorización notarial, un acuerdo entre progenitores, una solicitud administrativa ante el ICBF y un proceso judicial.

En Colombia, el artículo 110 de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, regula la salida del territorio nacional de niños, niñas y adolescentes. Esta disposición establece, como regla general, que cuando un menor residente en Colombia viaja al extranjero con uno de sus padres, debe contar con la autorización del progenitor que no lo acompaña, debidamente autenticada ante notaría o autoridad consular, salvo las excepciones previstas por la legislación.

Cuando existe una negativa expresa y ambos progenitores conservan las facultades legales necesarias para intervenir en la autorización, el desacuerdo puede ser resuelto por un juez de familia, quien deberá examinar las circunstancias del desplazamiento y determinar si procede conceder el permiso solicitado.

En Figueroa y Asociados Colombia brindamos asesoría y representación jurídica a padres y madres que necesitan obtener un permiso de salida del país para sus hijos menores. Nuestro equipo de abogados de familia en Medellín revisa las circunstancias familiares, los antecedentes de custodia y patria potestad, la finalidad del viaje y las razones de la negativa para identificar el procedimiento que corresponde.

Una de las situaciones más frecuentes que puede dar lugar a esta consulta ocurre cuando los padres se encuentran separados y uno de ellos desea viajar al extranjero con sus hijos, pero el otro se niega a firmar el consentimiento.

Por ejemplo, una madre residente en Medellín tiene un hijo de ocho años y desea viajar con él a España durante las vacaciones escolares. La madre tiene la custodia del niño y se encarga habitualmente de su cuidado, pero el padre conserva la patria potestad y considera que el viaje podría prolongarse más allá de las fechas anunciadas. Aunque la madre cuente con pasajes de regreso, reservas de alojamiento y documentos de identificación, estos elementos no sustituyen automáticamente la autorización que legalmente debe otorgar el otro progenitor.

En ese supuesto, el abogado puede examinar las comunicaciones entre los padres, revisar las decisiones judiciales existentes y determinar si corresponde promover una solicitud judicial de permiso de salida del país. El propósito será presentar los hechos y las pruebas que permitan al juez valorar la conveniencia del desplazamiento para el menor.

Es importante aclarar que la autorización judicial no se concede simplemente porque uno de los padres tenga mejores condiciones económicas, pague los gastos del viaje o ejerza la custodia. La autoridad judicial debe examinar las circunstancias concretas, los derechos del niño y las razones de ambos progenitores.

El procedimiento se encuentra relacionado con el artículo 390 del Código General del Proceso, que incluye las controversias sobre la salida de hijos menores al exterior entre los asuntos que se tramitan mediante proceso verbal sumario. En consecuencia, cuando existe oposición, la controversia no se resuelve únicamente mediante una declaración juramentada presentada por el padre o la madre interesado, sino a través del procedimiento judicial correspondiente.

Sobre la necesidad de contratar abogado para este proceso, conviene hacer una precisión jurídica. El artículo 73 del Código General del Proceso establece como regla general la comparecencia mediante abogado, salvo las excepciones legales. No obstante, existen orientaciones institucionales diferentes sobre la exigencia de representación profesional en esta actuación específica: una guía del Ministerio de Justicia señala que el interesado puede acudir sin abogado, mientras que una orientación jurídica del ICBF indica que, para presentar la demanda judicial, debe contar con representación profesional. Por ello, antes de iniciar el proceso debe verificarse el derecho de postulación aplicable ante el juzgado competente, sin afirmar que todos los casos exigen necesariamente abogado ni que siempre puede prescindirse de él.

Desde el punto de vista práctico, cuando existe una controversia entre progenitores, la intervención de un abogado puede resultar especialmente importante para identificar las pretensiones, preparar los fundamentos jurídicos y evitar errores en la presentación de la solicitud.

Uno de los primeros aspectos que debe analizarse es la razón por la que el padre o la madre se niega a autorizar el viaje. No todas las negativas tienen el mismo significado jurídico. Un progenitor puede oponerse porque desconoce el lugar donde permanecerá su hijo, teme que no regrese a Colombia, considera que el desplazamiento interfiere con un régimen de visitas o mantiene un desacuerdo relacionado con el cambio de residencia.

Por ejemplo, si una madre pretende viajar durante quince días a Estados Unidos, pero el padre desconoce el itinerario y las fechas de regreso, puede existir una posibilidad de resolver el desacuerdo mediante el intercambio de información y la formalización de una autorización voluntaria.

La situación puede ser más compleja cuando la solicitud implica trasladar la residencia habitual del menor a otro país. En ese supuesto, el desplazamiento puede modificar sustancialmente las relaciones familiares y las condiciones de convivencia con el progenitor que permanece en Colombia.

Si un padre pretende establecerse definitivamente con su hija en Canadá, mientras la madre continúa residiendo en Medellín, será necesario analizar las condiciones del traslado, las posibilidades de mantener el contacto familiar, la situación educativa y los demás elementos relacionados con el bienestar de la menor.

El abogado deberá identificar los hechos jurídicamente relevantes para la solicitud, sin asumir que un viaje temporal y un traslado permanente requieren exactamente la misma justificación.

Otro aspecto importante es que no se exige agotar una conciliación previa como requisito obligatorio para presentar la demanda judicial de permiso de salida del país. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha aclarado expresamente este punto. Sin embargo, cuando existen condiciones para dialogar, los padres pueden intentar alcanzar un acuerdo voluntario antes de acudir al juez.

Por ejemplo, si el desacuerdo se debe a que uno de los progenitores teme perder contacto con su hijo durante las vacaciones, podría examinarse la posibilidad de acordar fechas, medios de comunicación y condiciones del viaje. Cuando ambas partes aceptan voluntariamente, la autorización deberá formalizarse conforme a las exigencias legales.

No obstante, la conciliación no debe utilizarse para presionar a una persona a aceptar condiciones contrarias a sus derechos ni sustituye la valoración judicial cuando el conflicto persiste. En situaciones que involucren violencia, amenazas u otros riesgos familiares, también deberá examinarse si resulta apropiado intentar un acuerdo.

Por otra parte, no todas las dificultades para obtener el permiso de salida del país constituyen una negativa del otro progenitor. Existen situaciones en las que el padre o la madre no puede comparecer personalmente porque reside en el extranjero, desconoce cómo otorgar la autorización o se encuentra temporalmente imposibilitado para acudir a una notaría colombiana.

Si el progenitor vive en Estados Unidos, España, México u otro país y está dispuesto a autorizar el viaje, puede ser posible realizar el procedimiento ante un consulado colombiano. Cuando no existe un consulado cercano, Migración Colombia contempla alternativas mediante documento otorgado ante notario extranjero y debidamente apostillado, con las formalidades correspondientes.

En estos casos, la contratación de representación judicial puede ser innecesaria, pues no existe una controversia que deba resolver el juez. Una asesoría jurídica puntual puede ser suficiente para determinar qué autorización debe prepararse y cómo utilizarla en Colombia.

La situación cambia cuando el progenitor está localizado, pero manifiesta expresamente que no permitirá el viaje. En ese escenario no basta con demostrar que vive fuera de Colombia. La distancia geográfica no elimina automáticamente los derechos que le corresponden ni autoriza al otro padre a sustituir su consentimiento mediante un documento unilateral.

También puede ocurrir que se desconozca el paradero del progenitor que debería autorizar la salida del país. Esta situación debe distinguirse de la negativa expresa, porque puede dar lugar a un procedimiento administrativo diferente.

El artículo 110 del Código de la Infancia y la Adolescencia contempla la intervención del defensor de familia del ICBF cuando el menor carece de representante legal, se desconoce su paradero o este no se encuentra en condiciones de otorgar la autorización, conforme a los requisitos legales.

Por ejemplo, una madre que vive en Bello, Antioquia, tiene una hija menor y desconoce desde hace varios años dónde reside el padre. No cuenta con una dirección actualizada ni dispone de un medio efectivo para localizarlo. Antes de iniciar una demanda judicial por negativa de autorización, es necesario examinar si se cumplen los supuestos que permiten acudir ante el defensor de familia.

La solicitud administrativa de permiso de salida del país ante el ICBF es gratuita y no exige contratar abogado particular, cuando corresponde a los casos de competencia de esa entidad. Sin embargo, puede recibirse asesoría profesional para identificar el procedimiento y preparar adecuadamente los documentos.

La diferencia entre estas vías es importante porque acudir ante una autoridad que no tiene competencia para resolver el problema puede ocasionar retrasos, especialmente cuando existe una fecha próxima de viaje.

Una de las dudas que también debe resolver el abogado es si tener la custodia exclusiva permite viajar al extranjero sin el consentimiento del otro progenitor. En Colombia, la custodia y la patria potestad son instituciones diferentes y producen consecuencias jurídicas distintas.

La custodia está relacionada con el cuidado personal y cotidiano del niño, niña o adolescente, mientras que la patria potestad comprende determinadas facultades y responsabilidades reconocidas legalmente a los padres. Por tanto, una sentencia que atribuye la custodia a la madre no significa necesariamente que el padre haya perdido sus facultades para intervenir en la autorización de viajes internacionales.

Migración Colombia señala expresamente que, cuando uno de los padres conserva la patria potestad y no acompaña al menor, debe presentarse su autorización, salvo que exista alguna excepción legal aplicable.

Por ejemplo, si una mujer tiene la custodia de su hijo mediante un acta de conciliación, pero el padre continúa ejerciendo la patria potestad, puede seguir siendo necesario obtener su consentimiento para viajar al extranjero. En cambio, cuando existe una sentencia judicial ejecutoriada que suspende o priva al progenitor de la patria potestad, deberá examinarse la excepción correspondiente y acreditar esa circunstancia mediante la decisión judicial.

Esta diferencia es fundamental, porque muchas familias consideran que la custodia constituye una autorización general para tomar cualquier decisión sobre el menor. En realidad, antes de iniciar un procedimiento debe revisarse el alcance de los documentos existentes y las facultades que conserva cada progenitor.

Otro supuesto que puede modificar la necesidad de obtener autorización está relacionado con los padres inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).

La Ley 2097 de 2021 contempla que no se requiere la autorización del progenitor inscrito en ese registro para la salida del país del menor, en los términos previstos por la legislación. Sin embargo, no debe confundirse esta consecuencia con el simple incumplimiento de una obligación alimentaria.

Que un padre lleve varios meses sin pagar la cuota alimentaria no significa, por sí solo, que la madre pueda viajar sin su autorización. Para aplicar la excepción debe verificarse la inscripción correspondiente y presentar el certificado exigido por Migración Colombia.

Por ello, cuando existe un conflicto relacionado tanto con alimentos como con la autorización de viaje, el abogado puede examinar si resulta aplicable esta excepción antes de recomendar la presentación de una demanda judicial.

La revisión de las pruebas es otra de las razones por las que puede resultar conveniente contratar un abogado para solicitar el permiso de salida del país. En un procedimiento judicial, no es suficiente afirmar que el otro progenitor actúa injustificadamente o que el viaje será beneficioso para el menor. Deben exponerse los hechos y aportarse los elementos que permitan valorar la solicitud.

Dependiendo de las circunstancias del caso, puede ser relevante presentar el registro civil de nacimiento del menor, las decisiones anteriores sobre custodia y patria potestad, las comunicaciones que acrediten la negativa del otro progenitor, los documentos relacionados con el viaje y la información necesaria para explicar su finalidad.

Por ejemplo, si el desplazamiento corresponde a unas vacaciones, pueden aportarse documentos relacionados con el destino, la duración y las condiciones previstas para el regreso. Si está relacionado con estudios, pueden resultar pertinentes los documentos expedidos por la institución educativa. Cuando se solicita un cambio de residencia, el análisis puede incluir información sobre vivienda, condiciones educativas y los vínculos familiares del menor.

También es importante distinguir entre una negativa injustificada y una oposición que plantea preocupaciones relevantes sobre el bienestar del niño. El juez no debe conceder la autorización únicamente porque el solicitante sea quien tiene la custodia o porque haya pagado los gastos del desplazamiento.

La autoridad debe examinar las circunstancias de ambos progenitores y adoptar una decisión que responda al interés superior del menor. Por esta razón, el abogado debe preparar el asunto considerando tanto los elementos favorables como las posibles objeciones que puedan presentarse durante el procedimiento.

Una dificultad adicional aparece cuando el viaje está próximo y el padre o la madre continúa negándose a firmar. En estas circunstancias, es importante solicitar orientación jurídica antes de asumir que la autorización puede obtenerse inmediatamente.

El procedimiento judicial puede requerir la presentación de una demanda, la notificación del otro progenitor, la oportunidad de ejercer contradicción, la práctica de pruebas y la decisión del juez competente.

Aunque se trate de unas vacaciones familiares o de un viaje que ya fue pagado, no existe una garantía de que la autorización judicial se conceda antes de la fecha prevista. Por ello, conviene informar al abogado desde la primera consulta cuál es el destino, cuándo se pretende viajar y qué gestiones se han realizado para obtener el consentimiento.

También es recomendable conservar las comunicaciones en las que se solicita la autorización y aquellas donde el otro progenitor expresa su posición. Estos documentos pueden contribuir a comprender el origen del desacuerdo y determinar qué actuaciones resultan pertinentes.

La contratación de un abogado tampoco significa que necesariamente deba iniciarse una demanda. Un servicio jurídico adecuado debe comenzar por identificar si existe una obligación de obtener autorización, si se presenta alguna excepción legal, si es viable una solución voluntaria o si efectivamente corresponde acudir ante un juez de familia.

Esta valoración puede evitar gastos y actuaciones innecesarias. Por ejemplo, si el padre reside en otro país y está dispuesto a firmar, puede bastar con organizar correctamente la autorización consular. Si se desconoce su paradero, debe examinarse la intervención del ICBF. Si existe una negativa expresa, deberá determinarse la procedencia de la vía judicial.

Para conocer los requisitos documentales generales, las autorizaciones notariales y las diferencias entre los procedimientos disponibles, puede consultar nuestra guía sobre permiso de salida del país en Colombia: requisitos, cuánto vale y cómo tramitarlo.

En Medellín, la representación jurídica también debe considerar las reglas de competencia de los jueces de familia. La ubicación de la oficina del abogado no determina automáticamente qué autoridad debe conocer la solicitud. Cuando corresponde acudir a la vía judicial, deben examinarse las reglas procesales aplicables, especialmente el domicilio del menor.

Esto es relevante para las familias residentes en municipios del Valle de Aburrá. Una persona que vive en Envigado, Sabaneta, Bello o Itagüí puede contratar asesoría jurídica en Medellín, aunque la autoridad competente para el procedimiento deba determinarse de acuerdo con las circunstancias del caso.

En nuestro despacho ofrecemos orientación presencial y por videollamada a quienes necesitan resolver conflictos familiares relacionados con autorizaciones de viaje. Para las personas que residen en el sur del área metropolitana, también se encuentran disponibles nuestros servicios de abogado de familia en Sabaneta.

Los honorarios profesionales dependerán del alcance de la representación contratada. Una consulta para revisar una autorización notarial no tiene el mismo costo ni exige las mismas actuaciones que un proceso judicial en el que existe oposición de uno de los padres.

Cuando es necesario acudir ante un juez de familia, el servicio puede comprender el estudio de los antecedentes, la preparación de la demanda, la organización del material probatorio, la radicación de los documentos y la representación durante las actuaciones correspondientes.

Por ello, es conveniente solicitar una propuesta de servicios que permita conocer qué actividades están incluidas, cuáles son los honorarios profesionales y qué gastos adicionales podrían generarse. También debe distinguirse la remuneración del abogado de los costos notariales o documentales que correspondan.

Ningún abogado puede garantizar que el juez concederá el permiso de salida del país, porque la decisión depende de las circunstancias jurídicas y familiares, de las pruebas y de la valoración realizada por la autoridad competente.

En Figueroa y Asociados Colombia ofrecemos asesoría jurídica para identificar el procedimiento adecuado cuando un padre o una madre necesita viajar al extranjero con su hijo y no consigue la autorización del otro progenitor.

Nuestro equipo de abogados de familia en Medellín puede revisar las decisiones relacionadas con custodia y patria potestad, los motivos del viaje, las comunicaciones entre los progenitores y los documentos disponibles para determinar si corresponde gestionar una autorización voluntaria, examinar la intervención del ICBF o promover una solicitud judicial.

La representación y las actuaciones reservadas al ejercicio profesional del derecho en Colombia son desarrolladas por abogados legalmente habilitados para ejercer en el país. También ofrecemos asesoría virtual para padres y madres que residen en otras ciudades o en el extranjero y necesitan conocer las alternativas jurídicas disponibles.

En conclusión, no todos los permisos de salida del país de menores requieren contratar un abogado particular, pero cuando existe oposición de uno de los progenitores y debe acudirse a un proceso judicial, la representación jurídica puede resultar especialmente importante. Además de verificar las exigencias de postulación aplicables, contar con un abogado permite estudiar los antecedentes familiares, preparar las pruebas, presentar adecuadamente la solicitud y recibir orientación durante el procedimiento.

La decisión de iniciar una demanda debe adoptarse después de comprobar que la autorización es legalmente necesaria, que no existe una excepción aplicable y que la controversia efectivamente requiere intervención judicial. El objetivo no debe ser iniciar un proceso por el simple hecho de existir un desacuerdo, sino identificar una solución jurídica que proteja los derechos del niño, niña o adolescente.

Si el padre o la madre de su hijo no autoriza el viaje y necesita asesoría de un abogado para permiso de salida del país de menores en Medellín, puede comunicarse con Figueroa y Asociados Colombia. Ofrecemos consultas presenciales mediante cita previa en Medellín y orientación jurídica virtual para personas que se encuentran en otros municipios de Antioquia o fuera de Colombia.

Comuníquese al WhatsApp +57 301 877 5583 o escriba a contacto@figueroayasociados.co para solicitar una valoración de su situación familiar, conocer las alternativas legales disponibles y determinar si necesita representación ante un juez de familia.

Si el padre de su hijo se niega a firmar el permiso de salida del país, un abogado de familia puede ayudarle a solicitar una autorización judicial para que el menor viaje al extranjero sin depender exclusivamente del consentimiento paterno. En Colombia, cuando existe una negativa expresa de uno de los progenitores y su autorización es legalmente necesaria, el conflicto puede resolverse mediante una demanda ante el juez de familia competente, quien deberá valorar las circunstancias del viaje y determinar si corresponde conceder el permiso, teniendo en cuenta el interés superior del niño, niña o adolescente.

En Figueroa y Asociados Colombia ofrecemos asesoría y representación jurídica a madres y padres que necesitan obtener un permiso de salida del país para sus hijos menores de edad en Medellín, especialmente cuando el otro progenitor se opone al desplazamiento, existen conflictos de custodia o el viaje está relacionado con estudios, vacaciones, reunificación familiar o un cambio de residencia al extranjero.

Nuestro equipo de abogados de familia en Medellín analiza las circunstancias particulares de cada familia para determinar si la autorización paterna continúa siendo exigible, si existe alguna excepción legal o si resulta necesario presentar una demanda judicial. Esta revisión es importante porque no todas las dificultades para obtener un permiso de viaje requieren el mismo procedimiento.

El fundamento jurídico se encuentra principalmente en el artículo 110 de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, que regula la salida del territorio colombiano de niños, niñas y adolescentes. Esta disposición establece que, cuando un menor residente en Colombia pretende viajar al extranjero con uno de sus padres, generalmente necesita la autorización del progenitor que no lo acompaña, debidamente autenticada ante notaría o autoridad consular, salvo las excepciones contempladas por la legislación.

Cuando existe desacuerdo entre los progenitores que deben autorizar el desplazamiento, la controversia corresponde al juez de familia. El propio Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) señala que, cuando uno de los padres no desea conceder el permiso, puede presentarse una demanda para que la autoridad judicial resuelva la controversia mediante sentencia.

 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF+1

Por ejemplo, una madre residente en Medellín tiene un hijo de nueve años y desea viajar con él a España durante las vacaciones escolares. La madre compró los pasajes, tiene previsto el alojamiento y cuenta con una fecha de regreso a Colombia. Sin embargo, el padre se niega a firmar la autorización porque mantiene desacuerdos personales con ella desde su separación.

En una situación como esta, la negativa del padre no significa necesariamente que el menor tenga prohibido viajar, pero tampoco permite que la madre prescinda unilateralmente de una autorización legalmente exigible. Lo que corresponde es examinar los antecedentes y determinar si existe una vía judicial para solicitar que el juez autorice el desplazamiento.

El abogado puede comenzar revisando las comunicaciones entre los progenitores, las razones de la oposición y los documentos que permitan acreditar las condiciones del viaje. Esta información resulta importante porque, ante una controversia, el problema jurídico no consiste únicamente en demostrar que el padre se negó a firmar, sino en explicar por qué la autorización solicitada resulta compatible con los derechos y el bienestar del menor.

Una de las primeras funciones del abogado es determinar si el consentimiento paterno es jurídicamente necesario. Aunque normalmente se exige la autorización del progenitor que no acompaña al menor, la legislación contempla determinadas excepciones. Por ejemplo, cuando existe una decisión judicial que suspende o priva al padre de la patria potestad, debe examinarse si esa circunstancia modifica la obligación de obtener su autorización.

También pueden existir situaciones particulares relacionadas con la residencia habitual del menor en el extranjero o con las consecuencias legales de la inscripción del progenitor en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). Estas circunstancias deben acreditarse y no pueden presumirse únicamente porque exista un conflicto familiar.

Por ello, antes de presentar una demanda, conviene que el abogado examine el registro civil de nacimiento del menor, las decisiones judiciales anteriores y los documentos que permitan conocer la situación jurídica de los progenitores. Iniciar un proceso judicial sin verificar previamente las excepciones aplicables podría ocasionar gastos y actuaciones innecesarias.

Una situación que genera muchas consultas es aquella en la que la madre tiene la custodia exclusiva del niño, pero el padre continúa negándose a autorizar el viaje. En Colombia, la custodia y la patria potestad son instituciones diferentes. La primera se relaciona con el cuidado personal y cotidiano del menor, mientras que la segunda comprende determinadas facultades y responsabilidades jurídicas reconocidas a los progenitores.

Por esta razón, tener la custodia de un hijo no significa automáticamente que pueda sacarlo de Colombia sin autorización del padre. Si este conserva la patria potestad y no existe una excepción legal, puede continuar siendo necesario su consentimiento o una decisión de la autoridad competente.

Por ejemplo, una madre tiene la custodia de su hija mediante un acta de conciliación celebrada después de su separación. Aunque la niña vive permanentemente con ella y el padre únicamente ejerce visitas periódicas, eso no significa que haya perdido todas las facultades que le corresponden como progenitor.

En estos casos, el abogado debe revisar el contenido del acuerdo de custodia y comprobar si existe una decisión judicial que modifique el ejercicio de la patria potestad. Si la autorización paterna sigue siendo necesaria y existe una negativa expresa, deberá estudiarse la procedencia de la solicitud judicial.

Otro aspecto importante es la preparación de la demanda de permiso judicial de salida del país. El artículo 390, numeral 3, del Código General del Proceso contempla las controversias relacionadas con la salida de hijos menores al exterior dentro de los asuntos que se tramitan mediante proceso verbal sumario.

En este procedimiento, el abogado puede encargarse de estudiar los hechos, formular las pretensiones, identificar al progenitor frente al cual existe la controversia, preparar las pruebas y presentar la demanda ante el juez de familia competente. También puede representar al solicitante durante las actuaciones procesales que correspondan.

 
Gestor Normativo

La demanda debe explicar las circunstancias del viaje y las razones por las que se solicita que la autoridad judicial conceda la autorización. No basta con afirmar que el padre actúa injustificadamente o que la madre tiene derecho a decidir por ser quien cuida habitualmente al menor.

El análisis jurídico debe centrarse en cómo el desplazamiento puede beneficiar o afectar al niño, niña o adolescente y en los elementos que permitan al juez adoptar una decisión fundamentada.

Por ejemplo, si el viaje se realizará durante las vacaciones escolares y existe una fecha determinada de regreso, puede ser pertinente explicar que el desplazamiento no implica necesariamente un cambio de residencia y que se han previsto condiciones adecuadas de alojamiento, cuidado y retorno.

En cambio, si la madre pretende trasladarse definitivamente con su hijo a otro país, la estrategia jurídica deberá examinar cuestiones adicionales relacionadas con su residencia, educación, estabilidad familiar y posibilidades de mantener una relación con el padre que permanecerá en Colombia.

La diferencia entre un viaje temporal y un traslado permanente puede ser decisiva para preparar la solicitud. No necesariamente se requieren los mismos argumentos ni los mismos elementos probatorios para justificar unas vacaciones de dos semanas que para solicitar una autorización relacionada con un proyecto de vida en el extranjero.

Otro servicio importante que puede prestar el abogado es organizar las pruebas que permitan demostrar las condiciones del viaje y la existencia del desacuerdo entre los padres. Dependiendo de las circunstancias, pueden resultar relevantes los mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, decisiones sobre custodia, documentos de viaje, información del lugar de destino y constancias relacionadas con estudios, tratamientos médicos o visitas familiares.

Por ejemplo, si una madre solicitó por escrito la autorización al padre y este respondió expresamente que no permitiría el viaje, esa comunicación puede contribuir a acreditar la existencia de la negativa. Sin embargo, su valor dentro del proceso dependerá de su autenticidad, contenido, contexto y relación con los hechos que deban probarse.

No es recomendable alterar mensajes, presentar conversaciones incompletas deliberadamente ni obtener documentos mediante mecanismos ilegales. Un abogado puede ayudar a identificar qué comunicaciones son pertinentes y cómo deben aportarse al procedimiento para que la autoridad judicial pueda valorarlas adecuadamente.

También es importante conocer las razones por las que el padre se opone al viaje. En algunos casos, el desacuerdo puede estar relacionado con conflictos personales posteriores a la separación; en otros, el progenitor puede tener preocupaciones relacionadas con el bienestar del menor, su seguridad o la posibilidad de que no regrese a Colombia.

Por esa razón, no toda negativa del padre debe considerarse automáticamente injustificada. Una función importante del abogado es distinguir entre las diferencias personales de los progenitores y las circunstancias que realmente pueden influir en la decisión judicial.

Por ejemplo, si el padre argumenta que la madre pretende trasladar al menor definitivamente al extranjero sin condiciones claras para mantener el contacto familiar, el juez deberá valorar esa oposición junto con las razones y pruebas presentadas por quien solicita el permiso.

En estas situaciones, el abogado puede ayudar a explicar las condiciones reales del desplazamiento, los planes previstos para el menor y las medidas que puedan permitir la continuidad de sus vínculos familiares, cuando resulten pertinentes.

La autorización judicial no debe entenderse como una sanción contra el padre que se niega a firmar, sino como una decisión relacionada con los derechos del niño, niña o adolescente. El objetivo del procedimiento es que una autoridad imparcial valore las circunstancias y determine si corresponde permitir el viaje.

Otro aspecto que puede analizarse es la posibilidad de obtener una autorización voluntaria antes de iniciar el proceso judicial. Aunque el padre haya manifestado inicialmente su negativa, en determinadas circunstancias puede existir disposición para llegar a un acuerdo después de conocer información adicional sobre el viaje.

Por ejemplo, si el padre desconoce el lugar donde permanecerá su hijo, la fecha de regreso o los medios disponibles para comunicarse con él, podría resultar útil proporcionar esa información e intentar resolver las preocupaciones que originaron el desacuerdo.

Sin embargo, la conciliación previa no es un requisito obligatorio para presentar una demanda judicial de permiso de salida del país de un menor. El ICBF ha aclarado que puede acudirse directamente al juez de familia cuando existe oposición, sin necesidad de agotar primero una audiencia de conciliación.

 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF

Esto significa que el abogado puede examinar si conviene intentar una solución voluntaria o si las circunstancias justifican promover directamente el procedimiento judicial. La decisión debe considerar los antecedentes familiares, la disposición de los progenitores y la necesidad de proteger los derechos del menor.

Cuando existen antecedentes de violencia familiar, amenazas u otras circunstancias que puedan comprometer la seguridad de la madre o del niño, también es importante valorar si resulta adecuado establecer contacto directo con el progenitor que se opone. No todas las controversias deben tratarse mediante los mismos mecanismos de negociación.

Si el padre vive en el extranjero y se niega a firmar el permiso de salida del país, el abogado también puede orientar sobre la vía judicial correspondiente. El hecho de que uno de los progenitores resida en Estados Unidos, España, México u otro país no significa que automáticamente haya perdido sus derechos o que su consentimiento deje de ser necesario.

Por ejemplo, una madre que vive en Medellín desea viajar con su hijo a Canadá, pero el padre reside en España y se niega expresamente a autorizar el desplazamiento. Si conserva la patria potestad y no se configura una excepción legal, será necesario analizar la controversia y determinar si corresponde solicitar la intervención del juez de familia competente.

El abogado puede revisar las circunstancias de residencia, los medios disponibles para notificar al otro progenitor y los documentos que se requieren para adelantar el procedimiento. Si el padre se encuentra localizado y está dispuesto a otorgar el consentimiento, en cambio, puede ser viable una autorización consular o un documento expedido en el exterior que cumpla las formalidades aplicables.

Por ello, no debe confundirse la negativa expresa del padre con su ausencia física del territorio colombiano. Ambas situaciones pueden requerir actuaciones diferentes.

Tampoco debe confundirse con el supuesto en que se desconoce el paradero del progenitor. El artículo 110 de la Ley 1098 de 2006 contempla la intervención del defensor de familia del ICBF cuando se cumplen determinadas circunstancias, como la falta de representante legal, el desconocimiento de su paradero o la imposibilidad de otorgar autorización.

Si el padre está localizado y se opone expresamente, la controversia corresponde generalmente al juez de familia. En cambio, cuando realmente se desconoce dónde se encuentra, debe examinarse si procede la intervención administrativa del ICBF.

Esta distinción es importante porque acudir ante una autoridad que no tiene competencia para resolver el caso puede generar retrasos y obligar a replantear las actuaciones realizadas.

El abogado también puede orientar cuando el padre que se niega a autorizar el viaje incumple sus obligaciones alimentarias. En Colombia, la Ley 2097 de 2021 contempla consecuencias relacionadas con la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), entre ellas la no exigencia de autorización del progenitor inscrito para la salida del país del menor, en los términos legales aplicables.

Sin embargo, no basta con afirmar que el padre lleva varios meses sin pagar alimentos. Debe verificarse si existe una inscripción formal y si se cumplen los requisitos necesarios para aplicar esa consecuencia.

Por ejemplo, si una madre tiene una cuota alimentaria establecida judicialmente y el padre ha dejado de pagarla, ello no significa automáticamente que pueda viajar con su hijo sin consentimiento. Será necesario determinar si existe una inscripción en el REDAM y revisar los documentos que correspondan.

Cuando la controversia involucra obligaciones alimentarias, también puede resultar conveniente examinar los procedimientos familiares correspondientes. En nuestro artículo sobre causales para disminuir la cuota alimentaria en Colombia explicamos las condiciones jurídicas para solicitar una modificación de una obligación alimentaria y la importancia de no alterar unilateralmente las decisiones vigentes.

Otra circunstancia relevante se presenta cuando el viaje está programado para una fecha próxima y el padre continúa negándose a firmar. En estos casos, el abogado puede revisar rápidamente los antecedentes disponibles, identificar qué documentos faltan y determinar si existe una vía legal que permita solicitar la autorización.

Sin embargo, es importante aclarar que contratar un abogado no garantiza que el juez conceda el permiso antes de la fecha prevista para viajar. Los procedimientos judiciales requieren cumplir las reglas correspondientes y permitir que la autoridad competente valore los hechos, las pruebas y los derechos de las personas involucradas.

Por ejemplo, una madre que tiene previsto viajar con su hijo dentro de diez días no debe asumir que podrá obtener una autorización judicial en ese periodo simplemente porque ya compró los pasajes. La duración dependerá de las actuaciones procesales, las notificaciones y las circunstancias del expediente.

Una asesoría jurídica previa puede ayudar a evitar gastos innecesarios, pero no permite omitir los requisitos legales ni garantizar una decisión favorable.

También debe considerarse que la autorización judicial no elimina automáticamente los demás requisitos migratorios. Cuando el juez concede el permiso, será necesario revisar el alcance de la decisión, las condiciones establecidas y los documentos que deben presentarse ante Migración Colombia.

Por ejemplo, una sentencia puede autorizar un viaje determinado o establecer condiciones relacionadas con el desplazamiento. Por ello, debe verificarse si el documento efectivamente corresponde al destino, la finalidad y las circunstancias del viaje que se pretende realizar.

No sería correcto interpretar cualquier autorización judicial como un permiso ilimitado para trasladar al menor a distintos países o modificar permanentemente su residencia. El alcance dependerá del contenido de la decisión.

El interés superior del niño, niña o adolescente debe orientar toda la estrategia jurídica. Esto implica que la solicitud no debe plantearse únicamente como una disputa entre la madre y el padre, sino como un asunto en el que deben examinarse los derechos, necesidades y circunstancias del menor.

De acuerdo con su edad y grado de madurez, la opinión del niño también puede resultar relevante dentro de los mecanismos previstos por la legislación. Ello no significa que la decisión dependa exclusivamente de su preferencia ni que los padres deban presionarlo para manifestarse a favor de alguno de ellos.

Un abogado de familia debe procurar que las pruebas y argumentos respondan a las necesidades reales del menor, evitando convertir el procedimiento en una prolongación de los conflictos personales entre los progenitores.

Para quienes residen en Medellín, Envigado, Sabaneta, Bello o Itagüí, es posible solicitar asesoría jurídica sobre estas controversias mediante un abogado de familia ubicado en Medellín. Sin embargo, la competencia del juez debe determinarse conforme a las reglas procesales aplicables, especialmente las relacionadas con el domicilio del niño, niña o adolescente.

En Figueroa y Asociados Colombia ofrecemos atención a familias de Medellín y municipios del Valle de Aburrá. También puede conocer nuestros servicios de abogado de familia en Sabaneta, donde atendemos consultas relacionadas con custodia, patria potestad, obligaciones alimentarias y otros conflictos que pueden influir en las decisiones familiares.

La asesoría también puede iniciarse mediante videollamada cuando el interesado se encuentra en otra ciudad de Colombia o en el extranjero. Durante la consulta es posible revisar los antecedentes, identificar los documentos disponibles y determinar si corresponde contratar representación judicial.

Los honorarios profesionales de un abogado para solicitar el permiso de salida del país dependerán del alcance del servicio contratado. Una valoración inicial para determinar si existe alguna excepción legal no tiene necesariamente el mismo costo que la preparación de una demanda judicial y la representación durante todo el procedimiento.

Por ello, antes de contratar es conveniente conocer qué actuaciones incluye la propuesta de servicios, si comprende la preparación de la demanda, el estudio de las pruebas, la representación en las actuaciones judiciales y el seguimiento de la decisión.

También debe tenerse presente que ningún abogado puede garantizar que el juez concederá el permiso. La decisión dependerá de los hechos, del material probatorio y de la valoración realizada por la autoridad judicial.

En Figueroa y Asociados Colombia ofrecemos asesoría jurídica para madres y padres que necesitan obtener una autorización de salida del país de sus hijos menores y enfrentan la negativa del otro progenitor.

Nuestro equipo de abogados de familia en Medellín puede estudiar las circunstancias familiares, revisar las comunicaciones relacionadas con la negativa, examinar las decisiones de custodia y patria potestad y determinar si corresponde promover una solicitud judicial.

Si desea comprender los requisitos generales de las autorizaciones notariales, judiciales y consulares, también puede consultar nuestra guía sobre permiso de salida del país en Colombia: requisitos, cuánto vale y cómo tramitarlo, donde explicamos las diferentes situaciones contempladas por la legislación colombiana.

En conclusión, un abogado puede ayudarle cuando el padre de su hijo se niega a firmar el permiso de salida del país mediante el análisis jurídico del caso, la revisión de las excepciones legales, la organización de las pruebas y la preparación de una solicitud judicial cuando corresponda. La negativa paterna no significa necesariamente que el viaje sea imposible, pero tampoco autoriza a desconocer las exigencias legales.

La finalidad de la representación jurídica debe ser identificar una alternativa legal que permita proteger los derechos del menor y obtener una decisión de la autoridad competente cuando los progenitores no logran llegar a un acuerdo.

Si el padre de su hijo no quiere firmar el permiso de salida del país y necesita asesoría de un abogado en Medellín, puede comunicarse con Figueroa y Asociados Colombia. Ofrecemos atención presencial mediante cita previa y asesoría virtual para personas que se encuentran en otros municipios de Antioquia o fuera del país.

Puede solicitar una valoración jurídica al WhatsApp +57 301 877 5583 para explicar las circunstancias del viaje, los antecedentes familiares y la negativa del otro progenitor, con el propósito de identificar el procedimiento que corresponde a su situación.

Para solicitar un permiso judicial de salida del país de un menor en Medellín, cuando el padre o la madre se niega a autorizar el viaje, es necesario acudir ante el juez de familia competente mediante una demanda en la que se expliquen los motivos del desplazamiento, las circunstancias familiares y las razones por las que se solicita sustituir judicialmente el consentimiento del progenitor que no autoriza. El juez deberá examinar las pruebas, escuchar a las partes y determinar si la salida del territorio colombiano resulta compatible con el interés superior del niño, niña o adolescente.

Este procedimiento está previsto en el artículo 110 de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, y se tramita conforme a las disposiciones del Código General del Proceso. Su finalidad no es desconocer los derechos de uno de los padres, sino permitir que una autoridad judicial resuelva el desacuerdo cuando no ha sido posible obtener voluntariamente la autorización necesaria.

En Figueroa y Asociados Colombia ofrecemos asesoría y representación jurídica a padres y madres que necesitan solicitar un permiso judicial de salida del país para sus hijos menores de edad en Medellín, especialmente cuando existe oposición del otro progenitor, conflictos relacionados con la custodia o dificultades para justificar un viaje por motivos familiares, educativos o de cambio de residencia.

Nuestro equipo de abogados de familia en Medellín analiza cada situación para determinar si corresponde iniciar un proceso judicial, revisar las decisiones existentes sobre patria potestad y preparar la documentación necesaria para sustentar la solicitud.

El primer paso para solicitar un permiso judicial de salida del país consiste en comprobar que realmente existe una controversia que debe resolver el juez de familia. No todos los casos requieren presentar una demanda. Cuando ambos progenitores están de acuerdo y conservan las facultades legales para autorizar el desplazamiento, normalmente pueden formalizar el permiso ante una notaría o autoridad consular, sin necesidad de iniciar un proceso judicial.

La situación cambia cuando el padre o la madre manifiesta expresamente que no permitirá el viaje y su autorización continúa siendo exigible. En estas circunstancias, el interesado puede acudir a la jurisdicción de familia para solicitar que la autoridad judicial decida sobre el permiso.

Por ejemplo, una madre que reside en Medellín tiene un hijo de diez años y desea viajar con él a España para visitar a sus familiares durante las vacaciones escolares. El padre conserva la patria potestad, pero se niega a firmar la autorización porque mantiene desacuerdos personales con la madre desde su separación. Aunque ella tenga la custodia del niño y disponga de pasajes de regreso, estos elementos no sustituyen automáticamente el permiso paterno.

En un supuesto de esta naturaleza, el abogado puede examinar los antecedentes, revisar las comunicaciones entre los padres y preparar la demanda para que un juez valore las condiciones del viaje. La negativa del progenitor no significa necesariamente que el menor tenga prohibido salir de Colombia, pero sí puede hacer indispensable obtener una autorización judicial antes del desplazamiento.

La competencia para conocer de estas controversias está establecida en el artículo 21, numeral 6, del Código General del Proceso, que atribuye a los jueces de familia, en única instancia, los asuntos relacionados con permisos de salida del país de menores cuando existe desacuerdo entre sus representantes legales o entre estos y quienes tienen su custodia y cuidado personal.

Además, el artículo 390, numeral 3, del mismo código establece que estas controversias se tramitan mediante el proceso verbal sumario. Esto significa que la solicitud debe cumplir las reglas procesales previstas para este tipo de asuntos y que la autorización no se obtiene simplemente mediante una carta dirigida al juzgado.

Un aspecto importante para las familias de Medellín es determinar ante qué juez debe presentarse la demanda de permiso de salida del país. El artículo 28 del Código General del Proceso establece una regla especial de competencia territorial para los asuntos que involucran derechos de niños, niñas y adolescentes: cuando el menor es parte del proceso, corresponde conocer al juez de su domicilio o residencia, conforme a las condiciones legales aplicables.

Por ejemplo, si una madre vive en Medellín y su hijo también reside habitualmente en esa ciudad, deberá examinarse la competencia de los juzgados de familia de Medellín. Sin embargo, si el menor reside en Sabaneta, Bello, Envigado o Itagüí, no debe suponerse que la demanda necesariamente puede presentarse ante cualquier juzgado de Medellín por el simple hecho de que el abogado tenga allí su oficina.

El domicilio o residencia del menor es un elemento fundamental para determinar la competencia judicial, por lo que conviene verificarlo antes de preparar y radicar la demanda. Esta revisión evita actuaciones ante autoridades que posteriormente podrían declararse incompetentes.

Una vez identificada la autoridad competente, debe prepararse la demanda judicial de permiso de salida del país del menor, en la que se expongan los hechos que originaron la controversia y se formulen las pretensiones correspondientes.

La demanda debe explicar quién solicita la autorización, cuál es su relación con el niño, niña o adolescente, quién es el progenitor que se opone al viaje y cuáles son las circunstancias que justifican la intervención judicial. También debe describirse el desplazamiento que se pretende realizar, incluyendo el país de destino, la finalidad, la duración prevista y las condiciones relevantes para el bienestar del menor.

No sería adecuado presentar una demanda genérica en la que únicamente se afirme que el padre no quiere firmar. La solicitud judicial debe permitir que el juez comprenda por qué se pretende realizar el viaje y cuáles son las circunstancias que justifican conceder la autorización, a pesar del desacuerdo existente.

Por ejemplo, cuando la finalidad es viajar durante las vacaciones escolares, puede resultar conveniente explicar las fechas previstas, el lugar donde permanecerá el menor, las condiciones de alojamiento y la forma en que se organizará su regreso a Colombia.

En cambio, si se solicita una autorización para trasladar la residencia habitual del menor a otro país, deberán examinarse circunstancias adicionales, como las condiciones de vivienda, educación, atención médica, estabilidad familiar y posibilidades de mantener contacto con el progenitor que permanecerá en Colombia.

Una demanda para viajar por vacaciones no necesariamente debe sustentarse de la misma manera que una solicitud para establecer residencia permanente en el extranjero. Ambas situaciones pueden tener consecuencias diferentes sobre las relaciones familiares y, por tanto, requieren valorar los hechos particulares.

Otro paso fundamental consiste en reunir los documentos y pruebas que permitan acreditar la situación familiar y las condiciones del viaje. Entre los documentos que pueden resultar pertinentes se encuentran el registro civil de nacimiento del menor, las decisiones judiciales relacionadas con custodia o patria potestad, las actas de conciliación existentes y las comunicaciones donde el otro progenitor manifiesta su negativa.

También pueden ser relevantes los documentos relacionados con la finalidad del desplazamiento, como información de alojamiento, reservas, invitaciones familiares, constancias académicas, soportes médicos o documentos que acrediten las condiciones previstas para la permanencia en el extranjero.

No todos los expedientes requieren exactamente las mismas pruebas. Por ejemplo, una solicitud para asistir a un tratamiento médico puede necesitar documentos diferentes de los que resultarían pertinentes para un viaje de vacaciones o una reunificación familiar.

Una de las funciones del abogado consiste precisamente en identificar cuáles hechos deben probarse y qué documentos pueden contribuir a demostrar la conveniencia del desplazamiento, evitando incorporar información innecesaria que no tenga relación directa con la controversia.

Por ejemplo, si la madre afirma que el padre se niega a autorizar el viaje, pueden resultar útiles las conversaciones de WhatsApp o los correos electrónicos en los que solicitó el consentimiento y recibió una respuesta negativa.

Sin embargo, estos elementos deben presentarse respetando las reglas procesales aplicables. No es recomendable modificar conversaciones, alterar fechas ni presentar documentos descontextualizados con el propósito de favorecer la solicitud. Su autenticidad, integridad y relación con los hechos pueden ser relevantes para su valoración judicial.

La negativa del padre o de la madre constituye un hecho importante, pero no determina por sí sola que el permiso será concedido. El juez también debe examinar si existen razones relacionadas con el bienestar del menor que justifiquen la oposición.

Por ejemplo, un progenitor podría negarse a autorizar el viaje porque desconoce el domicilio donde permanecerá su hijo, teme que no regrese a Colombia o considera que el desplazamiento podría afectar gravemente el contacto familiar.

Estas preocupaciones deben valorarse conforme a las circunstancias reales. No toda negativa constituye un acto arbitrario, pero tampoco cualquier oposición impide necesariamente que un juez conceda el permiso.

Por ello, el abogado debe preparar la solicitud teniendo en cuenta tanto los argumentos de quien desea viajar como los derechos del progenitor que no autoriza y, principalmente, el interés superior del niño, niña o adolescente.

Es importante conocer que no se exige agotar previamente una conciliación para presentar una demanda judicial de permiso de salida del país de un menor. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha aclarado que este procedimiento no requiere intentar una conciliación como condición obligatoria para acceder al juez de familia.

Esto no impide que los progenitores puedan intentar voluntariamente un acuerdo cuando las circunstancias lo permitan. Por ejemplo, si el padre inicialmente se opone porque desconoce las fechas del viaje, podría existir la posibilidad de proporcionar información adicional y formalizar posteriormente una autorización.

Sin embargo, cuando persiste la negativa, no es indispensable prolongar indefinidamente las negociaciones antes de acudir a la autoridad judicial.

Una vez presentada la demanda y cumplidos los requisitos procesales, el juzgado debe examinar su admisibilidad y dar trámite al procedimiento que corresponda. Esta etapa puede incluir requerimientos para corregir aspectos formales, completar información o aportar documentos necesarios.

Cuando la demanda es admitida, debe garantizarse la vinculación del progenitor frente al cual se plantea la controversia, mediante las actuaciones de notificación correspondientes.

La notificación constituye una garantía fundamental del debido proceso. El padre o la madre que se opone al viaje debe tener la oportunidad de conocer la solicitud, ejercer su defensa, presentar su posición y aportar los elementos probatorios que considere pertinentes.

Por ejemplo, si una madre solicita autorización judicial para trasladar a su hijo a Canadá, el padre podrá exponer las razones por las que considera que ese desplazamiento podría afectar la relación familiar o los derechos del menor.

El procedimiento judicial no está diseñado para conceder automáticamente la razón a quien presenta la demanda, sino para permitir que la autoridad competente examine el conflicto y adopte una decisión debidamente fundamentada.

Durante el proceso verbal sumario, el juez puede convocar a una audiencia para escuchar a las partes y practicar las pruebas pertinentes. También deberá considerar los derechos del niño, niña o adolescente y las circunstancias que puedan influir en su bienestar.

En determinadas situaciones, de acuerdo con su edad y grado de madurez, la opinión del menor puede ser relevante y debe ser considerada conforme a los mecanismos legales de participación y protección de sus derechos.

Esto no significa que el niño deba decidir por sí solo si sale del país ni que deba ser presionado por alguno de sus progenitores para favorecer una determinada posición. Su participación debe desarrollarse respetando su integridad y evitando convertirlo en instrumento de los conflictos familiares de los adultos.

En consecuencia, un proceso judicial de permiso de salida del país puede requerir examinar aspectos que van más allá de la existencia de un boleto de avión o de una carta de invitación.

Cuando el viaje pretende modificar permanentemente la residencia del menor, la valoración judicial puede resultar especialmente relevante. Por ejemplo, si una madre desea establecerse con su hijo en España porque obtuvo una oportunidad laboral, el juez podría tener que examinar cómo se garantizarán sus condiciones de vida y de qué forma se protegerán sus relaciones familiares.

Entre los elementos que pueden resultar pertinentes están las condiciones educativas y habitacionales previstas, los vínculos existentes en Colombia, las razones del traslado y las posibilidades de mantener comunicación o contacto con el otro progenitor.

La existencia de una oportunidad laboral o económica en otro país puede ser relevante, pero no significa que la autorización deba concederse automáticamente.

Del mismo modo, el hecho de que el padre permanezca en Colombia no implica necesariamente que cualquier traslado de residencia esté prohibido.

La decisión depende de las circunstancias concretas y de la valoración del interés superior del menor, no de una regla que favorezca automáticamente al padre o a la madre.

Una vez concluida la etapa procesal correspondiente, el juez de familia debe resolver mediante sentencia si concede o niega el permiso judicial de salida del país. La decisión debe responder a los hechos probados y a las condiciones jurídicas que resulten aplicables.

Si la autorización es concedida, es importante revisar cuidadosamente el contenido de la sentencia. El alcance del permiso dependerá de lo que haya decidido el juez, por lo que no debe suponerse que toda autorización permite realizar cualquier viaje internacional o trasladar permanentemente la residencia del menor.

Por ejemplo, si la sentencia autoriza un desplazamiento determinado para unas vacaciones, no sería adecuado interpretarla automáticamente como una autorización general para establecer residencia en el extranjero.

La autorización judicial debe utilizarse conforme a las condiciones establecidas en la decisión. Una vez concedida, deberá verificarse que se cuente con la copia correspondiente de la providencia y las constancias procesales que resulten necesarias para acreditar su validez y ejecutoria ante las autoridades competentes.

También debe recordarse que obtener una sentencia favorable no elimina los demás requisitos migratorios. El menor deberá contar con los documentos de viaje correspondientes y cumplir las condiciones exigidas por Migración Colombia y, cuando corresponda, por el país de destino.

Entre estos documentos pueden encontrarse el pasaporte o documento de viaje válido, las visas exigibles, el registro civil de nacimiento y la autorización judicial correspondiente.

Migración Colombia distingue expresamente los casos en que existe acuerdo entre los padres de aquellos en los que debe presentarse permiso otorgado por un juez de familia. Por ello, antes de viajar, es conveniente comprobar que la documentación corresponda a la situación jurídica del menor.

Otro aspecto importante es el tiempo que puede tardar un proceso judicial de permiso de salida del país en Medellín. No existe un plazo de pocos días que pueda garantizarse para todos los expedientes. La duración depende de la presentación de la demanda, su admisión, las notificaciones, las pruebas, la agenda judicial y las circunstancias de la controversia.

Por esta razón, si existe una fecha próxima de viaje, conviene buscar asesoría jurídica antes de comprar pasajes no reembolsables o asumir compromisos económicos importantes.

Por ejemplo, una madre que tiene previsto viajar dentro de dos semanas y todavía no cuenta con la autorización paterna debe conocer que iniciar una demanda judicial no garantiza obtener una sentencia antes de su salida.

Aunque existan razones urgentes para viajar, deberán examinarse las alternativas legales disponibles y las posibilidades procesales del caso, sin prometer resultados que dependen de la autoridad judicial.

La contratación de un abogado tampoco garantiza que el juez concederá el permiso, ya que la decisión corresponde exclusivamente a la autoridad competente, conforme a los hechos y las pruebas presentadas.

En determinados casos, también puede ser necesario examinar si realmente corresponde acudir a un juez de familia o si existe una excepción legal que permite viajar sin obtener el consentimiento del otro progenitor.

Por ejemplo, cuando existe una sentencia que suspende o priva al padre o la madre de la patria potestad, debe revisarse si resulta aplicable la excepción prevista en el artículo 110 del Código de la Infancia y la Adolescencia.

También pueden existir circunstancias relacionadas con la inscripción del progenitor en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), conforme a las disposiciones de la Ley 2097 de 2021.

Sin embargo, no debe confundirse el incumplimiento de una cuota alimentaria con la inscripción formal en el REDAM. Para determinar si puede aplicarse esta excepción es necesario verificar los requisitos legales y la documentación correspondiente.

Otra situación diferente se presenta cuando se desconoce el paradero del padre o la madre. El artículo 110 de la Ley 1098 de 2006 contempla la intervención del defensor de familia del ICBF en determinados supuestos, como cuando el menor carece de representante legal, se desconoce su paradero o este no se encuentra en condiciones de otorgar autorización.

Por ello, antes de presentar una demanda judicial por negativa de consentimiento, es importante distinguir entre un progenitor que está localizado y se opone expresamente al viaje y otro cuyo paradero realmente se desconoce.

El primero generalmente da lugar a una controversia que corresponde al juez de familia; el segundo puede justificar el examen de una vía administrativa ante el ICBF, si se cumplen las condiciones legales.

La elección incorrecta del procedimiento puede ocasionar retrasos y gastos innecesarios, por lo que una valoración jurídica previa resulta especialmente importante cuando existe una fecha de viaje.

Para conocer los requisitos generales de las autorizaciones notariales, consulares y judiciales, puede consultar nuestra guía sobre permiso de salida del país en Colombia: requisitos, cuánto vale y cómo tramitarlo, donde explicamos las diferencias entre las vías disponibles y los documentos que pueden requerirse.

En cuanto a la representación profesional, un abogado de familia puede intervenir desde la revisión de los antecedentes hasta la preparación de la demanda y el acompañamiento durante el proceso judicial. El alcance concreto dependerá de los servicios contratados y de las necesidades del caso.

Antes de iniciar el procedimiento, resulta conveniente revisar la documentación familiar, verificar las decisiones sobre custodia y patria potestad, identificar los medios de contacto del progenitor que se opone y examinar las circunstancias del desplazamiento.

Cuando se requiere representación judicial, también debe establecerse con claridad qué actuaciones estarán comprendidas en los honorarios profesionales, incluyendo el estudio del caso, la preparación de escritos, la radicación de la demanda y la intervención en las etapas procesales correspondientes.

En Figueroa y Asociados Colombia ofrecemos asesoría jurídica para padres y madres que necesitan solicitar un permiso judicial de salida del país de sus hijos menores de edad. Nuestro equipo de abogados de familia en Medellín puede revisar los antecedentes familiares, identificar la autoridad competente y estudiar las pruebas relacionadas con la negativa del otro progenitor.

También atendemos consultas de personas residentes en Envigado, Bello, Itagüí y Sabaneta. Quienes se encuentran en el sur del Valle de Aburrá pueden conocer nuestros servicios de abogado de familia en Sabaneta, con posibilidad de recibir orientación sobre conflictos familiares y procedimientos judiciales relacionados con hijos menores de edad.

Para personas que se encuentran fuera de Medellín o en el extranjero, ofrecemos asesoría por videollamada. Esta modalidad permite realizar una primera revisión de documentos y conocer las alternativas legales disponibles, aunque las actuaciones judiciales que requieran representación deben desarrollarse conforme a las reglas procesales colombianas.

En conclusión, solicitar un permiso judicial de salida del país de un menor ante un juez de familia en Medellín implica determinar la competencia judicial, preparar una demanda, aportar las pruebas que permitan explicar el viaje y participar en un procedimiento donde también debe garantizarse el derecho de defensa del progenitor que se opone. La decisión final corresponde al juez y debe estar orientada por el interés superior del niño, niña o adolescente.

La finalidad del procedimiento no consiste en imponer la voluntad de un padre sobre el otro, sino en obtener una decisión judicial cuando existe un desacuerdo que impide realizar legalmente el desplazamiento.

Si necesita solicitar un permiso judicial de salida del país de un menor en Medellín porque el padre o la madre no autoriza el viaje, puede comunicarse con Figueroa y Asociados Colombia. Nuestro equipo jurídico puede revisar las circunstancias de su caso, examinar los documentos disponibles y orientarlo sobre las actuaciones judiciales que podrían corresponder.

Ofrecemos atención presencial mediante cita previa en Medellín y asesoría jurídica virtual para personas que residen en otros municipios de Antioquia o fuera de Colombia. Puede solicitar una valoración jurídica al WhatsApp +57 301 877 5583 o escribir a contacto@figueroayasociados.co

Para solicitar judicialmente el permiso de salida del país de un menor en Medellín, cuando el padre o la madre se niega a autorizar el viaje, es necesario reunir documentos que acrediten la identidad del niño, su relación con los progenitores, las circunstancias familiares y los motivos del desplazamiento internacional. Además, deben aportarse pruebas que permitan demostrar la existencia del desacuerdo y explicar por qué la autorización solicitada resulta compatible con el interés superior del niño, niña o adolescente.

El registro civil de nacimiento del menor y las pruebas de los hechos que fundamentan la solicitud son documentos esenciales. Sin embargo, no existe una lista universal de tiquetes, certificados, fotografías o documentos económicos que deba presentarse obligatoriamente en todos los procesos. Las pruebas concretas dependerán de la finalidad del viaje, las razones de la oposición y las condiciones familiares que deba examinar el juez.

El Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia señala que la demanda judicial debe explicar los hechos que justifican la petición, indicar el tiempo de permanencia del menor en el extranjero y acompañarse del registro civil de nacimiento y las pruebas correspondientes.

En Figueroa y Asociados Colombia ofrecemos asesoría y representación jurídica para padres y madres que necesitan obtener una autorización judicial de viaje para sus hijos. Nuestro equipo de abogados de familia en Medellín revisa los antecedentes, identifica los documentos necesarios y estudia qué pruebas pueden resultar pertinentes antes de presentar una demanda.

El primer documento que debe revisar el abogado es el registro civil de nacimiento del menor. Este permite acreditar su identidad, su filiación y la relación jurídica con sus progenitores. Es importante que sea legible y que sus datos coincidan con los documentos de identificación y de viaje.

La filiación es especialmente relevante porque permite establecer quiénes son los padres legalmente reconocidos y, junto con las decisiones judiciales aplicables, determinar quién debe intervenir en la autorización.

Por ejemplo, si una madre residente en Medellín solicita permiso judicial para viajar con su hija a España, el registro civil permite acreditar el vínculo materno y la filiación paterna. A partir de esa información, el abogado puede examinar si el padre conserva la patria potestad y si su autorización continúa siendo exigible.

No es suficiente afirmar que una persona ha ejercido las funciones de padre o madre durante varios años. La filiación y las facultades legales de los progenitores deben determinarse a partir de la documentación y las decisiones correspondientes.

Otro documento importante es la identificación del padre o la madre que solicita el permiso. Para preparar adecuadamente la demanda, conviene contar con una copia legible de su cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o documento de identificación aplicable.

También será necesario disponer de la información del menor y, en la medida en que se conozca, de los datos de identificación y contacto del progenitor que se opone al viaje.

Esto incluye el nombre completo, domicilio, dirección de notificaciones, correo electrónico y otros datos que permitan identificar correctamente a las personas involucradas en el procedimiento.

La información del padre o la madre demandado es importante para garantizar su derecho de defensa. No se trata únicamente de proporcionar un número telefónico: la demanda debe permitir realizar las actuaciones de notificación conforme a las reglas procesales aplicables.

Cuando el progenitor reside en otro municipio o en el extranjero, es recomendable comunicarlo desde la primera consulta. La existencia de un domicilio fuera de Colombia puede influir en la forma en que deban adelantarse determinadas actuaciones de notificación.

Uno de los elementos probatorios más importantes es la evidencia de que el otro progenitor se niega a firmar el permiso de salida del país.

Por ejemplo, una madre solicita al padre autorización para viajar con su hijo durante las vacaciones escolares. Le informa el destino, las fechas y las condiciones previstas. El padre responde por WhatsApp que no autorizará el desplazamiento.

En esta situación, los mensajes pueden contribuir a demostrar que existe una negativa expresa y que los progenitores no han conseguido llegar a un acuerdo.

Sin embargo, no es obligatorio que toda negativa esté documentada mediante WhatsApp. El desacuerdo también puede acreditarse mediante otros medios de prueba legalmente admisibles, dependiendo de cómo se desarrollaron los hechos.

Pueden resultar relevantes los correos electrónicos intercambiados entre los padres, las comunicaciones escritas, los documentos relacionados con intentos de acuerdo y, cuando sean pertinentes, las declaraciones de personas que tengan conocimiento directo de los hechos.

Lo importante es que las pruebas permitan reconstruir con claridad qué autorización se solicitó, qué información recibió el progenitor y cuál fue su respuesta.

Por ejemplo, no tiene el mismo significado un mensaje en el que el padre afirma expresamente que se opone al viaje que una conversación en la que únicamente solicita conocer el destino o las fechas. El abogado debe analizar el contexto completo antes de concluir que existe una negativa definitiva.

Es recomendable conservar las conversaciones originales y no limitarse a presentar capturas aisladas. Cuando una comunicación electrónica resulta relevante, puede ser necesario acreditar su procedencia, integridad, fecha y contexto.

No deben modificarse los mensajes, alterar sus fechas ni seleccionar fragmentos de manera que cambien el sentido de la conversación. Una prueba presentada de forma incompleta o manipulada puede generar controversias sobre su autenticidad y credibilidad.

También debe distinguirse entre un progenitor que se niega expresamente a otorgar el consentimiento y otro cuyo paradero realmente se desconoce. Son situaciones jurídicas diferentes y no necesariamente corresponden al mismo procedimiento.

Si el padre está localizado y manifiesta que no autorizará el desplazamiento, puede corresponder presentar una demanda judicial. En cambio, si se desconoce su paradero, debe analizarse si procede la intervención del defensor de familia del ICBF, conforme al artículo 110 de la Ley 1098 de 2006.

Esta diferencia puede modificar tanto los documentos necesarios como la autoridad que debe conocer la solicitud.

Otro grupo de documentos que debe revisar el abogado son las sentencias y acuerdos relacionados con la custodia, el cuidado personal y la patria potestad.

Por ejemplo, si después de una separación se celebró una conciliación para establecer que el hijo viviría con su madre, es conveniente aportar ese documento para conocer cuáles son las condiciones familiares vigentes.

También pueden resultar relevantes las sentencias judiciales relacionadas con la custodia, las decisiones sobre patria potestad y las resoluciones que regulen el régimen de visitas o el contacto con el otro progenitor.

La importancia de estos documentos radica en que tener la custodia exclusiva de un menor no significa necesariamente que el otro padre haya perdido la patria potestad.

Migración Colombia distingue expresamente ambas instituciones y señala que la custodia no elimina, por sí sola, la obligación de obtener la autorización del progenitor que conserva las facultades legales correspondientes.

Por ejemplo, una madre puede tener la custodia exclusiva de su hijo mediante sentencia judicial y, aun así, necesitar autorización del padre para un viaje internacional si este conserva la patria potestad.

En cambio, cuando existe una sentencia ejecutoriada que suspende o priva al progenitor de la patria potestad, debe examinarse si resulta aplicable alguna de las excepciones legales a la autorización de viaje.

Por ello, antes de elaborar la demanda es importante revisar el contenido exacto de las decisiones judiciales anteriores. No basta con informar verbalmente al abogado que el padre perdió sus derechos o que no participa en la crianza del menor.

También conviene revisar si existen medidas judiciales que puedan afectar el desplazamiento internacional, como restricciones de salida, decisiones de protección u otras órdenes relacionadas con el niño, niña o adolescente.

La existencia de una decisión de esta naturaleza puede ser especialmente importante para determinar si la solicitud es procedente y qué aspectos debe examinar el juez.

La documentación sobre la finalidad del viaje constituye otro elemento fundamental. No es suficiente explicar que el menor desea salir de Colombia; la solicitud debe permitir identificar para qué viajará, dónde permanecerá y durante cuánto tiempo.

Por ejemplo, si el desplazamiento corresponde a unas vacaciones, pueden resultar útiles las reservas de alojamiento, los itinerarios previstos, las fechas de salida y regreso y los documentos que permitan explicar las condiciones del viaje.

Esto no significa que sea obligatorio comprar los pasajes de avión antes de presentar la demanda. En determinados casos, adquirir tiquetes no reembolsables antes de obtener la autorización puede representar un riesgo económico para la familia.

El abogado puede examinar qué documentos permiten acreditar la planificación del viaje sin comprometer innecesariamente recursos económicos.

Si la madre desea viajar con su hijo durante quince días a Estados Unidos, por ejemplo, puede ser pertinente presentar información sobre el lugar donde se alojarán, la duración prevista del viaje y las actividades que realizarán.

Cuando existe una fecha determinada de regreso, también puede ser conveniente explicarla y aportar los soportes disponibles.

Si el viaje tiene fines educativos, las pruebas pueden ser diferentes. Por ejemplo, una adolescente residente en Medellín ha sido admitida en un programa académico en otro país, pero su padre se niega a autorizar el desplazamiento.

En esa situación, pueden resultar relevantes la comunicación de admisión, las fechas del programa, las condiciones de alojamiento, la información de la institución educativa y los documentos que permitan acreditar la finalidad académica.

También puede ser importante explicar cómo se atenderán las necesidades de la adolescente durante su permanencia fuera de Colombia.

No obstante, debe evitarse presentar como requisitos obligatorios documentos que no corresponden al caso. Un viaje de vacaciones, una competencia deportiva y un desplazamiento para iniciar estudios en el extranjero tienen finalidades diferentes y pueden requerir pruebas distintas.

Una situación de mayor complejidad puede presentarse cuando la solicitud está relacionada con un cambio de residencia permanente al extranjero.

Por ejemplo, una madre residente en Medellín obtiene una oportunidad laboral en Canadá y desea establecerse allí con su hijo menor de edad. Sin embargo, el padre del niño se opone porque considera que el traslado afectaría su relación familiar.

En este caso, la demanda no debería limitarse a presentar un contrato laboral de la madre o demostrar que sus ingresos serían superiores.

También puede ser necesario estudiar dónde vivirá el menor, cuáles serán sus condiciones educativas, qué servicios de salud tendrá disponibles, qué vínculos familiares conservará en Colombia y cómo se organizará la relación con el progenitor que permanecerá en el país.

Estos elementos son importantes porque el juez debe valorar el desplazamiento desde la perspectiva de los derechos y necesidades del menor, no exclusivamente desde los intereses personales o económicos de sus padres.

Entre las pruebas que podrían resultar pertinentes están los documentos relacionados con la vivienda prevista, la oferta o contrato de trabajo, la admisión escolar, la situación migratoria y las condiciones de permanencia en el país de destino.

También puede examinarse qué mecanismos se proponen para mantener el contacto con el otro progenitor, cuando ello sea jurídicamente pertinente y compatible con las circunstancias de protección del menor.

Por ejemplo, si el padre mantiene una relación cercana con su hijo y ejerce regularmente un régimen de visitas, el proyecto de traslado puede plantear preguntas sobre la continuidad de ese vínculo.

El abogado debe identificar cómo abordar estas circunstancias en la solicitud, sin prometer que una determinada propuesta de comunicación o visitas será suficiente para obtener la autorización.

Los documentos económicos pueden ser relevantes, pero no siempre son indispensables ni determinan por sí solos el resultado.

En algunos casos puede resultar útil acreditar quién financiará el viaje y cómo se atenderán las necesidades del menor durante su estancia en el extranjero. Sin embargo, el proceso judicial no consiste en demostrar que uno de los padres tiene más recursos que el otro.

El hecho de que la madre tenga mayores ingresos no significa automáticamente que deba concederse el permiso. De igual manera, una situación económica limitada no determina por sí sola que el desplazamiento sea contrario al bienestar del niño.

El análisis debe considerar el conjunto de circunstancias familiares, sociales y personales relacionadas con el viaje.

También pueden resultar importantes las pruebas sobre las relaciones familiares del menor y su situación cotidiana.

Por ejemplo, si se pretende un traslado de residencia, podrían examinarse documentos escolares, constancias médicas u otros elementos que permitan comprender las condiciones actuales del niño y las que tendría en el país de destino.

En determinados casos, pueden ser pertinentes las declaraciones de personas que conozcan directamente las circunstancias del menor, sus necesidades o los hechos relacionados con el conflicto familiar.

Sin embargo, no es recomendable presentar testigos únicamente para que expresen opiniones generales sobre cuál de los padres es mejor. La prueba testimonial debe referirse a hechos concretos y pertinentes para la controversia.

Cuando existen antecedentes de violencia familiar, amenazas o situaciones que puedan afectar la seguridad del menor, también será necesario valorar cuidadosamente la documentación disponible y su relación con el desplazamiento solicitado.

Por ejemplo, si existe una medida de protección vigente o una decisión judicial relacionada con violencia intrafamiliar, el abogado debe examinar su contenido y determinar si tiene relevancia para la autorización de viaje.

Las acusaciones entre progenitores no deben utilizarse como sustituto de pruebas relacionadas con el bienestar del menor. Cada afirmación debe analizarse conforme a su importancia jurídica y al material probatorio disponible.

Otro elemento que puede adquirir relevancia es la opinión del niño, niña o adolescente.

La legislación colombiana reconoce su derecho a ser escuchado en las actuaciones que puedan afectar sus derechos, teniendo en cuenta su edad, madurez y las circunstancias del caso.

Por ejemplo, una adolescente de quince años que desea participar en un programa académico en el extranjero puede tener una opinión propia sobre el viaje y sus consecuencias.

Sin embargo, no corresponde a los padres preparar declaraciones para que el menor repita una versión determinada ni presionarlo para que manifieste su preferencia por alguno de ellos.

El abogado debe identificar cómo puede garantizarse su participación mediante los mecanismos procesales adecuados, evitando exponerlo innecesariamente al conflicto entre los adultos.

No existe una obligación general de presentar una declaración escrita del menor para obtener la autorización judicial. Su intervención dependerá de las circunstancias y de las decisiones de la autoridad competente.

Cuando se presentan documentos expedidos en el extranjero, también es necesario verificar su autenticidad y las formalidades exigidas para que puedan utilizarse válidamente en Colombia.

Por ejemplo, si una madre desea trasladarse con su hijo a España y pretende aportar un documento oficial expedido por una autoridad extranjera, puede ser necesario revisar si requiere apostilla o legalización y traducción, según su naturaleza y las reglas aplicables.

La apostilla no convierte automáticamente cualquier documento privado en prueba suficiente ni garantiza que será valorado favorablemente por el juez. Su finalidad es acreditar la autenticidad formal de determinados documentos públicos para su utilización internacional, conforme a las reglas correspondientes.

Por ello, cuando se pretende utilizar documentación extranjera, conviene que el abogado revise el tipo de documento, la autoridad que lo expidió, su contenido y los requisitos procesales aplicables.

La prueba de la negativa del padre también debe analizarse de manera diferente cuando el progenitor vive fuera de Colombia.

Por ejemplo, un padre que reside en Estados Unidos puede haber manifestado mediante correo electrónico que no autorizará el viaje de su hijo desde Medellín a España.

En ese caso, el abogado puede estudiar la comunicación, verificar la información de contacto del progenitor y determinar cómo debe plantearse la controversia judicial.

La residencia del padre en el extranjero no significa que haya perdido automáticamente la patria potestad ni que pueda prescindirse de su consentimiento.

Si está dispuesto a autorizar el viaje, puede resultar viable una autorización ante el consulado colombiano o mediante un documento otorgado ante autoridad extranjera que cumpla las formalidades exigidas.

La diferencia entre un padre que no puede comparecer personalmente y uno que se niega expresamente a autorizar es fundamental, porque puede determinar si realmente se necesita una demanda judicial.

Otra cuestión que debe examinarse es si existe alguna excepción legal que haga innecesaria la autorización del progenitor.

Por ejemplo, la legislación colombiana contempla consecuencias relacionadas con la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). En los supuestos legalmente previstos, la inscripción puede modificar la exigencia de consentimiento para la salida del país del menor.

Sin embargo, no basta con afirmar que el padre no ha pagado la cuota alimentaria durante varios meses.

El abogado deberá verificar si existe una inscripción vigente y si se dispone de la documentación necesaria para acreditar la excepción ante las autoridades competentes.

Si no existe inscripción, el simple incumplimiento alimentario no permite concluir que pueda omitirse automáticamente la autorización paterna.

En ocasiones, las dificultades para obtener el permiso de salida se presentan junto con controversias alimentarias o solicitudes de modificación de las obligaciones familiares. Estos asuntos tienen procedimientos distintos. Puede consultar nuestro artículo sobre las causales para disminuir la cuota alimentaria en Colombia para comprender por qué las obligaciones alimentarias no pueden modificarse unilateralmente.

Además de reunir las pruebas, es necesario preparar correctamente la demanda judicial.

El artículo 390 del Código General del Proceso contempla que las controversias sobre la salida de hijos menores al exterior se tramitan mediante proceso verbal sumario.

La demanda debe cumplir los requisitos procesales aplicables, identificar a las partes, exponer los hechos, formular las pretensiones y señalar las pruebas que se pretende hacer valer. También deben aportarse los anexos exigibles y la información necesaria para las actuaciones de notificación.

El abogado debe verificar qué autoridad tiene competencia para conocer de la controversia, teniendo en cuenta las reglas procesales y el domicilio o residencia del menor.

Por ejemplo, si el niño vive habitualmente en Medellín, puede corresponder acudir ante los juzgados de familia competentes de esa ciudad. En cambio, si reside en Sabaneta, Envigado o Bello, debe examinarse la competencia territorial que resulte aplicable.

Esta revisión es importante porque la ubicación del despacho jurídico no determina automáticamente qué juez debe conocer la solicitud.

Cuando la representación judicial se realiza mediante apoderado, también deberá prepararse el poder correspondiente, conforme a las normas procesales aplicables.

La estrategia probatoria debe adaptarse a lo que realmente se solicita. Por ejemplo, una demanda para autorizar un viaje turístico puede concentrarse en demostrar la finalidad, duración y condiciones del desplazamiento, junto con los hechos relacionados con la negativa del progenitor.

En cambio, una demanda para trasladar permanentemente a un menor a otro país puede exigir un análisis más profundo de las consecuencias familiares del cambio de residencia.

No sería recomendable utilizar una misma demanda genérica para situaciones completamente diferentes, cambiando únicamente el nombre del menor y el país de destino.

Cada asunto requiere identificar qué hechos son relevantes y qué pruebas permiten acreditarlos.

Un aspecto que debe considerarse es que no siempre será conveniente presentar toda la información disponible desde el inicio sin una revisión jurídica previa.

Por ejemplo, una madre puede tener cientos de mensajes intercambiados con el padre durante varios años de conflicto. Sin embargo, no todas esas conversaciones serán necesariamente pertinentes para demostrar la negativa de autorización o las condiciones del viaje.

El abogado puede identificar cuáles comunicaciones guardan relación directa con las pretensiones, cuáles necesitan contextualizarse y cuáles podrían resultar irrelevantes.

Esta selección no significa ocultar información adversa ni alterar la prueba, sino presentar los hechos y documentos de forma ordenada, íntegra y jurídicamente pertinente.

También debe evaluarse la confidencialidad de los documentos que contienen información personal del menor. Los registros escolares, documentos médicos y demás datos sensibles deben utilizarse únicamente cuando resulten pertinentes y mediante los mecanismos adecuados para proteger su privacidad.

No es necesario llegar a la primera consulta con todos los documentos reunidos. De hecho, una de las funciones de la asesoría jurídica consiste en determinar qué documentos existen, cuáles faltan y cómo pueden obtenerse legalmente.

Por ejemplo, si una madre únicamente dispone del registro civil de nacimiento de su hijo, algunos mensajes del padre y la información del viaje, puede solicitar una consulta inicial para conocer qué otros documentos serían convenientes.

Durante esa revisión, el abogado puede identificar si existe una sentencia de custodia que deba conseguirse, si faltan datos de contacto del otro progenitor o si es necesario obtener información adicional sobre las condiciones de permanencia en el extranjero.

Esto es especialmente relevante cuando el viaje se encuentra próximo y la familia necesita conocer qué actuaciones pueden realizarse antes de comprometer nuevos gastos.

La compra anticipada de pasajes no garantiza que se conceda el permiso judicial, ni sustituye la necesidad de acreditar las circunstancias que justifican el desplazamiento.

El juez deberá examinar el caso conforme a las pruebas disponibles y el interés superior del niño, niña o adolescente.

La decisión también dependerá de las objeciones del progenitor que se opone y de las circunstancias que resulten acreditadas durante el proceso.

Una demanda bien documentada no garantiza una sentencia favorable, pero permite presentar los hechos de manera clara y facilitar que la autoridad judicial cuente con información relevante para resolver la controversia.

En Figueroa y Asociados Colombia ofrecemos asesoría para identificar los documentos y pruebas necesarios cuando una madre o un padre necesita solicitar judicialmente el permiso de salida del país de su hijo.

Nuestro equipo de abogados de familia en Medellín puede revisar los registros civiles, las decisiones de custodia y patria potestad, las comunicaciones relacionadas con la negativa y la documentación del viaje, con el propósito de determinar las actuaciones que podrían resultar procedentes.

También atendemos consultas de personas residentes en Envigado, Bello, Itagüí y Sabaneta. Para quienes se encuentran en el sur del Valle de Aburrá, disponemos de servicios de abogado de familia en Sabaneta, con orientación sobre conflictos familiares relacionados con hijos menores de edad.

Si el padre o la madre que solicita asesoría vive fuera de Colombia, puede iniciar la revisión de los documentos por videollamada. Cuando posteriormente se requiera representación judicial, las actuaciones correspondientes deberán desarrollarse conforme a las reglas procesales colombianas y por profesionales legalmente habilitados.

Las familias que desean conocer los requisitos generales de las autorizaciones notariales, consulares y administrativas también pueden consultar nuestra guía sobre permiso de salida del país en Colombia: requisitos, cuánto vale y cómo tramitarlo.

En conclusión, los documentos fundamentales para solicitar judicialmente un permiso de salida del país de un menor son aquellos que permiten acreditar su identidad y filiación, la existencia del desacuerdo entre los progenitores y los hechos que justifican el desplazamiento internacional. Según las circunstancias, también pueden ser relevantes las sentencias de custodia y patria potestad, comunicaciones electrónicas, documentos escolares, información del destino y pruebas sobre las condiciones de permanencia en el extranjero.

La cantidad de documentos no determina por sí sola la solidez de una demanda. Lo verdaderamente importante es que las pruebas sean pertinentes, auténticas y suficientes para explicar por qué debe concederse la autorización solicitada, teniendo en cuenta los derechos del menor y las circunstancias familiares.

Si necesita saber qué documentos presentar para solicitar un permiso judicial de salida del país de su hijo en Medellín, puede comunicarse con Figueroa y Asociados Colombia. Ofrecemos atención presencial mediante cita previa en Medellín y asesoría por videollamada para personas que se encuentran en otros municipios o en el extranjero.

Comuníquese al WhatsApp +57 301 877 5583 o escriba a contacto@figueroayasociados.co para solicitar una valoración de los antecedentes familiares, revisar los documentos disponibles y conocer las alternativas jurídicas que podrían corresponder a su caso.

Un proceso judicial de permiso de salida del país de menores en Medellín puede tardar varios meses, dependiendo de la complejidad del caso, las notificaciones, las pruebas que deban practicarse y la disponibilidad del juzgado de familia competente. Aunque se trata de un procedimiento verbal sumario, diseñado para resolver determinadas controversias mediante un trámite simplificado, esto no significa que la autorización pueda obtenerse necesariamente en unos días o semanas.

La legislación colombiana no establece un plazo único de 15, 30 o 60 días para que todos los jueces de familia resuelvan las solicitudes de permiso de salida del país cuando existe desacuerdo entre los progenitores. El tiempo debe analizarse conforme a las etapas procesales, los términos previstos en el Código General del Proceso y las circunstancias particulares de cada expediente.

El artículo 121 del Código General del Proceso establece, como regla general, un término máximo de un año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado desde la notificación del auto admisorio de la demanda a la parte demandada, sin perjuicio de las interrupciones, suspensiones, prórrogas y demás reglas legales aplicables. Esto no significa que todos los procesos duren un año ni que el juzgado disponga necesariamente de ese tiempo para cada actuación. Tampoco debe confundirse ese término con una estimación del tiempo que tardará una familia en obtener el permiso.

En Figueroa y Asociados Colombia ofrecemos asesoría y representación jurídica a madres y padres que necesitan solicitar un permiso judicial de salida del país para sus hijos menores de edad en Medellín, especialmente cuando uno de los progenitores se niega a autorizar el desplazamiento.

Nuestro equipo de abogados de familia en Medellín revisa los antecedentes familiares, las pruebas disponibles, la finalidad del viaje y la situación procesal para identificar las actuaciones que corresponden y explicar qué circunstancias pueden influir en la duración del procedimiento.

Por ejemplo, una madre residente en Medellín desea viajar con su hija a España durante las vacaciones escolares, pero el padre se niega a firmar el consentimiento. Aunque la madre tenga una fecha de salida definida, reservas de alojamiento y pasajes de regreso, estos documentos no obligan al juzgado a emitir una autorización inmediata.

El tiempo necesario dependerá, entre otros factores, de que la demanda cumpla los requisitos legales, de que pueda notificarse al progenitor que se opone, de las pruebas que sea necesario practicar y de la programación de la audiencia correspondiente.

La recomendación es buscar asesoría jurídica tan pronto como exista una negativa expresa, especialmente si el viaje debe realizarse en fechas determinadas. Esperar hasta pocos días antes de la salida puede reducir significativamente las posibilidades de obtener una decisión judicial a tiempo.

Para comprender cuánto puede tardar el procedimiento, es importante distinguir sus etapas. La preparación de la demanda, la admisión judicial, la notificación del otro progenitor, la contestación, la práctica de pruebas y la sentencia tienen funciones diferentes. Por esa razón, conocer que una actuación dispone de un plazo legal determinado no permite calcular automáticamente la fecha en que terminará todo el proceso.

El procedimiento aplicable es el proceso verbal sumario, previsto en el artículo 390, numeral 3, del Código General del Proceso. Esta disposición comprende las controversias relacionadas con la salida de hijos menores al exterior y establece un procedimiento de única instancia.

Una de sus características es que concentra determinadas actuaciones para procurar una resolución más ágil. Sin embargo, la duración efectiva depende de la manera en que avance cada expediente.

La primera etapa consiste en preparar y presentar la demanda judicial. Antes de radicarla, debe determinarse cuál es el juez competente, identificar a las partes, explicar las circunstancias del viaje y reunir los documentos que permitan sustentar la solicitud.

Entre los documentos que pueden ser relevantes se encuentran el registro civil de nacimiento, las decisiones anteriores sobre custodia o patria potestad, las comunicaciones relacionadas con la negativa del otro progenitor y los soportes que expliquen la finalidad del viaje.

Por ejemplo, una madre que desea viajar con su hijo a Estados Unidos durante las vacaciones escolares puede aportar información sobre el destino, las fechas previstas y las condiciones del desplazamiento. Si el padre manifestó por escrito que no autorizará la salida, también será importante revisar esas comunicaciones.

Una demanda preparada con documentación clara puede reducir el riesgo de requerimientos relacionados con información faltante. Sin embargo, presentar todos los documentos no garantiza que la demanda sea admitida inmediatamente, porque el juzgado debe verificar el cumplimiento de las exigencias procesales.

El artículo 391 del Código General del Proceso contempla que, cuando falte algún requisito o documento indispensable, el juez puede ordenar que se subsane dentro de los cinco días siguientes. Por tanto, una demanda que requiera correcciones puede necesitar actuaciones adicionales antes de avanzar.

La segunda etapa es la admisión y notificación de la demanda. Una vez admitida, debe garantizarse que el progenitor que se opone conozca el proceso y tenga oportunidad de ejercer su derecho de defensa.

Esta fase puede influir considerablemente en la duración del asunto, especialmente cuando no se dispone de información actualizada para localizar al padre o la madre demandado.

Por ejemplo, si el padre reside en Medellín, tiene un domicilio conocido y recibe las notificaciones correspondientes, puede ser más sencillo adelantar esa actuación que cuando se encuentra en otro país y deben verificarse mecanismos de notificación internacional o electrónica.

Si el progenitor vive en España, Estados Unidos u otro país, el abogado deberá examinar las reglas aplicables para comunicarle formalmente la demanda. No debe suponerse que basta con enviarle un mensaje informal por WhatsApp ni que la distancia permite omitir su derecho de defensa.

También es importante distinguir entre un progenitor cuyo domicilio se conoce y otro cuyo paradero realmente se desconoce. La segunda situación podría requerir un análisis jurídico diferente, incluyendo la posibilidad de intervención del ICBF cuando se cumplen los supuestos previstos en el artículo 110 de la Ley 1098 de 2006.

La tercera etapa comprende la contestación de la demanda. Conforme al artículo 391 del Código General del Proceso, el término para contestar una demanda tramitada mediante proceso verbal sumario es de diez días, una vez surtidas las actuaciones correspondientes para que comience a correr ese plazo.

Este es uno de los datos más importantes para las familias que preguntan cuánto tarda el procedimiento: los diez días corresponden al plazo de contestación de la demanda, no al tiempo total que tiene el juez para autorizar el viaje.

Por ejemplo, si una madre presenta una demanda solicitando permiso para viajar con su hija a Canadá, el padre tendrá la oportunidad procesal de responder y manifestar sus argumentos. Puede aceptar determinados hechos, oponerse a la autorización o aportar documentos relacionados con las condiciones del desplazamiento.

Una vez transcurrido el término correspondiente, el proceso deberá continuar conforme a las reglas aplicables, pero esto no significa que automáticamente se dicte sentencia al día siguiente.

La cuarta etapa corresponde al examen y práctica de las pruebas. En el proceso verbal sumario, el artículo 392 del Código General del Proceso establece que, una vez cumplidas las actuaciones previas, el juez desarrollará en una audiencia las actividades procesales pertinentes, incluyendo la práctica de pruebas.

La programación de esta audiencia puede depender de la disponibilidad del juzgado y de las diligencias que sea necesario desarrollar.

Por ejemplo, si existe controversia sobre el propósito del viaje, las condiciones de permanencia en el extranjero o las consecuencias de un cambio de residencia, pueden resultar necesarias distintas pruebas documentales, declaraciones u otras actuaciones legalmente procedentes.

Esto puede influir en el tiempo necesario para resolver el asunto.

Sin embargo, existe una particularidad que conviene conocer: el Código General del Proceso permite que, en determinadas circunstancias, el juez dicte sentencia escrita sin convocar a audiencia, cuando las pruebas aportadas con la demanda y su contestación sean suficientes para resolver el litigio y no existan otras pruebas pendientes de decretar o practicar.

Esta posibilidad está contemplada en el parágrafo 3 del artículo 390 del Código General del Proceso. No significa que todas las solicitudes puedan resolverse de esa manera, pero demuestra que la duración no depende necesariamente de que siempre se programe una audiencia.

Por ello, la complejidad probatoria de cada expediente puede influir en las actuaciones que resulten necesarias.

La quinta etapa es la decisión judicial. Después de examinar los hechos y las pruebas, el juez de familia determinará si concede o niega la autorización para que el niño, niña o adolescente salga del país.

En este punto es importante comprender que el juez no decide únicamente por la urgencia de los padres, la existencia de un boleto de avión o la proximidad de las vacaciones escolares.

La decisión debe considerar los derechos del menor, las circunstancias familiares y la finalidad del desplazamiento. También debe valorarse la posición del progenitor que se opone cuando su consentimiento resulta legalmente necesario.

Por ejemplo, una solicitud para viajar durante diez días por vacaciones puede plantear cuestiones distintas de un proyecto para trasladar permanentemente la residencia del niño a España.

En el segundo supuesto, el juez podría tener que examinar con mayor detalle las condiciones de vivienda, educación, salud y relación familiar con el progenitor que permanecerá en Colombia.

La mayor complejidad de un caso no significa necesariamente que su trámite siempre será más largo, pero puede requerir un análisis probatorio distinto y actuaciones adicionales.

Otra cuestión relevante es que la sentencia no debe confundirse con la disponibilidad inmediata de todos los documentos necesarios para viajar.

Cuando se concede la autorización judicial, debe revisarse el contenido de la decisión y determinar qué copia, constancia de ejecutoria o documentación resulta necesaria para acreditar el permiso ante las autoridades migratorias.

Por ejemplo, si el juez autoriza un viaje con determinadas fechas y destino, deberá comprobarse que esa autorización corresponde al desplazamiento que efectivamente pretende realizarse.

El alcance de la sentencia depende de lo decidido judicialmente. No debe suponerse que una autorización para unas vacaciones permite automáticamente efectuar viajes posteriores o establecer residencia permanente en el extranjero.

También será necesario revisar los requisitos migratorios aplicables al menor, incluyendo los documentos de identificación, pasaporte, visas cuando correspondan y la documentación exigida por las autoridades colombianas y del país de destino.

¿Qué sucede si el padre no contesta la demanda? Esta es otra pregunta frecuente relacionada con la duración del proceso.

Cuando el progenitor demandado ha sido debidamente notificado y no presenta contestación dentro del término legal, el procedimiento puede continuar conforme a las reglas aplicables.

Sin embargo, el silencio del padre no significa automáticamente que el juez deba conceder el permiso. La autoridad conserva el deber de valorar los hechos, las pruebas y las condiciones relacionadas con el bienestar del menor.

Por ejemplo, aunque un padre no responda a la demanda, el juez puede necesitar examinar si la autorización solicitada corresponde a un viaje temporal o a un traslado permanente y si existe información suficiente para adoptar una decisión.

En consecuencia, la falta de contestación puede modificar el desarrollo procesal, pero no permite garantizar una sentencia favorable ni establecer una fecha exacta de terminación.

¿Puede acelerarse un permiso judicial de salida del país cuando el viaje es urgente? La respuesta depende de la naturaleza de la urgencia y de las alternativas legales que realmente procedan.

Una madre que desea viajar con su hijo dentro de dos semanas porque ya compró los pasajes no se encuentra necesariamente en la misma situación que una familia que necesita un desplazamiento internacional por razones médicas urgentes.

El hecho de que exista una fecha cercana de viaje debe informarse al abogado y, cuando resulte pertinente, exponerse dentro de las actuaciones correspondientes. Sin embargo, la compra anticipada de tiquetes o la pérdida económica que podría producirse no elimina los requisitos procesales ni obliga al juez a resolver inmediatamente.

En determinados supuestos excepcionales, la legislación contempla otras vías de autorización. El artículo 110 de la Ley 1098 de 2006, modificado por la Ley 1878 de 2018, establece casos específicos en los que el defensor de familia del ICBF puede otorgar de plano el permiso, entre ellos determinadas situaciones relacionadas con tratamientos médicos urgentes, misiones deportivas, científicas o culturales y circunstancias especiales de protección.

Estas excepciones deben examinarse conforme a sus requisitos. No significan que cualquier viaje considerado urgente por los padres pueda tramitarse automáticamente ante el ICBF.

Una diferencia importante que también debe comprenderse es que el plazo de cinco días hábiles previsto para determinadas actuaciones del defensor de familia no corresponde al término para que un juez de familia resuelva una demanda por negativa del progenitor.

El artículo 110 contempla un procedimiento administrativo para situaciones específicas, como cuando se desconoce el paradero del representante legal o este no se encuentra en condiciones de otorgar el permiso. Dentro de ese procedimiento existen reglas de citación, oposición y decisión.

Cuando existe una negativa expresa entre progenitores que conservan las facultades legales correspondientes, la controversia generalmente debe ser resuelta por el juez de familia.

Confundir ambas vías puede generar expectativas equivocadas sobre la duración del trámite.

Tampoco debe confundirse la vigencia de sesenta días hábiles de determinadas autorizaciones emitidas por el defensor de familia con el tiempo que tarda una demanda judicial. Ese término se refiere a la vigencia de la autorización administrativa correspondiente, no al plazo general de resolución de las controversias judiciales.

Otro aspecto que puede influir en el tiempo necesario es la existencia de sentencias previas sobre custodia, patria potestad o régimen de visitas.

Por ejemplo, si una madre tiene una sentencia que le atribuye la custodia de su hija, pero el padre conserva la patria potestad, deberá examinarse si continúa siendo necesaria su autorización para viajar.

Tener la custodia exclusiva no elimina automáticamente ese requisito. Sin embargo, si existe una decisión ejecutoriada de suspensión o privación de la patria potestad, puede resultar aplicable una excepción legal que debe revisarse antes de iniciar una demanda.

Por eso, una valoración jurídica inicial puede evitar que la familia invierta varios meses en un procedimiento que quizá no necesita, siempre que efectivamente se cumplan las condiciones legales para utilizar otra vía.

En Figueroa y Asociados Colombia examinamos los antecedentes familiares y las circunstancias del desplazamiento para determinar si corresponde una autorización notarial, consular, administrativa o judicial.

Cuando resulta necesario presentar una demanda, nuestros servicios de derecho de familia en Medellín permiten solicitar una revisión de la documentación y una valoración de las actuaciones que podrían resultar procedentes.

¿Es obligatorio intentar una conciliación antes de presentar la demanda? No. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha explicado que no se exige agotar una conciliación como requisito previo para solicitar judicialmente el permiso de salida del país de un menor.

Este aspecto es importante para quienes tienen una fecha próxima de viaje, porque no necesariamente deben invertir tiempo en una audiencia de conciliación antes de acudir al juez.

No obstante, cuando las circunstancias lo permiten y existe disposición real de los progenitores, puede intentarse una solución voluntaria que haga innecesario continuar con una controversia judicial.

Por ejemplo, un padre podría negarse inicialmente a autorizar un viaje porque desconoce el domicilio donde permanecerá su hijo o teme que no regrese a Colombia.

Si posteriormente recibe información sobre las fechas, el alojamiento y las condiciones del desplazamiento, podría reconsiderar su posición y otorgar voluntariamente la autorización correspondiente.

En ese supuesto, puede ser posible resolver la dificultad sin esperar una sentencia judicial, siempre que el consentimiento se formalice adecuadamente.

Sin embargo, no debe suponerse que todas las negativas pueden solucionarse mediante conversaciones informales. En casos de desacuerdo persistente, conflictos graves o antecedentes de violencia familiar, debe examinarse cuidadosamente la alternativa jurídica que corresponda.

Otro factor que puede influir en la duración es la competencia territorial del juez de familia. La demanda debe presentarse ante la autoridad competente según las reglas procesales aplicables, teniendo en cuenta especialmente el domicilio o residencia del menor.

Por ejemplo, si el niño vive habitualmente en Medellín, puede corresponder acudir ante los juzgados de familia competentes de esa ciudad.

En cambio, cuando reside en Envigado, Bello, Itagüí o Sabaneta, debe verificarse cuál es el despacho judicial competente. La ubicación de la oficina del abogado no determina automáticamente qué juez conocerá del proceso.

Por ello, las familias residentes en el Valle de Aburrá pueden recibir orientación jurídica en Medellín, pero la presentación de la demanda debe ajustarse a las reglas de competencia correspondientes.

También ofrecemos atención para personas residentes en el sur del área metropolitana mediante nuestros servicios de abogado de familia en Sabaneta.

¿Cómo saber cuánto tiempo falta para que termine un proceso que ya está iniciado? Cuando la demanda ha sido radicada, resulta importante identificar en qué etapa se encuentra el expediente.

No es lo mismo un proceso que apenas fue presentado y está pendiente de admisión que otro en el que el padre ya fue notificado, contestó la demanda y se está a la espera de una audiencia.

Por ejemplo, si el juzgado todavía no ha admitido la demanda, será necesario revisar si existe algún requerimiento pendiente. Si el proceso está detenido porque no se ha logrado notificar al otro progenitor, deberá examinarse qué actuaciones de notificación resultan legalmente procedentes.

Si ya se practicaron las pruebas y el expediente está pendiente de decisión, la evaluación será diferente.

El abogado puede revisar las actuaciones disponibles y orientar al cliente sobre los pasos procesales que faltan. Sin embargo, conocer el estado del expediente no significa poder garantizar la fecha exacta en que se dictará sentencia.

También debe tenerse presente que la justicia colombiana contempla reglas sobre la duración de los procesos y el deber de los jueces de cumplir los términos legales. Cuando se presentan demoras, corresponde examinar las circunstancias del expediente antes de determinar si procede alguna actuación procesal para solicitar su impulso o hacer valer los derechos de las partes.

No toda demora constituye automáticamente una irregularidad, ni cualquier retraso permite obtener una decisión judicial inmediata.

Para una familia que necesita viajar con un hijo menor, una recomendación práctica es distinguir entre la fecha deseada del viaje y la fecha en que legalmente podrá realizarlo.

Por ejemplo, si una madre desea salir de Colombia durante las vacaciones de diciembre, pero desde varios meses antes sabe que el padre no autorizará el desplazamiento, resulta conveniente buscar orientación jurídica desde que se conoce el desacuerdo.

Esperar hasta el último momento puede generar gastos por cambios de tiquetes, reservas o compromisos que después no puedan cumplirse.

En cambio, una revisión anticipada permite determinar si el consentimiento es obligatorio, identificar la vía correspondiente y preparar la documentación necesaria sin depender exclusivamente de la fecha de salida.

Para conocer las diferencias entre las autorizaciones notariales, consulares, administrativas y judiciales, puede consultar nuestra guía sobre permiso de salida del país en Colombia: requisitos, cuánto vale y cómo tramitarlo. Allí encontrará información general para identificar qué trámite puede corresponder a su situación.

En Figueroa y Asociados Colombia ofrecemos asesoría y representación jurídica para solicitar permisos judiciales de salida del país de menores en Medellín, especialmente cuando existe oposición del padre o la madre y es necesario examinar una posible demanda ante el juez de familia.

Nuestro equipo puede revisar los documentos familiares, identificar las circunstancias que podrían influir en la duración del procedimiento y explicar las actuaciones que resulten necesarias.

También ofrecemos consultas por videollamada para padres y madres que se encuentran en otros municipios de Antioquia, distintas ciudades de Colombia o en el extranjero.

La representación judicial debe ajustarse a las reglas procesales aplicables y a las actuaciones que corresponda desarrollar ante la autoridad competente.

En conclusión, un proceso judicial de permiso de salida del país de menores en Medellín puede durar varios meses, pero no existe una duración fija que pueda garantizarse para todos los casos. Aunque el Código General del Proceso establece términos específicos para la contestación de la demanda y reglas generales sobre la duración de los procesos, la fecha efectiva de resolución dependerá de las circunstancias del expediente.

Entre los factores más importantes se encuentran la admisión de la demanda, la posibilidad de notificar al otro progenitor, la oposición presentada, las pruebas necesarias y la programación de las actuaciones judiciales.

Si el padre o la madre de su hijo no autoriza el viaje, lo recomendable es solicitar asesoría antes de fijar definitivamente la fecha de salida, especialmente cuando el desplazamiento está relacionado con vacaciones escolares, estudios, reunificación familiar o cambio de residencia.

En Figueroa y Asociados Colombia puede solicitar una valoración jurídica para conocer qué procedimiento corresponde a su situación y qué factores podrían influir en el tiempo necesario para obtener una decisión.

Ofrecemos atención presencial en Medellín mediante cita previa y asesoría jurídica virtual para personas que residen fuera de la ciudad.

Comuníquese al WhatsApp +57 301 877 5583 o escriba a contacto@figueroayasociados.co para explicar las circunstancias del viaje, la negativa del otro progenitor y los antecedentes familiares, con el propósito de identificar las alternativas jurídicas disponibles.

Si el padre o la madre de su hijo vive en el extranjero, puede otorgar el permiso de salida del país ante un consulado colombiano sin necesidad de regresar a Colombia. Cuando no existe un consulado colombiano cercano a su lugar de residencia, también puede ser posible formalizar la autorización ante un notario extranjero, siempre que el documento cumpla los requisitos de autenticidad, apostilla o legalización que correspondan. Sin embargo, si el progenitor que reside fuera de Colombia se niega expresamente a firmar el permiso, puede ser necesario acudir ante un juez de familia para solicitar una autorización judicial.

La residencia de uno de los padres en Estados Unidos, España, Canadá, México u otro país no elimina automáticamente la obligación de obtener su consentimiento. Lo que determina el procedimiento es si el progenitor conserva la patria potestad, si está dispuesto a autorizar el viaje y si existe alguna excepción legal aplicable.

En Figueroa y Asociados Colombia ofrecemos asesoría jurídica a padres y madres que necesitan obtener un permiso de salida del país para menores de edad en Medellín, especialmente cuando uno de los progenitores vive fuera del territorio colombiano y existen dificultades para conseguir la autorización.

Nuestro equipo de abogados de familia en Medellín puede examinar los antecedentes familiares, verificar quién debe otorgar el consentimiento y determinar si corresponde realizar un trámite consular, preparar un documento en el extranjero o acudir ante un juez de familia.

El fundamento jurídico principal se encuentra en el artículo 110 de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, modificado por la Ley 1878 de 2018. Esta disposición establece que, cuando un niño, niña o adolescente residente en Colombia sale del país con uno solo de sus progenitores, generalmente necesita autorización del padre o la madre que no lo acompaña, debidamente autenticada ante notario o autoridad consular.

Por tanto, no importa únicamente dónde vive el padre, sino si tiene facultades legales para autorizar el viaje y si está dispuesto a ejercerlas.

Por ejemplo, una madre reside en Medellín con su hijo de ocho años, mientras el padre vive en España desde hace varios años. La madre desea viajar con el niño a Estados Unidos durante las vacaciones escolares y el padre está de acuerdo, pero no puede desplazarse a Colombia para firmar el permiso.

En este caso, no necesariamente debe iniciarse una demanda judicial. El padre puede acudir al consulado colombiano que corresponda y realizar el reconocimiento de firma de la autorización, siempre que cumpla los requisitos exigidos por la Cancillería.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) confirma que el progenitor que vive fuera de Colombia puede tramitar el permiso ante un consulado colombiano del país donde reside.

 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF

La autorización consular es una de las alternativas más directas cuando existe acuerdo entre los padres. Permite que quien se encuentra en el extranjero manifieste formalmente su consentimiento sin tener que regresar al territorio colombiano.

Para realizar el trámite, el progenitor deberá presentar el documento de autorización y cumplir las exigencias de identificación y reconocimiento de firma previstas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Entre los datos que debe contener el permiso se encuentran el nombre completo e identificación del menor, el país de destino, el propósito del viaje, la fecha de salida y regreso, y la identificación de la persona que acompañará al niño, niña o adolescente.

También debe disponerse del registro civil de nacimiento del menor y del documento de identificación correspondiente al padre o la madre que otorgará el consentimiento.

Por ejemplo, si un padre colombiano reside en Madrid y desea autorizar que su hija viaje desde Medellín a México acompañada por su madre, el documento debe identificar claramente a la niña, señalar el destino, indicar las fechas y precisar quién viajará con ella.

No es recomendable utilizar una autorización genérica que simplemente diga que el padre permite a su hijo salir de Colombia, sin identificar las condiciones del desplazamiento. Migración Colombia exige información concreta sobre el destino, el motivo y las fechas del viaje.

El procedimiento y los requisitos pueden consultarse directamente en el servicio oficial de reconocimiento de firma en autorización de salida del menor de la Cancillería de Colombia.

 

Cancillería

Una cuestión importante es qué sucede cuando el padre o la madre vive en una ciudad donde no existe un consulado colombiano cercano.

Por ejemplo, un progenitor reside en una localidad de Estados Unidos y el consulado colombiano más próximo se encuentra a varias horas de distancia. Aunque está dispuesto a autorizar el viaje, las condiciones laborales o personales le dificultan trasladarse.

Migración Colombia contempla que, cuando no es posible acudir a un consulado colombiano cercano, la autorización pueda formalizarse ante un notario público extranjero, con las formalidades correspondientes.

En esta situación, el permiso debe estar diligenciado en español, suscrito ante el notario extranjero y debidamente apostillado cuando corresponda. La autoridad migratoria señala además que el documento otorgado por esta vía debe presentarse en original.

Esto significa que no basta con redactar una carta en casa y enviarla por correo electrónico a Colombia. La autorización debe cumplir los requisitos necesarios para que pueda utilizarse ante las autoridades colombianas.

 

Migración Colombia

La apostilla es especialmente importante cuando el permiso se otorga ante una autoridad extranjera. Su función es acreditar la autenticidad formal del documento público dentro del sistema previsto por el Convenio de La Haya.

Sin embargo, no debe confundirse la apostilla con el consentimiento del progenitor. La apostilla acredita determinados aspectos formales del documento, pero no sustituye la voluntad de quien debe autorizar el viaje ni convierte una autorización incompleta en un permiso válido.

Por ejemplo, si el padre de una menor reside en Estados Unidos y firma el documento ante un notario local, deberá verificarse qué autoridad expide la apostilla correspondiente y si el instrumento cumple las formalidades exigidas para presentarlo ante Migración Colombia.

Cuando el documento procede de un país donde no resulta aplicable el sistema de apostilla, será necesario estudiar la vía de legalización que corresponda. Por ello, conviene revisar la jurisdicción específica en la que se otorgará la autorización antes de realizar gastos notariales.

Otro error frecuente consiste en pensar que cualquier documento firmado en el extranjero puede utilizarse automáticamente en Colombia. Una autorización puede contener la firma del padre y, aun así, presentar problemas porque no está debidamente autenticada, carece de apostilla cuando resulta exigible o no identifica correctamente el viaje.

Por ejemplo, una madre que vive en Envigado recibe por correo electrónico una carta firmada por el padre desde Canadá. En el documento aparece el nombre del menor y una frase autorizando el viaje, pero no existe reconocimiento de firma ante autoridad competente.

Aunque el padre realmente esté de acuerdo, esa carta no necesariamente cumple los requisitos de la autorización exigida para el control migratorio.

Por esta razón, es importante revisar el documento antes de que sea enviado a Colombia, especialmente cuando faltan pocos días para el viaje.

Un abogado de familia puede verificar si están correctamente identificados los progenitores, el menor, el destino, las fechas y la persona acompañante, así como las formalidades de autenticación exigibles.

Esta revisión resulta especialmente útil cuando la autorización debe otorgarse en otro idioma o mediante autoridades extranjeras.

¿Es válido un permiso de salida del país redactado en inglés u otro idioma? Dependerá de la forma en que se haya otorgado y de las exigencias documentales aplicables.

Cuando se utiliza la alternativa del notario extranjero, Migración Colombia indica que el permiso debe estar diligenciado en español. Si se aportan documentos complementarios emitidos en otro idioma, también puede ser necesario realizar una traducción oficial.

Por ejemplo, una autorización preparada únicamente en inglés ante un notario extranjero podría no cumplir las condiciones señaladas por Migración Colombia para ese procedimiento.

La traducción de un documento no sustituye su autenticación ni la apostilla correspondiente. Son formalidades diferentes y deben revisarse de manera independiente.

También debe tenerse en cuenta la entrega física del documento. Si el permiso se formalizó ante un notario extranjero y debe presentarse en original, es importante organizar su envío a Colombia con suficiente anticipación.

Por ejemplo, una madre puede tener el vuelo programado desde el Aeropuerto Internacional José María Córdova y haber recibido una fotografía de la autorización por WhatsApp. Sin embargo, cuando las condiciones del trámite exigen presentar el original, esa fotografía puede resultar insuficiente.

Antes de utilizar un documento consular, también conviene confirmar su modalidad de expedición y verificación, pues las condiciones de entrega pueden depender del trámite realizado ante la autoridad correspondiente.

El permiso debe estar disponible en la forma exigida por Migración Colombia antes del control migratorio, no únicamente en el teléfono de uno de los padres.

Otra duda frecuente es si el padre que vive en el extranjero puede otorgar un poder a un abogado o familiar para que firme el permiso en Colombia.

La respuesta requiere una distinción importante. Migración Colombia explica que la patria potestad tiene carácter personal e intransmisible y que la autorización de salida del país no puede otorgarse mediante un apoderado que sustituya la voluntad del progenitor.

Por ejemplo, si el padre vive en España, no basta con que entregue un poder general a su hermano en Medellín para que este firme en su lugar la autorización de viaje del menor.

El consentimiento debe otorgarse personalmente por quien está facultado para hacerlo, utilizando el procedimiento legal correspondiente.

Esto no impide contratar a un abogado para recibir asesoría o representación en un proceso judicial. La diferencia es que un poder para actuar ante un juzgado no reemplaza el consentimiento personal que debe otorgar el progenitor cuando la legislación lo exige.

 

Migración Colombia

La situación cambia cuando el padre o la madre que reside en el extranjero se niega expresamente a autorizar el viaje.

Por ejemplo, una mujer vive en Medellín con su hijo menor de edad y desea viajar con él a España para reunirse con familiares. El padre reside en Estados Unidos, conoce el destino y las fechas, pero manifiesta que no firmará ninguna autorización.

En estas circunstancias, la distancia no elimina sus facultades legales. Si el padre conserva la patria potestad y no existe una excepción aplicable, puede ser necesario solicitar judicialmente el permiso de salida del país ante el juez de familia competente.

La controversia debe analizarse conforme al artículo 110 del Código de la Infancia y la Adolescencia y las disposiciones procesales aplicables.

El abogado puede estudiar los antecedentes, preparar la demanda y aportar los elementos que permitan explicar las condiciones del viaje y las razones por las que se solicita la autorización judicial.

Por ejemplo, pueden resultar relevantes las comunicaciones en las que el padre manifiesta su negativa, las decisiones de custodia, los documentos que acrediten la finalidad del desplazamiento y las condiciones previstas para el menor.

Sin embargo, la negativa del progenitor no significa que el juez necesariamente concederá el permiso. La autoridad debe valorar el interés superior del niño, niña o adolescente y las circunstancias del caso.

Cuando se pretende un viaje temporal por vacaciones, el análisis puede ser diferente del que corresponde a un traslado de residencia permanente al extranjero.

Por ejemplo, una madre que pretende llevar a su hijo a Canadá para establecerse definitivamente deberá explicar las condiciones en las que viviría, sus oportunidades educativas y las implicaciones del traslado sobre sus relaciones familiares.

En este tipo de asuntos, el abogado no debe limitarse a demostrar que el padre vive lejos o que no participa diariamente en el cuidado del menor. La solicitud debe sustentarse en hechos y pruebas jurídicamente pertinentes.

¿Qué sucede si el padre vive fuera de Colombia, pero se desconoce su domicilio actual?

Esta situación debe distinguirse de una negativa expresa. Si el progenitor está localizado y comunica que no autorizará el viaje, generalmente existe una controversia que corresponde al juez de familia.

En cambio, si realmente se desconoce su paradero, el artículo 110 contempla la posibilidad de intervención del defensor de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, siempre que se cumplan las condiciones legales.

Por ejemplo, una madre residente en Bello sabe que el padre de su hija emigró hace varios años, pero desconoce en qué país vive actualmente y no cuenta con información que permita localizarlo.

En este supuesto, antes de preparar una demanda por negativa de autorización, debe examinarse si procede acudir ante el defensor de familia del ICBF.

El hecho de que un progenitor viva en el extranjero no significa automáticamente que su paradero sea desconocido. Si se conoce su dirección, ubicación o medios efectivos de contacto, debe analizarse la situación real antes de elegir el procedimiento.

El ICBF señala que su intervención para autorizar la salida del país corresponde a determinados supuestos, entre ellos cuando el menor carece de representante legal, se desconoce su paradero o este no se encuentra en condiciones de otorgar el permiso.

 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF

Otra situación importante se presenta cuando ambos padres viven en el extranjero, pero el menor permanece en Colombia al cuidado de un familiar.

Por ejemplo, un niño reside temporalmente en Medellín con su abuela, mientras sus padres se encuentran trabajando en España. Posteriormente, desean que el menor viaje para reunirse con ellos.

Si ninguno de los progenitores acompaña al menor durante su salida de Colombia, debe examinarse la necesidad de contar con la autorización de ambos padres, siempre que ambos conserven las facultades legales para otorgarla.

Cada uno puede tener que formalizar su consentimiento conforme a las reglas correspondientes, y será importante identificar quién acompañará al menor durante el viaje o si viajará solo.

La autorización para que un menor viaje con un tercero no debe confundirse con la autorización otorgada cuando viaja acompañado por uno de sus padres.

Por ejemplo, si el niño viajará con su abuela desde Medellín hasta Madrid, el documento debe identificar correctamente a la persona que lo acompañará, el destino y las condiciones del desplazamiento.

También deben verificarse los requisitos de la aerolínea y los documentos migratorios aplicables.

Es importante señalar que el pasaporte de un menor no sustituye el permiso de salida del país. Aunque el niño tenga pasaporte colombiano vigente y una visa válida para ingresar al país de destino, puede continuar necesitando la autorización correspondiente para abandonar Colombia.

Por esta razón, antes de organizar el viaje deben revisarse por separado los documentos de identificación, los requisitos de entrada del país de destino y las autorizaciones de salida exigidas por las autoridades colombianas.

Una situación diferente ocurre cuando el menor tiene su residencia habitual en el extranjero y se encuentra temporalmente en Colombia.

El artículo 110 de la Ley 1098 de 2006, en su texto modificado, contempla una excepción específica para menores cuya residencia habitual en el exterior sea igual o superior a un año y que pretendan regresar a ella acompañados por el progenitor que tiene su custodia, siempre que se cumplan los requisitos legales.

Por ejemplo, una niña que vive habitualmente en España con su madre viaja a Medellín para visitar a sus familiares. Después de las vacaciones, la madre desea regresar con ella a España.

En determinadas circunstancias, puede resultar aplicable la excepción relacionada con la residencia habitual en el extranjero, que exige acreditar la situación del menor mediante los documentos previstos por la legislación.

Entre los elementos relevantes se encuentran la certificación de residencia en el exterior o inscripción consular y el documento que acredite la custodia en los términos aplicables.

No basta con afirmar que la niña vive fuera de Colombia ni con presentar únicamente una reserva de regreso. Es necesario verificar que se cumplen los requisitos específicos de la excepción.

Además, si el documento de custodia fue expedido por una autoridad extranjera, debe examinarse su reconocimiento y eficacia jurídica en Colombia, incluyendo la posible necesidad de exequátur cuando corresponda.

La Cancillería ofrece información sobre los requisitos de la certificación de residencia en el exterior, relacionada con esta excepción.

 

Ley 1878 de 2018+1

Esta situación es importante porque la residencia habitual del menor en el extranjero no equivale a que su padre o madre viva fuera de Colombia.

Por ejemplo, si el padre vive en Estados Unidos, pero el niño reside permanentemente en Medellín con su madre, no puede aplicarse automáticamente la excepción por residencia habitual en el extranjero.

La condición que debe examinarse es la residencia del propio menor, junto con los demás requisitos legales.

También debe prestarse atención cuando el menor tiene doble nacionalidad.

Por ejemplo, un niño nacido en Colombia tiene nacionalidad colombiana y estadounidense, y pretende viajar con su madre desde Medellín hacia Estados Unidos.

El hecho de contar con pasaporte estadounidense no significa que pueda desconocer las exigencias colombianas para la salida del país. Migración Colombia señala que los menores con doble nacionalidad, siendo una de ellas la colombiana, deben cumplir los requisitos migratorios correspondientes como nacionales colombianos.

Por tanto, tener dos pasaportes no elimina automáticamente la autorización del progenitor que no viaja. Deben revisarse las condiciones particulares y las excepciones que puedan resultar aplicables.

 

Migración Colombia

Otro supuesto que requiere documentación distinta ocurre cuando el padre o la madre que residía en el extranjero ha fallecido.

Por ejemplo, una madre reside en Medellín con su hija y el padre falleció en Estados Unidos. En este caso no se trata de obtener una autorización de una persona que ya no puede otorgarla, sino de acreditar jurídicamente el fallecimiento y cumplir los requisitos documentales correspondientes.

Migración Colombia señala que, cuando el fallecimiento ocurrió en territorio extranjero, debe presentarse el certificado de defunción con las formalidades necesarias, incluyendo traducción al español y apostilla según corresponda.

La documentación deberá revisarse conforme al país de expedición y a las circunstancias familiares del menor.

La muerte del progenitor, la privación de la patria potestad y la negativa a autorizar el viaje son situaciones jurídicas diferentes, por lo que no deben tratarse mediante una misma solicitud.

Cuando los padres se encuentran separados, también resulta importante examinar si existe una sentencia o acuerdo de custodia.

Por ejemplo, una madre tiene la custodia exclusiva de su hijo y vive en Medellín, mientras el padre reside en Canadá. Aunque la madre sea responsable del cuidado cotidiano del menor, esa circunstancia no significa necesariamente que pueda sacarlo de Colombia sin consentimiento paterno.

La custodia y la patria potestad son instituciones diferentes. El padre puede conservar facultades legales relacionadas con la autorización de viajes internacionales, aunque el niño no viva con él.

Por ello, antes de iniciar un trámite consular o judicial, es recomendable revisar las decisiones existentes y determinar quiénes deben intervenir.

Un abogado de familia también puede ayudar a evitar errores cuando el permiso fue firmado, pero presenta información incorrecta.

Por ejemplo, el padre firma la autorización desde España indicando que el menor viajará a Estados Unidos durante una semana. Posteriormente, la madre modifica el itinerario y decide permanecer en el extranjero durante un periodo diferente.

En estas circunstancias, debe verificarse si el permiso continúa correspondiendo al desplazamiento que efectivamente se realizará o si es necesario obtener una autorización ajustada a las nuevas condiciones.

No es recomendable modificar manualmente un documento ya autenticado ni asumir que cualquier autorización anterior sigue siendo suficiente.

El permiso debe reflejar la información exigida sobre el viaje. Si existen modificaciones sustanciales en el destino, las fechas, el acompañante o la finalidad, conviene revisar su validez antes de presentarlo.

La planificación es especialmente importante cuando el progenitor que autoriza vive fuera de Colombia.

Por ejemplo, si una madre tiene previsto viajar con su hijo desde Medellín durante las vacaciones escolares y el padre vive en México, es recomendable organizar la autorización con anticipación suficiente para cumplir las formalidades consulares o notariales.

Esto permite prever posibles dificultades relacionadas con la disponibilidad de citas, el envío del documento original cuando corresponda y la corrección de errores de identificación.

No existe una garantía de que el trámite pueda concluir inmediatamente, especialmente cuando se utilizan autoridades extranjeras o servicios de mensajería internacional.

Por ello, no es aconsejable esperar hasta el día del viaje para comprobar si la autorización cumple los requisitos legales.

Una consulta jurídica puede resultar útil cuando existen dudas sobre el documento que debe utilizarse, el procedimiento aplicable o las formalidades que deben cumplirse fuera de Colombia.

En Figueroa y Asociados Colombia ofrecemos asesoría para padres y madres que necesitan gestionar permisos de salida del país de sus hijos cuando alguno de los progenitores reside en el extranjero.

Nuestro equipo de abogados de familia en Medellín puede revisar el registro civil de nacimiento, las decisiones de custodia y patria potestad, las condiciones del viaje y la documentación que se pretende otorgar en el exterior.

Cuando existe acuerdo, la asesoría puede orientarse a identificar las formalidades consulares o notariales correspondientes. Cuando el progenitor se niega expresamente a autorizar el desplazamiento, puede ser necesario examinar la procedencia de una demanda judicial.

También ofrecemos atención a personas residentes en Envigado, Bello, Itagüí y Sabaneta. Quienes se encuentran en el sur del Valle de Aburrá pueden consultar nuestros servicios de abogado de familia en Sabaneta.

Para padres y madres que viven en Estados Unidos, España, México, Canadá u otros países, ofrecemos asesoría jurídica por videollamada, lo que permite realizar una valoración inicial sin necesidad de viajar a Medellín únicamente para solicitar orientación.

La atención virtual puede utilizarse para revisar los antecedentes, estudiar los documentos disponibles y determinar si el asunto requiere una autorización consular, documentación otorgada en el extranjero o representación ante la autoridad judicial competente.

Quienes desean conocer los requisitos generales del trámite también pueden consultar nuestra guía sobre permiso de salida del país en Colombia: requisitos, cuánto vale y cómo tramitarlo, donde explicamos las diferencias entre las autorizaciones notariales, judiciales y administrativas.

En conclusión, cuando el padre o la madre de un menor vive en el extranjero, la forma de obtener el permiso de salida del país depende de si existe acuerdo, de las facultades legales del progenitor y de las condiciones particulares del viaje. Si está dispuesto a autorizar, generalmente puede hacerlo ante un consulado colombiano y, cuando se cumplan los requisitos, mediante documento otorgado ante notario extranjero. Si existe una negativa expresa, puede corresponder acudir ante un juez de familia. Si se desconoce el paradero del progenitor, debe examinarse la intervención del defensor de familia del ICBF.

La residencia en el extranjero no debe confundirse con la pérdida de la patria potestad ni con una autorización automática para viajar con el menor. La vía adecuada debe determinarse después de revisar los antecedentes familiares y los documentos disponibles.

Si necesita obtener el permiso de salida del país de su hijo porque el padre o la madre vive en el extranjero, puede solicitar asesoría con Figueroa y Asociados Colombia. Nuestros abogados pueden estudiar las circunstancias de su caso y orientarlo sobre el procedimiento legal correspondiente.

Ofrecemos consultas presenciales mediante cita previa en Medellín y asesoría por videollamada para personas que residen fuera de Colombia.

Comuníquese al WhatsApp +57 301 877 5583 o escriba a contacto@figueroayasociados.co para explicar dónde reside el progenitor, cuál es el destino del viaje y si existe acuerdo o negativa de autorización, con el propósito de identificar las alternativas jurídicas disponibles.

Si desconoce el paradero del padre o la madre de su hijo y necesita viajar con él al extranjero, puede solicitar un permiso de salida del país ante el defensor de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), siempre que se cumplan los requisitos legales. La legislación colombiana contempla este procedimiento para aquellos casos en los que no es posible obtener el consentimiento de uno de los progenitores porque se desconoce su ubicación. Sin embargo, la autorización no se concede automáticamente y es necesario demostrar las circunstancias que justifican la solicitud.

El fundamento jurídico se encuentra en el artículo 110 de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, modificado por la Ley 1878 de 2018. Esta disposición permite que el defensor de familia intervenga cuando el niño, niña o adolescente carece de representante legal, se desconoce el paradero de quien debe autorizar su salida del país o este no se encuentra en condiciones de otorgar el consentimiento.

En Figueroa y Asociados Colombia brindamos asesoría a padres y madres que necesitan obtener un permiso de salida del país de menores en Medellín cuando existen dificultades para localizar al otro progenitor. Nuestro equipo de abogados de familia en Medellín puede revisar los antecedentes familiares, las decisiones de custodia y patria potestad y los documentos disponibles para identificar el procedimiento legal correspondiente.

Por ejemplo, una madre residente en Medellín tiene un hijo de nueve años cuyo padre dejó de mantener contacto con la familia hace varios años. Desde entonces, desconoce su domicilio, no dispone de un número telefónico actualizado y no cuenta con información suficiente para localizarlo. Posteriormente, recibe una oportunidad laboral en España y desea trasladarse con su hijo para establecer allí su residencia.

En una situación de esta naturaleza, la madre no necesariamente está obligada a iniciar directamente una demanda judicial por negativa de autorización. Primero debe analizarse si se cumplen las condiciones que permiten acudir ante el defensor de familia del ICBF por desconocimiento del paradero paterno.

Es importante distinguir entre desconocer realmente dónde se encuentra el progenitor y saber dónde vive, pero no conseguir que firme el permiso. Si el padre está localizado y se niega expresamente a autorizar el viaje, generalmente corresponde acudir ante un juez de familia para resolver la controversia. En cambio, cuando su ubicación se desconoce y no es posible obtener su consentimiento, puede resultar procedente el trámite administrativo ante el ICBF.

Esta diferencia tiene consecuencias jurídicas importantes, porque cada procedimiento responde a circunstancias distintas. No sería correcto afirmar que se desconoce el paradero de un padre que vive en Bogotá, España o Estados Unidos cuando se conoce su domicilio y simplemente se opone al viaje.

Para solicitar la autorización administrativa, la persona interesada debe acudir al centro zonal del ICBF que corresponda al lugar de residencia del menor y presentar una solicitud en la que explique las circunstancias familiares, el motivo del desplazamiento y el tiempo previsto de permanencia en el extranjero.

Entre los documentos fundamentales se encuentra el registro civil de nacimiento del niño, niña o adolescente, que permite acreditar su identidad y filiación. También debe presentarse la información necesaria para identificar al solicitante y aportar las pruebas disponibles sobre los hechos que justifican la petición.

En casos de paradero desconocido, resulta especialmente importante explicar cuándo se tuvo la última comunicación con el progenitor, cuál era su domicilio conocido y qué circunstancias permiten sostener que actualmente no es posible localizarlo.

Por ejemplo, una madre puede conservar mensajes enviados al último número telefónico del padre, correos electrónicos sin respuesta o información sobre el momento en que perdió contacto con él. Estos elementos pueden contribuir a explicar la situación, aunque su valor dependerá de las circunstancias y de la valoración de la autoridad competente.

No existe una prueba única que automáticamente permita demostrar el desconocimiento del paradero de una persona. Lo importante es presentar una narración clara, coherente y sustentada en los elementos disponibles. Tampoco debe suponerse que una declaración juramentada elaborada por la madre sustituye por sí sola el consentimiento paterno o la autorización expedida por la autoridad competente.

Una vez recibida la solicitud, el defensor de familia debe adelantar las actuaciones previstas por el artículo 110 del Código de la Infancia y la Adolescencia. El procedimiento contempla mecanismos de citación o emplazamiento del progenitor que no ha otorgado la autorización, así como la verificación de posibles impedimentos de salida ante Migración Colombia.

La legislación establece un término de cinco días hábiles, contado desde la notificación o el emplazamiento correspondiente, para que pueda presentarse oposición. Si no existe oposición dentro del término legal, el defensor de familia deberá examinar las pruebas pertinentes y decidir sobre la autorización solicitada.

Este plazo de cinco días hábiles no significa que todo el trámite ante el ICBF se resuelva en cinco días. Antes pueden ser necesarias actuaciones de citación y después puede requerirse la práctica o valoración de pruebas. La duración dependerá del desarrollo del procedimiento y de las circunstancias particulares.

Si durante el trámite aparece el padre o la madre y presenta oposición dentro del término establecido, el asunto deberá remitirse al juez de familia competente para que resuelva la controversia. Esto significa que el ICBF no puede sustituir indiscriminadamente la voluntad de un progenitor localizado que se opone formalmente al desplazamiento.

Cuando la solicitud cumple los requisitos legales y el defensor de familia determina que procede la autorización, puede conceder el permiso mediante resolución. Una vez que la decisión queda en firme, debe comunicarse a las autoridades correspondientes conforme a la legislación.

La autorización otorgada por el defensor de familia tiene una vigencia de sesenta días hábiles, contados desde la ejecutoria de la resolución. Este plazo corresponde a la vigencia del permiso administrativo y no debe confundirse con la duración autorizada del viaje o con el tiempo que tarda el ICBF en resolver la petición.

Por esta razón, es importante revisar las condiciones concretas de la resolución antes de organizar el desplazamiento. La autorización debe corresponder al viaje que efectivamente se realizará y utilizarse dentro del plazo legal correspondiente.

Otro aspecto relevante es la finalidad del viaje. Solicitar permiso para unas vacaciones no necesariamente plantea las mismas circunstancias que pretender establecer permanentemente la residencia del menor en otro país.

Por ejemplo, una madre que desea viajar quince días a México con su hijo puede necesitar acreditar información relacionada con las fechas, el destino y las condiciones de regreso. En cambio, si pretende trasladarse definitivamente a España, pueden resultar relevantes las condiciones de vivienda, educación, atención médica y estabilidad que tendrá el menor en su nuevo lugar de residencia.

La autoridad debe conocer la finalidad real del desplazamiento. No sería adecuado presentar un cambio permanente de residencia como si se tratara de unas vacaciones temporales únicamente para intentar obtener la autorización con mayor facilidad.

También es importante aclarar que tener la custodia exclusiva de un hijo no significa necesariamente que el otro progenitor haya perdido la patria potestad. En Colombia, ambas instituciones tienen efectos jurídicos diferentes. La custodia se relaciona con el cuidado personal y cotidiano del menor, mientras que la patria potestad comprende determinadas facultades y responsabilidades reconocidas legalmente a los padres.

Por ejemplo, una madre puede tener la custodia exclusiva mediante una sentencia judicial y, aun así, necesitar autorización del padre para la salida internacional de su hijo si este conserva la patria potestad y no existe una excepción aplicable.

Cuando se desconoce su paradero, deberá examinarse la procedencia del procedimiento administrativo. En cambio, si existe una sentencia ejecutoriada que suspende o priva al progenitor de la patria potestad, puede resultar aplicable una excepción legal diferente, que deberá acreditarse con los documentos correspondientes.

El abandono familiar, la ausencia de visitas o el incumplimiento de obligaciones alimentarias no producen automáticamente la pérdida de la patria potestad. Son circunstancias que pueden tener relevancia jurídica, pero deben analizarse conforme a las disposiciones legales aplicables.

En determinados casos, también resulta importante comprobar si el progenitor está inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), porque la legislación contempla consecuencias específicas relacionadas con la exigencia de autorización para la salida del país de menores.

Sin embargo, no es suficiente afirmar que el padre lleva varios meses sin pagar alimentos. Debe verificarse si existe una inscripción formal y si se cumplen las condiciones legales para aplicar la excepción correspondiente.

El trámite administrativo de permiso de salida del país ante el ICBF es gratuito y no exige contratar obligatoriamente un abogado particular. La persona legitimada puede acudir directamente al centro zonal competente y presentar la solicitud.

No obstante, la asesoría de un abogado puede resultar conveniente cuando existen dudas sobre la patria potestad, sentencias anteriores de custodia, dificultades para acreditar el paradero desconocido o circunstancias relacionadas con un traslado permanente al extranjero.

La intervención profesional permite analizar previamente los documentos, determinar si la solicitud corresponde al ICBF o a un juez de familia y evitar que se inicie un procedimiento que no resulte adecuado para el caso.

En determinadas situaciones también puede ser necesario estudiar las consecuencias de una eventual oposición del otro progenitor, especialmente si reaparece durante el procedimiento administrativo.

La presentación de la solicitud ante el ICBF no constituye por sí sola una autorización para viajar. Mientras no exista una resolución favorable que cumpla las condiciones legales, debe verificarse la necesidad de obtener el permiso correspondiente antes de que el menor salga de Colombia.

Asimismo, la autorización administrativa no sustituye los demás requisitos migratorios. El menor deberá contar con sus documentos de identificación y viaje, el registro civil de nacimiento y los requisitos exigidos tanto por Migración Colombia como por el país de destino.

Por ejemplo, aunque un niño tenga pasaporte vigente y visa para ingresar a Estados Unidos, puede continuar necesitando la autorización de salida correspondiente. El pasaporte y el permiso de viaje son documentos con finalidades distintas.

Para las familias que viven en Medellín, Envigado, Bello, Itagüí o Sabaneta, es importante determinar cuál es el centro zonal competente conforme a la residencia del menor. La ubicación de la oficina del abogado no modifica automáticamente la competencia de la autoridad administrativa.

En Figueroa y Asociados Colombia ofrecemos orientación jurídica sobre estas situaciones a través de nuestro servicio de abogados de familia en Medellín. También atendemos a familias del sur del Valle de Aburrá mediante nuestro servicio de abogado de familia en Sabaneta.

Nuestro equipo puede revisar el registro civil de nacimiento, las decisiones existentes sobre custodia y patria potestad, la información disponible del progenitor ausente y la finalidad del viaje, con el propósito de identificar qué procedimiento corresponde y qué documentación puede resultar pertinente.

Cuando existe una controversia que debe resolver un juez de familia, también es posible solicitar asesoría sobre la preparación de la demanda y la representación judicial correspondiente.

En conclusión, si desconoce el paradero del otro progenitor y necesita sacar a su hijo de Colombia, la legislación permite solicitar una autorización ante el defensor de familia del ICBF cuando se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 110 de la Ley 1098 de 2006. La solicitud debe explicar las circunstancias de la ausencia, el motivo del viaje y los hechos que justifican la intervención de la autoridad, acompañándose de los documentos y pruebas disponibles.

La ausencia del padre o la madre no significa que el menor tenga prohibido viajar indefinidamente, pero tampoco permite omitir las autorizaciones establecidas para proteger sus derechos. Lo importante es identificar correctamente la situación familiar y acudir a la autoridad competente.

Si necesita asesoría para obtener un permiso de salida del país de su hijo en Medellín porque desconoce el paradero del otro progenitor, puede comunicarse con Figueroa y Asociados Colombia. Ofrecemos atención presencial mediante cita previa y asesoría virtual para personas que residen en otros municipios de Antioquia o fuera del país.

Comuníquese al WhatsApp +57 301 877 5583 o escriba a contacto@figueroayasociados.co para solicitar una valoración jurídica de su situación y conocer el procedimiento que puede corresponderle.

En Colombia, tener la custodia exclusiva de un hijo menor de edad no significa que pueda viajar al extranjero sin la autorización del otro progenitor. Aunque una sentencia judicial o un acuerdo de conciliación establezca que el niño debe vivir permanentemente con su madre o padre, generalmente será necesario obtener el permiso de quien no lo acompaña, siempre que este conserve la patria potestad y no exista alguna de las excepciones previstas por la legislación colombiana.

Esta distinción es especialmente importante para las madres y los padres separados que desean viajar con sus hijos por vacaciones, estudios, reunificación familiar o cambio de residencia. La custodia exclusiva permite ejercer el cuidado personal del menor, pero no equivale automáticamente a tener la facultad de decidir unilateralmente sobre su salida del territorio colombiano.

El fundamento jurídico se encuentra en el artículo 110 de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, modificado por la Ley 1878 de 2018. Esta disposición establece que, cuando un niño, niña o adolescente residente en Colombia viaja al extranjero acompañado únicamente por uno de sus padres, debe contar previamente con la autorización del progenitor que no realizará el viaje, debidamente autenticada ante notario o autoridad consular, salvo las excepciones legales aplicables.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) confirma expresamente que, aunque uno de los padres tenga la custodia del menor, sigue siendo necesario el permiso del progenitor que no viajará, cuando este conserva las facultades legales correspondientes.

En Figueroa y Asociados Colombia ofrecemos asesoría jurídica a madres y padres que necesitan obtener un permiso de salida del país de menores en Medellín, especialmente cuando existen decisiones de custodia exclusiva, desacuerdos entre los progenitores o dificultades para obtener el consentimiento del padre o la madre que no acompaña al menor.

Nuestro equipo de abogados de familia en Medellín puede revisar las sentencias, las actas de conciliación y los antecedentes familiares para determinar si la autorización continúa siendo obligatoria o si existe alguna excepción legal que permita viajar sin el consentimiento del otro progenitor.

Para comprender esta situación, resulta fundamental diferenciar jurídicamente la custodia exclusiva de la patria potestad.

La custodia y el cuidado personal se relacionan con la atención cotidiana del niño, niña o adolescente. Comprenden aspectos como su convivencia habitual, acompañamiento, cuidado y atención de sus necesidades personales. Por ejemplo, cuando una madre tiene la custodia exclusiva, normalmente es ella quien se encarga directamente de la organización de las actividades diarias, la asistencia escolar y otros aspectos vinculados con el cuidado de su hijo.

La patria potestad, por su parte, comprende un conjunto de derechos y responsabilidades reconocidos legalmente a los padres respecto de sus hijos menores no emancipados. Su regulación se encuentra principalmente en el Código Civil colombiano y en las disposiciones especiales que protegen los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La atribución de la custodia a uno de los progenitores no produce automáticamente la suspensión o privación de la patria potestad del otro.

Por ejemplo, una madre que reside en Medellín obtiene una sentencia judicial mediante la cual se le concede la custodia exclusiva de su hijo de ocho años. El padre tiene establecido un régimen de visitas y conserva la patria potestad.

Meses después, la madre decide viajar con su hijo a España durante las vacaciones escolares. Aunque tiene una sentencia favorable de custodia, no puede asumir que esa decisión le permite salir de Colombia sin autorización paterna.

Si el padre conserva la patria potestad y no existe una excepción legal, deberá otorgar el permiso correspondiente. Si se niega expresamente, la madre podrá examinar la posibilidad de solicitar una autorización ante el juez de familia competente.

La sentencia de custodia no debe utilizarse como si fuera un permiso de viaje internacional cuando su contenido no establece jurídicamente esa autorización.

Esta diferencia también se aplica cuando la custodia fue acordada mediante conciliación. Por ejemplo, después de una separación, los padres pueden suscribir un acta ante una autoridad competente estableciendo que el hijo vivirá permanentemente con la madre.

Aunque ese documento pueda regular válidamente el cuidado personal, no significa que el padre haya renunciado a la patria potestad. La patria potestad no desaparece por el simple hecho de que uno de los padres acepte que el niño resida con el otro.

Por ello, antes de organizar un desplazamiento internacional, es importante revisar el contenido exacto de la sentencia o del acuerdo y determinar cuáles son las facultades legales que conserva cada progenitor.

Una de las excepciones más importantes ocurre cuando el padre o la madre ha sido suspendido o privado de la patria potestad mediante decisión judicial.

El artículo 110 del Código de la Infancia y la Adolescencia establece que no se requiere autorización de los padres a quienes se les haya suspendido o privado de la patria potestad.

Esto significa que, si existe una sentencia judicial ejecutoriada que establece esa circunstancia, puede resultar innecesario obtener el consentimiento del progenitor afectado por la decisión.

Sin embargo, la pérdida de la patria potestad no debe confundirse con la custodia exclusiva, la ausencia de convivencia o el incumplimiento de obligaciones familiares.

Por ejemplo, un padre puede llevar varios años sin convivir con su hijo, no participar activamente en su educación o incumplir sus obligaciones alimentarias. Estas circunstancias pueden tener relevancia jurídica, pero no significan por sí solas que haya perdido la patria potestad.

Para aplicar la excepción correspondiente debe existir una decisión judicial que produzca ese efecto, y será necesario presentar la documentación exigida ante Migración Colombia.

La autoridad migratoria establece que, cuando la patria potestad se encuentra exclusivamente en cabeza de uno de los padres por decisión judicial, debe presentarse copia de la sentencia debidamente ejecutoriada.

Por ejemplo, si una madre obtuvo la custodia y posteriormente existe una sentencia que priva al padre de la patria potestad, deberá revisarse esa última decisión para determinar si puede viajar sin solicitar nuevamente el consentimiento paterno.

En cambio, si únicamente dispone de una sentencia de custodia y el padre conserva la patria potestad, generalmente continuará siendo necesaria su autorización.

Otra situación relevante se presenta cuando el padre o la madre se niega a firmar el permiso pese a que el otro progenitor tiene la custodia exclusiva.

En estos casos, la negativa no significa necesariamente que el niño tenga prohibido salir de Colombia. La legislación permite acudir ante un juez de familia para solicitar que la autoridad judicial resuelva el desacuerdo.

Por ejemplo, una madre residente en Medellín tiene la custodia exclusiva de su hija de diez años y desea viajar con ella a México durante las vacaciones escolares. El padre conserva la patria potestad, pero se niega a firmar el consentimiento porque mantiene diferencias personales con la madre desde su separación.

En esta situación, puede resultar procedente presentar una demanda judicial de permiso de salida del país de menor de edad, para que el juez examine las circunstancias y determine si corresponde conceder la autorización.

La finalidad del proceso no consiste en eliminar los derechos del padre ni en permitir que la madre tome cualquier decisión sin su intervención. Se trata de resolver una controversia específica relacionada con el desplazamiento internacional.

El juez deberá examinar los motivos del viaje, las pruebas disponibles y las circunstancias familiares, teniendo en cuenta el interés superior del niño, niña o adolescente.

Tener la custodia exclusiva puede ser un antecedente importante dentro del proceso, pero no garantiza que el permiso judicial sea concedido.

Por ejemplo, si la madre pretende realizar un viaje de vacaciones durante dos semanas y dispone de información sobre el destino, alojamiento y fecha de regreso, estos elementos pueden resultar pertinentes para sustentar la solicitud.

En cambio, si desea establecerse definitivamente con su hija en Canadá, el juez podría tener que examinar otras circunstancias relacionadas con el cambio de residencia, la educación, la estabilidad familiar y las posibilidades de mantener contacto con el padre que permanecerá en Colombia.

Esto demuestra que una autorización para vacaciones y un permiso relacionado con el traslado permanente de residencia no necesariamente requieren el mismo análisis jurídico.

Cuando el desplazamiento implica establecer una nueva residencia en el extranjero, pueden resultar relevantes las condiciones de vivienda, los servicios médicos disponibles, el acceso a educación, la situación migratoria y los vínculos familiares del menor.

También deberá examinarse si existen decisiones judiciales anteriores relacionadas con el régimen de visitas y las condiciones de contacto con el progenitor que permanecerá en Colombia.

Por ejemplo, una madre que pretende trasladarse con su hijo a España porque obtuvo una oportunidad laboral puede necesitar explicar cuáles serán las condiciones de vida del menor, la institución educativa a la que asistirá y cómo se mantendrán sus relaciones familiares.

Sin embargo, el hecho de tener mejores ingresos económicos o una oportunidad de trabajo en el extranjero no significa automáticamente que el juez deba conceder el permiso.

La autoridad judicial deberá valorar el conjunto de circunstancias y adoptar una decisión orientada por los derechos del niño, niña o adolescente.

Otro escenario frecuente ocurre cuando la madre tiene la custodia exclusiva y el padre vive fuera de Colombia.

Por ejemplo, una mujer reside con su hijo en Medellín, mientras el padre vive en Estados Unidos. La madre necesita viajar con el menor a España y el padre está de acuerdo, pero no puede acudir personalmente a una notaría colombiana.

En esta situación, no necesariamente debe iniciarse un proceso judicial. El padre puede otorgar la autorización ante un consulado colombiano, cumpliendo los requisitos correspondientes.

Cuando no existe un consulado colombiano cercano al lugar de residencia del progenitor, Migración Colombia contempla la posibilidad de otorgar el permiso ante notario extranjero, con las formalidades de apostilla y presentación documental exigidas.

Por tanto, la residencia del padre en el extranjero no elimina automáticamente la autorización, pero tampoco significa que sea obligatorio demandarlo judicialmente si está dispuesto a otorgar el consentimiento.

La situación cambia cuando el progenitor que vive fuera de Colombia se niega expresamente a firmar. Si conserva la patria potestad y no existe alguna excepción legal, puede ser necesario solicitar la intervención del juez de familia.

También debe tenerse presente que el permiso de salida del país constituye una manifestación personal de quien está legalmente facultado para otorgarlo. Migración Colombia explica que la patria potestad tiene carácter personal e intransmisible, razón por la cual el consentimiento para el viaje no puede sustituirse indiscriminadamente mediante un poder otorgado a un tercero para que firme en nombre del progenitor.

Una circunstancia diferente se presenta cuando se desconoce el paradero del padre o la madre que debería autorizar el desplazamiento.

Por ejemplo, una madre tiene la custodia exclusiva de su hijo mediante sentencia judicial, pero el padre dejó de mantener contacto con la familia hace varios años. Actualmente se desconoce su domicilio, no existe un número telefónico actualizado y no se dispone de información suficiente para localizarlo.

En esta situación, antes de presentar una demanda judicial por negativa de autorización, debe examinarse si procede acudir ante el defensor de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

El artículo 110 de la Ley 1098 de 2006 contempla la intervención del ICBF cuando el menor carece de representante legal, se desconoce el paradero de quien debe otorgar el consentimiento o este no se encuentra en condiciones de hacerlo.

El desconocimiento real del paradero del progenitor y su negativa expresa a autorizar el viaje son situaciones jurídicas diferentes.

Cuando el padre está localizado y se opone al desplazamiento, generalmente corresponde acudir ante el juez de familia. En cambio, cuando realmente se desconoce su ubicación, puede ser procedente la autorización administrativa del defensor de familia, siempre que se cumplan los requisitos legales.

El trámite institucional ante el ICBF es gratuito y no requiere contratar obligatoriamente un abogado particular. Sin embargo, la asesoría profesional puede resultar conveniente para determinar qué vía corresponde y qué documentos deben presentarse.

La custodia exclusiva tampoco debe confundirse con la existencia de una excepción relacionada con el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).

La Ley 2097 de 2021 contempla que no se requiere la autorización del progenitor inscrito en dicho registro para la salida del país del menor, conforme a las condiciones legales aplicables.

Por ejemplo, si una madre tiene la custodia de su hijo y el padre figura formalmente inscrito en el REDAM, puede existir una excepción a la exigencia de consentimiento paterno.

Sin embargo, no basta con afirmar que el padre lleva varios meses sin pagar la cuota alimentaria. La falta de pago y la inscripción formal en el REDAM son circunstancias distintas.

Migración Colombia señala que, cuando se aplica esta excepción, debe presentarse el certificado original de inscripción del progenitor moroso en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos ante el puesto de control migratorio correspondiente.

Por tanto, antes de prescindir de la autorización del padre, es importante verificar si existe una inscripción vigente y si se dispone de los documentos exigidos.

También pueden existir controversias familiares relacionadas con la fijación, modificación o cumplimiento de obligaciones alimentarias. Estas actuaciones deben examinarse de manera independiente. Puede consultar nuestro artículo sobre las causales para disminuir la cuota alimentaria en Colombia para conocer las reglas generales relacionadas con la modificación de esas obligaciones.

Existe además una excepción específica para ciertos menores que tienen su residencia habitual en el extranjero y regresan a ella acompañados por el progenitor que tiene su custodia.

El artículo 110 del Código de la Infancia y la Adolescencia contempla que, cuando un menor ha tenido residencia habitual en el exterior durante un periodo igual o superior a un año y pretende regresar a esa residencia acompañado por uno de sus progenitores, puede no requerirse la autorización del otro, siempre que se cumplan las condiciones legales.

Para aplicar esta excepción deben acreditarse las circunstancias correspondientes mediante documentación consular y el documento que establezca la custodia en cabeza del progenitor acompañante.

Por ejemplo, una niña vive habitualmente en España con su madre y viaja temporalmente a Medellín para visitar familiares. Después de las vacaciones, la madre desea regresar con ella a España.

Si se cumplen los requisitos de residencia habitual en el extranjero y se dispone de la documentación exigida, podría resultar aplicable esta excepción legal.

Sin embargo, no basta con que la madre tenga custodia exclusiva ni con que afirme que el menor vive en España. Es necesario acreditar el tiempo de residencia habitual y cumplir las condiciones documentales previstas.

También debe revisarse el tratamiento jurídico de las decisiones de custodia expedidas en el extranjero. Migración Colombia advierte que determinadas sentencias extranjeras requieren reconocimiento en Colombia mediante exequátur para producir los efectos jurídicos correspondientes.

La excepción relacionada con la residencia habitual en el exterior no debe confundirse con el caso de un niño que vive permanentemente en Medellín mientras uno de sus padres reside en otro país. En este último supuesto, no puede aplicarse automáticamente la excepción por el simple hecho de que el progenitor tenga domicilio extranjero.

También es importante revisar la situación del menor cuando tiene doble nacionalidad.

Por ejemplo, un niño nacido en Colombia tiene nacionalidad colombiana y estadounidense, y su madre posee la custodia exclusiva. Aunque el menor pueda ingresar a Estados Unidos con su pasaporte estadounidense, ello no significa necesariamente que pueda salir de Colombia sin cumplir las exigencias de autorización previstas para los menores colombianos.

Migración Colombia establece que los menores con doble nacionalidad, cuando una de ellas es la colombiana, deben cumplir los requisitos migratorios que les correspondan como nacionales colombianos.

Por tanto, tener un pasaporte extranjero no sustituye automáticamente el permiso del padre o la madre que conserva la patria potestad.

La nacionalidad, la residencia habitual y las decisiones judiciales de custodia deben examinarse conjuntamente cuando se pretende aplicar alguna excepción legal.

Otro aspecto importante para las familias que tienen la custodia exclusiva es verificar el contenido de las autorizaciones otorgadas anteriormente.

Por ejemplo, una madre obtuvo del padre una autorización autenticada para viajar con su hijo a México durante unas vacaciones específicas. Posteriormente, desea utilizar ese mismo documento para viajar a España en fechas diferentes.

No debe suponerse que la autorización anterior es suficiente para cualquier viaje. El artículo 110 exige que el consentimiento identifique el lugar de destino, el propósito del desplazamiento y las fechas correspondientes.

En consecuencia, debe examinarse si el permiso sigue correspondiendo al viaje que efectivamente se realizará o si resulta necesario obtener una nueva autorización.

La misma precaución debe adoptarse cuando existe una sentencia judicial que concedió permiso para un desplazamiento determinado. El alcance de la autorización dependerá de las condiciones establecidas por la autoridad judicial.

Una sentencia que autoriza unas vacaciones no debe interpretarse automáticamente como un permiso para cambiar permanentemente la residencia del menor al extranjero.

Para las madres y padres que residen en Medellín, también es importante comprobar que disponen de los documentos necesarios antes de presentarse ante el puesto de control migratorio.

Además del permiso o del documento que permita acreditar una excepción legal, el menor deberá contar con la documentación de identificación y viaje correspondiente, el registro civil de nacimiento y las visas que puedan exigirse para ingresar al país de destino.

El pasaporte no reemplaza la autorización de salida del país, y una sentencia de custodia no debe presentarse como si necesariamente acreditara una autorización de viaje.

Por esta razón, antes de comprar pasajes no reembolsables o establecer una fecha definitiva de salida, conviene revisar los documentos existentes y verificar si cumplen las condiciones exigidas.

Cuando el padre se niega expresamente a autorizar el viaje, es recomendable solicitar asesoría jurídica con anticipación. Un proceso judicial puede requerir la preparación de una demanda, la notificación del otro progenitor, la práctica de pruebas y una decisión de la autoridad competente.

No existe una garantía de que el permiso judicial pueda obtenerse en pocos días únicamente porque el viaje ya esté programado.

La contratación de un abogado tampoco garantiza que el juez concederá la autorización. La decisión dependerá de las circunstancias familiares, de las pruebas y de la valoración del interés superior del menor.

En cambio, cuando existe una excepción legal debidamente acreditada, puede resultar innecesario iniciar una demanda. Precisamente por eso, una revisión jurídica previa puede evitar gastos y procedimientos que no correspondan a la situación familiar.

Para comprender los requisitos documentales generales y las diferencias entre las autorizaciones notariales, consulares y judiciales, puede consultar nuestra guía sobre permiso de salida del país en Colombia: requisitos, cuánto vale y cómo tramitarlo.

En Figueroa y Asociados Colombia ofrecemos asesoría a madres y padres que cuentan con una sentencia de custodia exclusiva y necesitan determinar si pueden viajar con sus hijos menores de edad sin autorización del otro progenitor.

Nuestro equipo de abogados de familia en Medellín puede examinar las decisiones judiciales, las actas de conciliación, los documentos de patria potestad y las circunstancias particulares del desplazamiento para identificar si continúa siendo necesario el consentimiento del otro padre.

Cuando existe una negativa expresa y no se configura alguna excepción legal, también podemos estudiar la procedencia de una solicitud judicial de permiso de salida del país, conforme a las reglas aplicables y mediante abogados habilitados para ejercer en Colombia.

Atendemos consultas de familias residentes en Medellín, Envigado, Bello, Itagüí y Sabaneta. Para quienes viven en el sur del Valle de Aburrá, también se encuentran disponibles nuestros servicios de abogado de familia en Sabaneta.

Asimismo, ofrecemos asesoría por videollamada para personas que se encuentran en otras ciudades de Colombia o en el extranjero y necesitan revisar una decisión judicial de custodia o conocer los requisitos para viajar con sus hijos.

En conclusión, tener la custodia exclusiva de un menor no permite, por sí solo, salir de Colombia sin autorización del otro progenitor. La regla general es que debe obtenerse el consentimiento del padre o la madre que no acompaña al menor cuando conserva la patria potestad. No obstante, existen excepciones legales que pueden resultar aplicables, como la suspensión o privación judicial de la patria potestad, determinados supuestos de inscripción en el REDAM y las condiciones especiales previstas para menores con residencia habitual en el extranjero.

Si el otro progenitor se niega a autorizar el viaje, puede corresponder acudir ante un juez de familia. Si realmente se desconoce su paradero, puede estudiarse la intervención del ICBF. La alternativa correcta dependerá de los documentos existentes y de las circunstancias particulares.

Si tiene la custodia exclusiva de su hijo y necesita saber si puede viajar al extranjero sin autorización del otro padre, puede solicitar asesoría jurídica con Figueroa y Asociados Colombia. Nuestro equipo puede revisar su sentencia de custodia, determinar si existe alguna excepción legal y orientarlo sobre el procedimiento que corresponda.

Ofrecemos atención presencial en Medellín mediante cita previa y asesoría jurídica virtual para personas que se encuentran fuera de la ciudad.

Comuníquese al WhatsApp +57 301 877 5583 o escriba a contacto@figueroayasociados.co para solicitar una valoración de su situación familiar y conocer las alternativas jurídicas disponibles para obtener el permiso de salida del país de su hijo.

No. En Colombia, cuando el padre de un menor de edad se encuentra formalmente inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), no es necesario obtener su autorización para que el hijo salga del país, conforme al artículo 6, numeral 6, de la Ley 2097 de 2021. Sin embargo, para aplicar esta excepción es indispensable acreditar que el progenitor se encuentra efectivamente registrado y presentar ante Migración Colombia el certificado de inscripción correspondiente. El simple incumplimiento de la cuota alimentaria no elimina automáticamente la obligación de obtener el permiso paterno.

Esta excepción resulta especialmente importante para las madres y padres que necesitan viajar con sus hijos al extranjero y enfrentan dificultades porque el otro progenitor incumple sus obligaciones alimentarias. No obstante, la inscripción en el REDAM y la existencia de una deuda alimentaria son situaciones jurídicas diferentes, por lo que deben verificarse antes de organizar el desplazamiento.

En Figueroa y Asociados Colombia ofrecemos asesoría jurídica a padres y madres que necesitan obtener un permiso de salida del país de menores en Medellín, particularmente cuando existen controversias relacionadas con alimentos, custodia, patria potestad o negativa de autorización del otro progenitor.

Nuestro equipo de abogados de familia en Medellín puede revisar los antecedentes familiares, comprobar las circunstancias relacionadas con el REDAM y determinar si existe una excepción legal que permita viajar sin iniciar un proceso judicial de autorización.

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) fue creado mediante la Ley 2097 de 2021 como un mecanismo destinado a promover el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Su finalidad es identificar a las personas que se encuentran en mora respecto de obligaciones de alimentos establecidas mediante decisiones judiciales, acuerdos de conciliación u otros títulos ejecutivos legalmente válidos.

La ley contempla la inscripción cuando existe mora a partir de tres cuotas alimentarias, sucesivas o no, siempre que se cumplan los demás requisitos legales. Esto significa que no necesariamente deben corresponder a tres mensualidades consecutivas. Lo importante es verificar la existencia de una obligación alimentaria exigible y el incumplimiento en los términos previstos por la legislación.

Por ejemplo, una madre residente en Medellín tiene un hijo de ocho años. Después de su separación, los padres suscribieron un acuerdo de conciliación mediante el cual el padre se comprometió a pagar una cuota alimentaria mensual de $600.000 colombianos.

Con el paso del tiempo, el padre deja de cumplir varias de las mensualidades establecidas. La madre inicia las actuaciones correspondientes y, después del procedimiento legal, la autoridad competente ordena su inscripción en el REDAM.

Posteriormente, la madre desea viajar con su hijo a España durante las vacaciones escolares. El padre conserva la patria potestad, pero no está dispuesto a firmar el permiso de salida del país.

En esta situación, si la inscripción del padre en el REDAM se encuentra vigente y puede acreditarse debidamente, la madre puede acogerse a la excepción legal que permite prescindir de su autorización, sin necesidad de presentar una demanda judicial destinada únicamente a sustituir ese consentimiento.

El fundamento es claro. El numeral 6 del artículo 6 de la Ley 2097 de 2021 establece que no se requiere la autorización del padre o madre inscrito en el REDAM prevista en el artículo 110 de la Ley 1098 de 2006.

Esta consecuencia también está reconocida expresamente por Migración Colombia en su instructivo oficial sobre la salida del país de niños, niñas y adolescentes.

La excepción se aplica tanto al padre como a la madre que se encuentre inscrito en el REDAM. Por ejemplo, si un padre ejerce el cuidado personal de su hijo y la madre está formalmente registrada como deudora alimentaria morosa, también puede resultar aplicable la consecuencia prevista por la ley respecto de su autorización.

No se trata de una regla exclusiva para las madres que viajan con sus hijos. La disposición se refiere al progenitor inscrito, independientemente de que sea el padre o la madre.

Sin embargo, es fundamental comprender que la inscripción en el REDAM no equivale a una sentencia de privación de patria potestad ni extingue automáticamente los derechos y responsabilidades parentales.

El padre inscrito continúa sujeto al régimen jurídico que corresponda a su situación familiar. La ley establece una consecuencia específica respecto de la autorización de salida del país, pero ello no significa que el otro progenitor pueda desconocer cualquier decisión judicial relacionada con el menor.

Por ejemplo, si existe una orden judicial especial que restringe la salida del niño del territorio colombiano, será necesario examinar su alcance y vigencia. La excepción del REDAM no debe interpretarse como una autorización para incumplir otras decisiones judiciales.

Asimismo, si el desplazamiento tiene como finalidad establecer definitivamente la residencia del menor en el extranjero, conviene estudiar los antecedentes familiares y las consecuencias jurídicas del cambio de residencia, especialmente cuando existen decisiones sobre custodia, visitas u otras medidas de protección.

Uno de los errores más frecuentes consiste en creer que basta con demostrar que el padre no paga alimentos para viajar sin su consentimiento.

Por ejemplo, una madre tiene una cuota alimentaria fijada mediante conciliación y el padre ha dejado de pagar durante seis meses. La madre conserva los comprobantes bancarios que muestran la falta de consignaciones y pretende viajar con su hijo a Estados Unidos.

Aunque exista un incumplimiento que pueda acreditarse, eso no significa necesariamente que el padre ya figure inscrito en el REDAM.

La inscripción no se produce automáticamente por dejar de pagar tres cuotas alimentarias. Es necesario adelantar el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente para que, después de verificar los requisitos legales y garantizar las actuaciones previstas, se ordene el registro.

Por tanto, los extractos bancarios, las conversaciones de WhatsApp, las actas de conciliación y las sentencias que establecen alimentos pueden ser importantes para demostrar el incumplimiento, pero no sustituyen el certificado de inscripción en el REDAM exigido para acreditar la excepción migratoria.

Esta diferencia es especialmente relevante cuando el viaje se encuentra próximo. Una madre puede tener suficientes elementos para solicitar la inscripción del padre, pero si todavía no existe una inscripción formal, no debe asumir que puede presentarse ante Migración Colombia sin su autorización.

Para solicitar la inscripción, la persona interesada debe acudir ante el juez o funcionario que conoce o conoció el asunto alimentario y presentar la información que permita demostrar el incumplimiento de las cuotas establecidas.

Por ejemplo, si la obligación alimentaria fue fijada mediante una sentencia judicial, deberá examinarse la autoridad que conoció el proceso y las actuaciones correspondientes. Si se estableció mediante conciliación, será importante revisar el acta y determinar ante qué funcionario procede presentar la solicitud.

La Ley 2097 de 2021 contempla un procedimiento en el que se informa al obligado sobre la petición de inscripción y se le permite ejercer contradicción conforme a las condiciones legales.

Cuando la autoridad determina que procede el registro, ordena realizar las actuaciones correspondientes para incorporar al deudor alimentario moroso en la base de datos.

No es jurídicamente correcto afirmar que un padre está inscrito en el REDAM únicamente porque existe una denuncia por inasistencia alimentaria o porque se ha presentado una demanda ejecutiva de alimentos.

La denuncia penal, el proceso de cobro de cuotas vencidas y la inscripción en el REDAM son actuaciones diferentes, aunque puedan relacionarse con los mismos hechos.

Por ejemplo, una madre puede haber presentado una denuncia ante la Fiscalía porque el padre de su hijo incumple sus obligaciones alimentarias. Sin embargo, la existencia de esa investigación penal no demuestra automáticamente que el progenitor esté registrado en el REDAM.

Para conocer las diferencias entre las actuaciones penales y las relacionadas con el incumplimiento alimentario, puede consultar nuestro servicio de abogado por inasistencia alimentaria en Medellín, donde explicamos las alternativas jurídicas que pueden resultar procedentes frente al incumplimiento de las obligaciones familiares.

Una vez que existe una inscripción formal, el documento fundamental para acreditar la excepción es el certificado de inscripción en el REDAM.

Este certificado permite verificar la situación registral del progenitor y constituye el soporte específico previsto por las autoridades migratorias para prescindir de su autorización en los supuestos legalmente contemplados.

La información oficial del REDAM identifica la Carpeta Ciudadana Digital como el medio de consulta y descarga del certificado. El acceso se encuentra disponible a través de Carpeta Ciudadana Digital de Colombia, conforme a los mecanismos de identificación y consulta habilitados por la plataforma.

Es importante que el certificado sea legible, vigente y verificable al momento del viaje. La información publicada por Migración Colombia contempla su presentación en el puesto de control migratorio por el cual saldrá el menor.

Existe una diferencia documental entre las orientaciones oficiales: el instructivo general de Migración Colombia indica que debe entregarse el certificado original, mientras que su sección de preguntas frecuentes admite un certificado legible y vigente en original, copia o fotocopia. Por precaución, conviene descargar un certificado actualizado desde la plataforma oficial, llevarlo impreso con su mecanismo de verificación y conservar una copia adicional, además de confirmar previamente las condiciones exigidas en el puesto de control migratorio.

Por ejemplo, si una madre viaja con su hijo desde el Aeropuerto Internacional José María Córdova hacia España, deberá disponer del documento que permita acreditar que el padre está inscrito en el REDAM.

No sería recomendable presentarse únicamente con una fotografía antigua del certificado, una captura de pantalla que no permita verificar la información o una constancia que no corresponda al estado registral actual del progenitor.

La vigencia de la inscripción es especialmente importante porque la situación del deudor puede cambiar.

Por ejemplo, un padre fue inscrito en el REDAM por incumplir varias cuotas alimentarias, pero posteriormente paga la totalidad de las obligaciones vencidas y adelanta las actuaciones necesarias para cancelar su inscripción.

En ese escenario, no sería correcto asumir que la excepción migratoria continuará aplicándose indefinidamente por el simple hecho de que alguna vez estuvo registrado.

La Ley 2097 contempla mecanismos para solicitar la cancelación del registro cuando se acredita el cumplimiento de las obligaciones correspondientes.

Por ello, el hecho de que el padre haya estado inscrito anteriormente no significa que su autorización pueda omitirse en todos los viajes futuros. Es necesario verificar su condición registral cuando vaya a utilizarse la excepción.

Esto también explica por qué resulta conveniente revisar la documentación antes de comprar pasajes o establecer una fecha definitiva de salida.

Otro aspecto que debe considerarse es la diferencia entre la inscripción en el REDAM y las decisiones judiciales relacionadas con la custodia del menor.

Por ejemplo, una madre tiene la custodia exclusiva de su hijo mediante una sentencia judicial y el padre se encuentra inscrito en el REDAM.

En esta situación, la excepción relacionada con el consentimiento paterno no se produce simplemente porque la madre tiene la custodia, sino por la inscripción del padre en el registro, conforme a la Ley 2097 de 2021.

En Colombia, la custodia y la patria potestad son instituciones diferentes. Tener el cuidado personal del menor no significa necesariamente que el otro progenitor haya perdido sus facultades legales.

Sin embargo, cuando existe una excepción expresa como la prevista por el REDAM, la autorización del progenitor inscrito deja de ser exigible para la salida del país en los términos establecidos por la ley.

Esta distinción permite comprender por qué una madre que tiene la custodia exclusiva, pero cuyo excompañero no está inscrito en el REDAM, puede continuar necesitando su consentimiento.

En cambio, cuando existe una inscripción vigente, puede resultar innecesario promover una demanda judicial únicamente para obtener una autorización que la legislación ya permite omitir.

Tampoco debe confundirse la inscripción en el REDAM con la suspensión o privación de la patria potestad.

La privación de la patria potestad requiere una decisión judicial y produce efectos jurídicos distintos. La inscripción en el REDAM, por su parte, constituye una medida relacionada con el incumplimiento de obligaciones alimentarias, a la que la ley atribuye consecuencias concretas.

Por ello, no debe afirmarse que el padre perdió todos sus derechos porque fue inscrito en el registro.

La consecuencia relevante para esta situación es que su autorización deja de exigirse para la salida del país del menor cuando se cumplen las condiciones legales.

Otro punto importante es que el certificado REDAM no sustituye el pasaporte ni los demás documentos migratorios del niño.

Aunque no sea necesario obtener la firma del padre inscrito, el menor deberá cumplir las exigencias generales de salida del territorio colombiano.

Entre los documentos que pueden resultar necesarios se encuentran el pasaporte o documento de viaje válido, el registro civil de nacimiento y la visa cuando sea exigida por el país de destino.

Cuando el menor viaja acompañado por uno de sus progenitores, también deberá acreditarse la filiación mediante la documentación correspondiente.

El certificado REDAM cumple una función específica: demostrar la circunstancia legal por la cual no se exige la autorización del padre o la madre inscrito. No reemplaza las demás verificaciones migratorias.

Por ejemplo, si una madre viaja con su hijo desde Medellín hacia Estados Unidos y el padre está inscrito en el REDAM, deberá presentar la documentación de viaje correspondiente, incluida la acreditación registral que permite omitir el permiso paterno.

Si el menor viaja acompañado por un tercero, será necesario examinar quiénes deben autorizar el desplazamiento y cuáles son las condiciones particulares.

La excepción del REDAM afecta la exigencia de consentimiento del progenitor inscrito, pero no significa que puedan omitirse automáticamente las autorizaciones de otras personas que deban intervenir legalmente.

Por ejemplo, si el niño viajará con su abuela y la madre conserva las facultades legales para autorizarlo, deberá verificarse la autorización materna que corresponda, además de la documentación relativa al progenitor inscrito en el REDAM.

No sería correcto interpretar que el certificado autoriza a cualquier familiar a sacar al menor del país sin identificar a los demás representantes legales y sin cumplir las exigencias migratorias aplicables.

La finalidad del desplazamiento también merece atención, especialmente cuando se pretende cambiar la residencia habitual del menor en el extranjero.

Por ejemplo, una madre residente en Medellín desea trasladarse definitivamente a Canadá con su hijo porque ha obtenido una oportunidad laboral. El padre se encuentra inscrito en el REDAM por incumplimiento de obligaciones alimentarias.

Aunque pueda resultar aplicable la excepción a la autorización paterna, es importante examinar si existen decisiones judiciales anteriores sobre custodia, visitas, medidas de protección u otras disposiciones que puedan influir en el traslado.

La exención del permiso paterno no debe interpretarse como una autorización para incumplir órdenes judiciales vigentes ni como una decisión que resuelve anticipadamente cualquier controversia sobre la residencia del menor.

Por ello, cuando el desplazamiento supone un cambio permanente de residencia, puede ser recomendable recibir asesoría antes de organizar la salida.

También es importante evitar que la situación alimentaria se utilice como una forma de presión entre los progenitores. El incumplimiento de alimentos puede producir consecuencias jurídicas, pero la salida del país debe analizarse considerando los derechos del menor y las condiciones legales aplicables.

El interés superior del niño, niña o adolescente continúa siendo un principio fundamental, incluso cuando existe una excepción legal que permite prescindir del consentimiento del progenitor inscrito.

Otro supuesto frecuente se presenta cuando el padre paga parcialmente la cuota alimentaria, pero mantiene obligaciones vencidas.

Por ejemplo, un padre se comprometió a pagar $700.000 mensuales, pero durante varios meses únicamente consigna cantidades inferiores. La madre considera que existe incumplimiento y desea obtener la inscripción en el REDAM para viajar con su hijo.

En esta situación, será necesario analizar la obligación exigible, los pagos efectuados, los saldos pendientes y las condiciones legales para solicitar la inscripción.

No corresponde afirmar automáticamente que cualquier pago parcial equivale a una cuota completamente incumplida ni que necesariamente se cumplen los requisitos del registro. La autoridad competente deberá valorar los documentos y determinar la procedencia de la solicitud.

La inscripción en el REDAM requiere una decisión dentro del procedimiento legal correspondiente y no puede ser decretada unilateralmente por el padre o la madre que recibe los alimentos.

Una cuestión adicional es que los problemas económicos del progenitor obligado tampoco modifican automáticamente la cuota alimentaria.

Por ejemplo, si el padre pierde su empleo o considera que el valor fijado supera su capacidad económica, debe acudir a los mecanismos legalmente establecidos para solicitar la revisión de la obligación.

No puede decidir unilateralmente que dejará de pagar o que reducirá la cuota sin que exista una modificación válida.

Este aspecto se desarrolla en nuestro artículo sobre las causales para disminuir la cuota alimentaria en Colombia, donde explicamos cuándo puede solicitarse una reducción y por qué el incumplimiento de la cuota vigente puede continuar generando consecuencias jurídicas.

Cuando el padre ya está inscrito en el REDAM, normalmente no sería necesario iniciar un proceso judicial de permiso de salida del país únicamente para sustituir su autorización.

Esta es una diferencia importante frente a los casos en los que existe negativa del progenitor, pero no se configura ninguna excepción legal.

Por ejemplo, una madre necesita viajar con su hijo a México y el padre se niega a firmar. Si conserva la patria potestad, no está inscrito en el REDAM y no existe otra excepción, puede ser necesario acudir ante un juez de familia.

En cambio, si el padre se encuentra formalmente inscrito y se cuenta con el certificado correspondiente, la legislación contempla la posibilidad de salir del país sin obtener su autorización.

La asesoría jurídica debe comenzar por verificar si realmente es necesario acudir a un juez, en lugar de promover automáticamente una demanda que podría resultar innecesaria.

Esto es especialmente importante cuando el viaje ya tiene una fecha programada, porque un proceso judicial puede requerir actuaciones de notificación, contradicción y valoración de pruebas que no necesariamente se resolverán antes de la salida.

Si existe una excepción legal acreditada, debe estudiarse su aplicación y preparar la documentación correspondiente.

Sin embargo, si todavía no se ha ordenado la inscripción en el REDAM, la familia no debe asumir que podrá completar el trámite de registro de manera inmediata.

El procedimiento para solicitar la inscripción contempla actuaciones ante la autoridad competente y garantías para el presunto deudor alimentario moroso.

Por ello, una solicitud de inscripción pendiente no equivale a un certificado vigente que acredite la excepción ante Migración Colombia.

Para las familias que viven en Medellín, también puede resultar importante determinar qué autoridad conoció la obligación alimentaria y cuál tiene competencia para tramitar la solicitud de inscripción.

Por ejemplo, si los alimentos fueron fijados mediante una actuación adelantada en Medellín, será necesario revisar el documento correspondiente y determinar ante qué juez o funcionario debe presentarse la solicitud.

Si la familia reside en Envigado, Bello, Itagüí o Sabaneta, también deberá verificarse la autoridad que conoce o conoció el asunto alimentario.

La ubicación de la oficina del abogado no determina automáticamente qué autoridad debe resolver la inscripción.

En Figueroa y Asociados Colombia ofrecemos asesoría a madres y padres que necesitan viajar con sus hijos menores y desean conocer si pueden aplicar la excepción prevista para progenitores inscritos en el REDAM.

Nuestro equipo de abogados de familia en Medellín puede revisar el acuerdo o sentencia que estableció la cuota alimentaria, las actuaciones relacionadas con su incumplimiento, el estado de la inscripción y los documentos necesarios para acreditar la situación ante las autoridades correspondientes.

Asimismo, podemos examinar si existen decisiones sobre custodia, patria potestad o régimen de visitas que deban considerarse antes de organizar el desplazamiento.

También atendemos consultas de personas residentes en el sur del Valle de Aburrá mediante nuestros servicios de abogado de familia en Sabaneta, así como asesorías por videollamada para familias que se encuentran en otras ciudades de Colombia o en el extranjero.

Quienes necesiten información general sobre las autorizaciones notariales, consulares y judiciales pueden consultar nuestra guía sobre permiso de salida del país en Colombia: requisitos, cuánto vale y cómo tramitarlo, donde explicamos las principales vías legales para obtener la autorización de viaje de menores de edad.

En conclusión, si el padre de su hijo está formalmente inscrito como deudor alimentario moroso en el REDAM, la Ley 2097 de 2021 establece que no se requiere su autorización para la salida del país del menor. No obstante, es indispensable verificar que la inscripción se encuentre vigente, obtener el certificado correspondiente y cumplir los demás requisitos migratorios aplicables.

El simple hecho de que el padre no pague alimentos, tenga cuotas vencidas o enfrente una denuncia por inasistencia alimentaria no significa automáticamente que pueda omitirse su consentimiento.

La diferencia fundamental está en la inscripción formal y acreditable en el REDAM, que constituye el supuesto previsto por la legislación para aplicar esta excepción.

Si necesita saber si puede sacar a su hijo de Colombia sin autorización del padre porque está inscrito en el REDAM, puede solicitar asesoría jurídica en Figueroa y Asociados Colombia. Nuestro equipo puede revisar los antecedentes alimentarios, la documentación registral y las circunstancias del viaje para determinar si corresponde aplicar la excepción o realizar alguna actuación jurídica adicional.

Ofrecemos atención presencial en Medellín mediante cita previa y asesoría por videollamada para personas que residen en otros municipios o en el extranjero.

Comuníquese al WhatsApp +57 301 877 5583 o escriba a contacto@figueroayasociados.co para solicitar una valoración jurídica y conocer los documentos que podrían ser necesarios para viajar con su hijo menor de edad.

Si tiene un viaje próximo y el padre o la madre de su hijo se niega a firmar el permiso de salida del país, es importante buscar asesoría jurídica cuanto antes para determinar si puede obtener una autorización judicial o si existe alguna excepción legal que permita realizar el desplazamiento sin ese consentimiento. En Colombia, cuando ambos progenitores conservan las facultades legales correspondientes y uno de ellos se opone expresamente al viaje, la controversia puede resolverse ante un juez de familia. Sin embargo, la proximidad de la fecha de salida no garantiza que la autorización pueda obtenerse inmediatamente.

Esta situación resulta especialmente preocupante cuando ya se compraron los pasajes, se reservaron alojamientos, se programaron vacaciones escolares o existe un compromiso académico, médico o familiar en el extranjero. No obstante, tener un viaje pagado no sustituye la autorización legalmente exigida ni obliga al otro progenitor a firmarla.

El artículo 110 de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, establece que cuando un niño, niña o adolescente residente en Colombia pretende salir del país acompañado únicamente por uno de sus padres, generalmente necesita el permiso del progenitor que no viaja, debidamente autenticado ante notaría o autoridad consular, salvo las excepciones previstas por la legislación.

Cuando existe desacuerdo entre los progenitores que deben autorizar el desplazamiento, corresponde acudir ante el juez de familia para solicitar que resuelva la controversia. Así lo reconocen tanto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como Migración Colombia.

En Figueroa y Asociados Colombia ofrecemos asesoría jurídica a padres y madres que necesitan obtener un permiso de salida del país de menores en Medellín y enfrentan la negativa del otro progenitor cuando se acerca la fecha del viaje.

Nuestro equipo de abogados de familia en Medellín puede revisar las circunstancias del desplazamiento, las comunicaciones entre los padres, las decisiones de custodia y patria potestad y los documentos disponibles para determinar qué alternativa legal corresponde.

La primera actuación recomendable es establecer si existe una negativa expresa o simplemente no se ha conseguido formalizar el consentimiento. Aunque ambas circunstancias pueden impedir que el menor viaje, no necesariamente requieren el mismo procedimiento.

Por ejemplo, una madre residente en Medellín tiene previsto viajar con su hijo a España dentro de tres semanas. El padre está de acuerdo con las vacaciones, pero trabaja en Estados Unidos y todavía no ha podido acudir al consulado colombiano para firmar el permiso.

En esta situación no existe necesariamente una controversia judicial. El problema puede estar relacionado con la formalización de la autorización. Si el padre mantiene su consentimiento, podrá examinarse la posibilidad de otorgar el documento ante el consulado colombiano o mediante los mecanismos notariales permitidos en el extranjero.

En cambio, si el padre manifiesta expresamente que no permitirá el viaje, aunque conoce el destino y las fechas, será necesario revisar si corresponde solicitar una autorización judicial.

La diferencia es importante porque iniciar una demanda cuando ambos padres realmente están de acuerdo puede generar gastos y actuaciones innecesarias, especialmente si el problema puede solucionarse mediante la preparación correcta de los documentos.

Cuando el progenitor se niega a firmar, resulta conveniente dejar constancia clara de la autorización que se solicita. Por ejemplo, puede enviarse una comunicación respetuosa en la que se informe el destino, la finalidad del viaje, las fechas previstas, el lugar donde permanecerá el menor y la persona que lo acompañará.

Si el padre o la madre responde expresamente que no otorgará el consentimiento, esa comunicación puede servir para acreditar la existencia del desacuerdo.

Conservar los mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y demás comunicaciones relacionadas con la negativa puede ser importante para preparar una solicitud judicial. Sin embargo, deben conservarse de manera íntegra y sin alterar su contenido. No es recomendable presentar conversaciones incompletas deliberadamente ni modificar fechas para favorecer una versión de los hechos.

Por ejemplo, si una madre solicita autorización para viajar a México y el padre responde que no permitirá el desplazamiento porque desconoce las condiciones de regreso, conviene conservar toda la conversación. Esta información puede ayudar a comprender si existe una negativa definitiva o si el desacuerdo todavía podría resolverse proporcionando información adicional.

En algunos casos, la oposición surge porque el progenitor desconoce dónde permanecerá su hijo, teme que no regrese a Colombia o considera que el viaje afectará un régimen de visitas previamente establecido.

No toda negativa significa necesariamente que el padre o la madre actúe de manera arbitraria, pero tampoco cualquier preocupación impide que una autoridad judicial conceda el permiso.

La función del abogado consiste en examinar las circunstancias reales y determinar si corresponde intentar una solución voluntaria o acudir ante el juez competente.

Cuando existe disposición para llegar a un acuerdo, puede ser conveniente precisar las condiciones del desplazamiento. Por ejemplo, los padres podrían establecer con claridad las fechas de salida y regreso, el lugar de alojamiento y los medios de comunicación que estarán disponibles durante el viaje.

Sin embargo, esta posibilidad depende de la voluntad de ambos progenitores. No es obligatorio obtener un acuerdo ni agotar una conciliación antes de presentar una demanda judicial de permiso de salida del país de un menor. El ICBF ha señalado expresamente que la conciliación previa no constituye un requisito para acceder a este procedimiento judicial.

Por tanto, cuando persiste una negativa expresa y el viaje está próximo, puede resultar conveniente estudiar directamente la presentación de la demanda, sin prolongar indefinidamente conversaciones que no permiten resolver el conflicto.

El procedimiento judicial para obtener el permiso de salida del país se tramita mediante proceso verbal sumario, de acuerdo con el artículo 390 del Código General del Proceso.

La demanda debe identificar a las partes, explicar los hechos que originan el desacuerdo y señalar las circunstancias del desplazamiento internacional. También deben aportarse los documentos y medios de prueba que permitan sustentar la solicitud.

Por ejemplo, una madre que desea viajar con su hija a Estados Unidos durante quince días puede presentar el registro civil de nacimiento, las decisiones judiciales relacionadas con custodia y patria potestad, las comunicaciones donde el padre manifiesta su negativa y la información sobre las condiciones del viaje.

También pueden resultar pertinentes los documentos que permitan explicar la finalidad del desplazamiento, como reservas, invitaciones familiares, constancias educativas o soportes médicos, según el caso.

No es necesario que todas las familias presenten exactamente las mismas pruebas. La documentación debe seleccionarse según los hechos que resulten relevantes para la controversia y lo que deba valorar el juez.

Por ejemplo, si el motivo del viaje es asistir a una ceremonia familiar, pueden resultar útiles los documentos que expliquen el evento y las condiciones de participación del menor.

Si el desplazamiento está relacionado con estudios, puede ser importante aportar información de la institución educativa y las fechas del programa.

En cambio, cuando existe un traslado permanente de residencia al extranjero, el análisis puede requerir elementos adicionales relacionados con las condiciones de vivienda, educación, salud y vínculos familiares.

La proximidad del viaje no convierte automáticamente todos estos documentos en pruebas suficientes para obtener la autorización. El juez deberá valorar el conjunto de circunstancias y determinar si corresponde permitir el desplazamiento conforme al interés superior del niño, niña o adolescente.

Otro aspecto relevante es establecer ante qué juez de familia debe presentarse la demanda.

La competencia territorial debe determinarse conforme a las reglas procesales aplicables, especialmente las relacionadas con el domicilio o residencia del menor.

Por ejemplo, si el niño reside habitualmente en Medellín, deberá examinarse la competencia de los juzgados de familia de esa ciudad. Si vive en Sabaneta, Envigado, Bello o Itagüí, será necesario verificar qué autoridad judicial corresponde.

La ubicación de la oficina del abogado no determina automáticamente qué juzgado debe conocer el procedimiento.

Esta verificación resulta especialmente importante cuando existe una fecha cercana de viaje, porque presentar una demanda ante una autoridad incompetente puede ocasionar demoras que afecten la posibilidad de obtener una decisión oportuna.

Una de las principales preocupaciones de las familias es cuánto puede tardar el juez en resolver la solicitud.

Aunque el proceso verbal sumario contempla términos procesales específicos, no existe una regla que garantice obtener el permiso en tres, cinco o diez días simplemente porque los pasajes ya estén comprados.

El procedimiento puede requerir la revisión de la demanda, su admisión, la notificación del otro progenitor, la contestación, la práctica de pruebas y la decisión judicial.

El Ministerio de Justicia explica que, una vez presentada la demanda y adelantadas las actuaciones de comunicación correspondientes, el progenitor demandado dispone de diez días para contestarla. Este término es parte del procedimiento, pero no representa la duración total del proceso.

Por ejemplo, si una madre tiene un vuelo programado dentro de ocho días y todavía no ha presentado la demanda, no sería responsable asegurarle que podrá obtener una sentencia antes de la salida.

Incluso cuando existe documentación suficiente, el procedimiento debe respetar las garantías legales de las partes y la autoridad judicial debe disponer del tiempo necesario para examinar la solicitud.

Tampoco puede garantizarse que la falta de respuesta del padre acelere automáticamente la autorización.

Si el progenitor fue debidamente notificado y no contesta, el proceso puede continuar conforme a las reglas aplicables. Sin embargo, el silencio del demandado no significa que el juez esté obligado a conceder el permiso sin valorar las pruebas y las circunstancias del menor.

Por esta razón, la estrategia debe orientarse a presentar una solicitud jurídicamente sustentada, no a asumir que la urgencia personal permitirá omitir etapas procesales.

Existen situaciones excepcionales en las que la urgencia del desplazamiento puede requerir una valoración jurídica diferente, especialmente cuando el viaje se relaciona con tratamientos médicos urgentes, actividades específicas de representación del menor o circunstancias graves de protección.

El parágrafo primero del artículo 110 de la Ley 1098 de 2006 contempla que el defensor de familia pueda otorgar de plano el permiso de salida del país en determinados supuestos legales, entre ellos los desplazamientos por tratamientos médicos de urgencia en el exterior, misiones deportivas, científicas o culturales y ciertas situaciones de protección relacionadas con procesos penales.

Esto significa que no todas las solicitudes urgentes deben tratarse como si fueran unas vacaciones ordinarias con pasajes comprados.

Por ejemplo, si un menor necesita viajar al extranjero para recibir un tratamiento médico urgente, deberá examinarse si se cumplen los requisitos específicos que permiten acudir ante el defensor de familia.

En ese caso, pueden resultar relevantes los documentos médicos que acrediten la necesidad del tratamiento, la urgencia del desplazamiento y las circunstancias de atención previstas.

Sin embargo, tener una cita médica en otro país no significa automáticamente que exista una urgencia médica en los términos de la legislación.

La autoridad competente deberá valorar los elementos disponibles y determinar si corresponde aplicar el procedimiento excepcional.

Algo semejante puede ocurrir cuando un niño, niña o adolescente debe participar en una misión deportiva, científica o cultural. La ley contempla estos supuestos, pero será necesario acreditar las condiciones que justifican la intervención del defensor de familia.

Por ejemplo, si una adolescente fue seleccionada para representar a Colombia en una competencia deportiva internacional, podría resultar pertinente revisar la convocatoria oficial, los documentos expedidos por la organización responsable y las circunstancias del desplazamiento.

La existencia de una competencia o actividad internacional no elimina por sí sola las exigencias legales, pero puede ser relevante para determinar si se configura alguno de los supuestos especiales previstos por la legislación.

Esta distinción es importante porque acudir ante el ICBF únicamente porque faltan pocos días para unas vacaciones no equivale a encontrarse dentro de una situación excepcional contemplada por el artículo 110.

El ICBF tampoco debe utilizarse como una vía general para evitar la negativa de un progenitor que está localizado y conserva las facultades legales para autorizar.

Cuando el padre o la madre está identificado, puede ser contactado y manifiesta expresamente su oposición, la controversia generalmente corresponde al juez de familia.

En cambio, cuando realmente se desconoce el paradero de quien debe autorizar, o se configura alguna de las circunstancias especiales previstas en la ley, puede resultar procedente examinar la competencia del defensor de familia.

Por ejemplo, una madre que vive en Medellín desea viajar con su hijo a Canadá, pero desconoce desde hace varios años dónde se encuentra el padre. No dispone de domicilio actualizado ni de información suficiente para localizarlo.

Esta situación es distinta de aquella en la que el padre vive en Bogotá, responde los mensajes y simplemente se niega a firmar.

La diferencia jurídica puede determinar qué procedimiento debe utilizarse y cuánto tiempo podría requerir cada actuación.

Por ello, antes de presentar una demanda, es recomendable que el abogado examine si realmente existe oposición, desconocimiento del paradero o alguna excepción legal.

También deben revisarse las decisiones judiciales anteriores sobre custodia y patria potestad.

Una madre puede tener la custodia exclusiva de su hijo y, aun así, necesitar autorización paterna para viajar al extranjero.

La custodia se relaciona con el cuidado personal y cotidiano del menor, mientras que la patria potestad comprende facultades y responsabilidades legales que pueden conservar ambos progenitores.

Tener la custodia exclusiva no significa automáticamente que el otro padre haya perdido la patria potestad.

Sin embargo, cuando existe una sentencia ejecutoriada que suspende o priva al progenitor de la patria potestad, puede resultar aplicable una excepción legal que haga innecesario su consentimiento.

Esta circunstancia debe acreditarse con la documentación correspondiente.

Por ejemplo, si una madre dispone de una sentencia mediante la cual se privó al padre de la patria potestad, no sería adecuado iniciar inmediatamente una demanda para sustituir una autorización que podría no resultar legalmente exigible.

Lo correcto sería revisar la decisión judicial y comprobar qué documentos deben presentarse ante Migración Colombia.

Otra excepción que conviene examinar cuando el viaje está próximo es la inscripción del progenitor en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).

La Ley 2097 de 2021 contempla que no se requiere la autorización del padre o la madre inscrito formalmente en ese registro para la salida del país del menor, conforme a las condiciones legales aplicables.

Por ejemplo, una madre tiene previsto viajar con su hijo a México y el padre se niega a firmar el permiso. Sin embargo, existe una inscripción vigente del padre en el REDAM.

En estas circunstancias, puede resultar aplicable la excepción prevista por la legislación, siempre que la madre disponga del certificado correspondiente y cumpla los demás requisitos migratorios.

Es fundamental distinguir entre un progenitor inscrito en el REDAM y uno que simplemente tiene cuotas alimentarias pendientes.

El hecho de que el padre no pague alimentos no significa automáticamente que pueda omitirse su autorización. La excepción exige acreditar la inscripción formal.

Migración Colombia señala que debe presentarse el certificado de inscripción del progenitor moroso en el puesto de control migratorio.

Cuando existe una fecha cercana de viaje, comprobar esta circunstancia puede ser especialmente importante para evitar iniciar actuaciones judiciales innecesarias.

No obstante, también debe verificarse si existen otras decisiones judiciales que puedan afectar el desplazamiento, como medidas relacionadas con la residencia del menor o restricciones específicas de salida.

La excepción del REDAM no debe interpretarse como una autorización general para desconocer cualquier otra orden judicial.

Otro supuesto relevante ocurre cuando el menor tiene residencia habitual en el extranjero y se encuentra temporalmente en Colombia.

El artículo 110 contempla una excepción para determinados niños, niñas y adolescentes que han tenido residencia habitual en el exterior durante un periodo igual o superior a un año y regresan a ella acompañados por el progenitor que tiene su custodia, siempre que se cumplan los requisitos legales y documentales correspondientes.

Por ejemplo, una niña vive habitualmente en España con su madre y ambas viajan a Medellín para visitar a sus familiares. Cuando llega el momento de regresar, el padre se niega a firmar una nueva autorización.

Si se cumplen las condiciones de residencia habitual en el extranjero y se dispone de la documentación exigida por la legislación, podría resultar aplicable la excepción correspondiente.

Sin embargo, no basta con que la madre tenga custodia exclusiva o con que el menor haya viajado anteriormente. Es necesario verificar el periodo de residencia y los documentos que acreditan la situación.

La revisión de estas excepciones puede ser particularmente útil cuando el viaje ya está organizado, porque permite determinar si realmente existe una obligación de solicitar consentimiento o promover un proceso judicial.

La misma precaución debe adoptarse cuando uno de los padres ha fallecido. En ese supuesto, corresponderá acreditar el fallecimiento mediante la documentación exigida, en lugar de presentar una demanda por negativa de autorización.

Cada situación debe analizarse de acuerdo con sus propias circunstancias.

Una recomendación importante es evitar comprar nuevos pasajes, modificar reservas o asumir gastos adicionales antes de conocer la situación jurídica del permiso.

Por ejemplo, una familia puede haber pagado vuelos internacionales, alojamiento y actividades turísticas. Si el otro progenitor se niega a firmar, puede resultar tentador contratar inmediatamente nuevos servicios o realizar cambios costosos con la expectativa de obtener una autorización judicial rápida.

Sin embargo, ningún abogado puede garantizar que un juez concederá el permiso antes de una fecha determinada.

Cuando existe oposición entre los padres, deben cumplirse las reglas procesales correspondientes y la autoridad judicial debe adoptar una decisión basada en los hechos, las pruebas y el interés superior del menor.

En estos casos puede ser conveniente revisar las políticas de modificación o cancelación de los pasajes y reservas, a fin de reducir las consecuencias económicas de una eventual demora.

La pérdida de dinero por un viaje frustrado puede ser una preocupación importante para la familia, pero no constituye por sí sola una razón suficiente para eliminar los requisitos legales de salida del país.

El interés superior del niño, niña o adolescente debe orientar cualquier solicitud de autorización urgente.

Por ejemplo, si el desplazamiento está relacionado con vacaciones escolares, el juez podrá examinar las condiciones del viaje, la duración prevista y las razones por las que uno de los progenitores se opone.

Si se pretende un cambio permanente de residencia al extranjero, podrían resultar relevantes las condiciones de vivienda, educación, atención médica y posibilidades de mantener las relaciones familiares del menor.

Esto significa que la fecha cercana del vuelo no debe convertirse en el único fundamento de la solicitud.

Una estrategia jurídica adecuada debe explicar por qué el desplazamiento resulta compatible con los derechos del menor, considerando tanto la finalidad del viaje como las circunstancias familiares.

También es importante conocer si existe un régimen de visitas establecido judicialmente y si el viaje puede afectar su cumplimiento.

Por ejemplo, una madre tiene previsto viajar con su hijo durante un periodo que coincide con fechas de convivencia previamente establecidas con el padre.

Aunque la madre ejerza la custodia, el abogado deberá examinar el contenido del acuerdo o sentencia y valorar cómo influye en la autorización solicitada.

No sería correcto asumir que las vacaciones programadas permiten modificar unilateralmente cualquier decisión judicial relacionada con las visitas.

Del mismo modo, el hecho de que el padre se oponga al viaje no significa necesariamente que tenga derecho a impedir cualquier desplazamiento internacional del menor.

La controversia debe analizarse conforme a las condiciones familiares y a las pruebas disponibles.

Cuando el viaje está próximo, una asesoría jurídica inicial puede concentrarse en identificar qué actuaciones son realmente necesarias y cuáles podrían resultar inútiles para resolver el problema a tiempo.

Por ejemplo, si existe una negativa expresa, puede ser conveniente revisar inmediatamente la documentación para determinar la procedencia de la demanda judicial.

Si el padre está de acuerdo, pero reside en el extranjero, puede resultar más adecuado gestionar la formalización del permiso ante un consulado colombiano.

Si realmente se desconoce su paradero, debe examinarse la intervención del defensor de familia del ICBF.

Si existe una inscripción vigente en el REDAM o una sentencia que suspendió la patria potestad, será necesario verificar si se configura alguna excepción legal.

La identificación correcta de la vía jurídica es más importante que iniciar apresuradamente un procedimiento que no corresponda al caso.

Una vez que existe una autorización válida, también deben revisarse los demás requisitos migratorios.

El menor deberá contar con su pasaporte o documento de viaje correspondiente, registro civil de nacimiento y visa cuando el país de destino la exija.

Cuando se obtiene una autorización judicial, es importante revisar el contenido de la decisión y contar con la documentación que permita acreditar su validez ante Migración Colombia.

Presentar una demanda no equivale a tener autorización para viajar. Tampoco basta con mostrar al funcionario migratorio una constancia de radicación del proceso o una citación judicial si todavía no existe una decisión que permita legalmente el desplazamiento.

Por ejemplo, si una madre inició un proceso judicial porque el padre se negó a firmar, pero todavía no existe sentencia, no debe asumir que podrá abordar el vuelo únicamente mostrando el número de radicado de la demanda.

La autoridad migratoria deberá verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables al momento de la salida.

Asimismo, si se obtiene una autorización para determinadas fechas y un destino específico, deberá comprobarse que corresponde al viaje que efectivamente se realizará.

No sería adecuado modificar unilateralmente las condiciones de un permiso ya otorgado sin verificar si continúa siendo válido.

Para conocer los requisitos generales de las autorizaciones notariales, consulares, administrativas y judiciales, puede consultar nuestra guía sobre permiso de salida del país en Colombia: requisitos, cuánto vale y cómo tramitarlo, donde explicamos las diferentes vías previstas por la legislación colombiana.

En Figueroa y Asociados Colombia ofrecemos asesoría para padres y madres que necesitan resolver con anticipación las dificultades relacionadas con los permisos de viaje de sus hijos menores.

Nuestro equipo de abogados de familia en Medellín puede revisar las circunstancias del desplazamiento, las comunicaciones que acreditan la negativa, las decisiones sobre custodia y patria potestad y los documentos disponibles para identificar las alternativas jurídicas.

Cuando el caso requiere representación ante un juez de familia, las actuaciones correspondientes son desarrolladas por abogados legalmente habilitados para ejercer en Colombia.

También atendemos consultas de personas residentes en Envigado, Bello, Itagüí y Sabaneta. Quienes se encuentran en el sur del Valle de Aburrá pueden conocer nuestros servicios de abogado de familia en Sabaneta, mediante los cuales ofrecemos orientación sobre conflictos familiares relacionados con hijos menores de edad.

La atención también puede comenzar por videollamada cuando alguno de los progenitores vive fuera de Medellín o en el extranjero.

Para aprovechar mejor la primera consulta jurídica cuando el viaje está próximo, es recomendable informar desde el inicio la fecha exacta de salida, el país de destino, la finalidad del desplazamiento y la posición del otro progenitor.

También conviene disponer, cuando existan, del registro civil de nacimiento del menor, las decisiones anteriores sobre custodia o patria potestad, las comunicaciones relacionadas con la negativa y los documentos que permitan explicar las condiciones del viaje.

No es indispensable contar con absolutamente todos estos documentos para solicitar una consulta inicial. La revisión profesional también puede servir para determinar qué información hace falta y cuáles son los elementos verdaderamente relevantes.

En conclusión, si tiene un viaje próximo y el padre o la madre no quiere autorizar la salida del país de su hijo, debe determinar cuanto antes si corresponde solicitar una autorización judicial o si existe alguna alternativa legal que permita resolver la situación. Cuando existe una negativa expresa y el consentimiento sigue siendo obligatorio, puede ser necesario acudir ante un juez de familia mediante el procedimiento correspondiente.

Sin embargo, cuando el progenitor está dispuesto a autorizar, pero tiene dificultades para formalizar el documento, vive en el extranjero, se desconoce su paradero o existe alguna excepción legal acreditada, la vía jurídica puede ser diferente.

La cercanía de la fecha del viaje no garantiza una autorización inmediata, pero una revisión jurídica oportuna puede ayudar a identificar el procedimiento adecuado, evitar actuaciones innecesarias y conocer las limitaciones reales antes de asumir nuevos compromisos económicos.

Si el padre o la madre de su hijo se niega a firmar el permiso de salida del país y tiene un viaje próximo desde Medellín, puede solicitar asesoría jurídica en Figueroa y Asociados Colombia. Nuestro equipo puede revisar las circunstancias del caso, la documentación disponible y la fecha prevista de desplazamiento para orientarlo sobre las alternativas legales que podrían corresponder.

Ofrecemos atención presencial en Medellín mediante cita previa y asesoría jurídica por videollamada para personas que residen en otros municipios de Antioquia o fuera de Colombia.

Comuníquese al WhatsApp +57 301 877 5583 o escriba a contacto@figueroayasociados.co para explicar la situación familiar, la negativa del otro progenitor y la urgencia del viaje, con el propósito de determinar qué actuaciones jurídicas pueden resultar procedentes.

 
 
 

Sí. Puede contratar un abogado de familia en Medellín para recibir asesoría y representación jurídica en un trámite de permiso de salida del país de menores, aunque usted viva en Envigado, Sabaneta, Bello o Itagüí. No existe una obligación general de contratar exclusivamente a un abogado que tenga su oficina en el municipio donde reside la familia. Lo importante es que el profesional esté legalmente habilitado para ejercer en Colombia, conozca los procedimientos de derecho de familia y pueda identificar correctamente la autoridad competente para tramitar la solicitud.

Sin embargo, existe una distinción jurídica fundamental: la ubicación del despacho de abogados no determina ante qué juez debe presentarse una demanda de permiso de salida del país. Cuando existe desacuerdo entre los padres y es necesario obtener una autorización judicial, la competencia territorial se establece conforme al domicilio o residencia del niño, niña o adolescente, de acuerdo con las disposiciones del Código General del Proceso.

En Figueroa y Asociados Colombia brindamos asesoría a madres y padres que necesitan obtener un permiso de salida del país de menores en Medellín y municipios del Valle de Aburrá, especialmente cuando uno de los progenitores se niega a firmar la autorización, vive en el extranjero, se desconoce su paradero o existen conflictos relacionados con la custodia y la patria potestad.

Nuestro equipo de abogados de familia en Medellín puede estudiar los antecedentes familiares, revisar las decisiones judiciales existentes y determinar si resulta necesario iniciar una demanda o si existe una alternativa notarial, consular o administrativa que permita resolver la situación.

El fundamento jurídico de la competencia territorial se encuentra en el artículo 28, numeral 2, del Código General del Proceso, que establece una regla especial para los procesos relacionados con derechos de niños, niñas y adolescentes, incluidos los permisos para salir del país.

Conforme a esta disposición, cuando el menor interviene como demandante o demandado, la competencia corresponde de manera privativa al juez de su domicilio o residencia. La Corte Suprema de Justicia ha reiterado esta interpretación en controversias relacionadas con permisos de salida del país, destacando que debe prevalecer el lugar donde reside el menor y no la ubicación del abogado o la preferencia territorial de los progenitores.

Esta regla es especialmente importante para las familias del área metropolitana de Medellín, porque vivir en un municipio cercano no significa automáticamente que todos los procesos deban tramitarse ante los juzgados de familia de Medellín.

Por ejemplo, una madre que reside en Envigado desea viajar con su hijo de nueve años a España durante las vacaciones escolares. El padre conserva la patria potestad, pero se niega a firmar la autorización porque considera que existe el riesgo de que el menor permanezca en el extranjero.

Aunque la madre contrate a un abogado ubicado en Medellín, será necesario determinar cuál es la autoridad judicial competente conforme al domicilio o residencia del niño.

El abogado puede estudiar la situación, preparar la demanda y asumir la representación profesional, pero deberá presentar la solicitud ante el despacho judicial que corresponda legalmente.

La posibilidad de contratar un abogado en Medellín y la competencia del juez son cuestiones distintas. La primera depende de la elección del cliente y de las condiciones de prestación del servicio profesional; la segunda está determinada por las normas procesales.

Esta diferencia ayuda a evitar uno de los problemas que pueden surgir al iniciar una demanda: presentar la solicitud ante una autoridad que no es territorialmente competente, lo que puede ocasionar retrasos y actuaciones adicionales.

Para una madre o un padre residente en Envigado, contratar un abogado de Medellín puede resultar conveniente cuando necesita representación en una controversia sobre viajes internacionales y desea recibir asesoría de un profesional que trabaje habitualmente en asuntos de derecho de familia.

Por ejemplo, una familia de Envigado tiene previsto viajar a Estados Unidos con su hija menor. Después de la separación, la niña quedó bajo el cuidado personal de su madre, pero el padre se niega a otorgar la autorización.

En esta situación, el abogado deberá revisar el registro civil de nacimiento, los documentos sobre custodia y patria potestad, las comunicaciones donde consta la negativa y los datos relacionados con el viaje.

Con esa información podrá determinar si realmente se necesita una autorización judicial y qué elementos deben presentarse para que la autoridad competente valore la solicitud.

La custodia exclusiva no significa necesariamente que el otro progenitor haya perdido la patria potestad. Por ello, aunque exista una sentencia que atribuya el cuidado personal a la madre, debe examinarse si el padre conserva la facultad legal de autorizar el desplazamiento internacional.

Esta revisión puede resultar importante antes de iniciar cualquier actuación, porque la legislación colombiana contempla determinadas excepciones a la exigencia del consentimiento.

Cuando el menor reside en Sabaneta, también es posible contratar un abogado ubicado en Medellín para recibir orientación sobre la autorización de viaje.

Por ejemplo, una madre de Sabaneta desea trasladarse con su hijo a Canadá porque recibió una oportunidad laboral. El padre del menor continúa viviendo en Colombia y se opone al cambio de residencia porque considera que afectará la relación familiar.

En este caso, el conflicto no consiste únicamente en obtener una firma para viajar durante unos días. El desplazamiento pretende modificar las condiciones de residencia del menor, por lo que puede requerir un análisis jurídico relacionado con la vivienda, la educación, las condiciones de permanencia en el extranjero y las posibilidades de mantener contacto con el progenitor que permanece en Colombia.

El abogado puede revisar estos elementos y preparar la estrategia jurídica que corresponda. Sin embargo, deberá determinar la competencia judicial conforme al lugar donde reside el menor y las demás reglas procesales aplicables.

Las familias de este municipio también pueden conocer nuestros servicios de abogado de familia en Sabaneta, mediante los cuales ofrecemos orientación sobre custodia, cuidado personal, patria potestad, obligaciones alimentarias y otros conflictos familiares que pueden relacionarse con la autorización de viajes internacionales.

La existencia de un servicio jurídico dirigido a clientes de Sabaneta no significa que el despacho deba tener necesariamente una oficina física en ese municipio. La asesoría puede prestarse mediante consulta presencial en Medellín o por videollamada, según la modalidad acordada.

Algo semejante ocurre cuando la familia reside en Bello, Antioquia.

Por ejemplo, una mujer vive con su hija menor en Bello, mientras el padre de la niña reside en España. Ambos están de acuerdo con que la menor viaje a México, pero el padre desconoce cómo otorgar la autorización desde el extranjero.

En este escenario, puede ser innecesario iniciar una demanda judicial.

El abogado puede orientar sobre la posibilidad de formalizar el permiso ante un consulado colombiano o, cuando se cumplan las condiciones legales, mediante un documento otorgado ante una autoridad extranjera.

La residencia de uno de los padres en otro país no convierte automáticamente el trámite en un proceso judicial. Cuando existe acuerdo, generalmente pueden utilizarse los mecanismos notariales o consulares previstos por la legislación.

El artículo 110 de la Ley 1098 de 2006 establece que la autorización debe contener información sobre el destino, el propósito del viaje y las fechas correspondientes, además de cumplir las formalidades legales.

Por ello, el abogado puede revisar que el documento identifique correctamente al menor, al progenitor que autoriza y a la persona que lo acompañará durante el desplazamiento.

Esta asesoría puede evitar que una familia tenga que repetir trámites consulares o enfrentar dificultades documentales antes de abordar el vuelo.

En cambio, si el padre que reside en España está localizado y se niega expresamente a firmar, la controversia puede requerir la intervención del juez de familia competente.

La diferencia entre un progenitor que vive en el extranjero y uno que se opone al viaje es fundamental para identificar el procedimiento adecuado.

Para las personas residentes en Itagüí, también es posible recibir asesoría jurídica de un abogado ubicado en Medellín.

Por ejemplo, una madre que vive en Itagüí tiene previsto viajar con su hijo a Chile. El padre no mantiene contacto frecuente con el menor y actualmente se desconoce dónde reside.

En esta situación, antes de presentar una demanda judicial por negativa de autorización, debe analizarse si corresponde acudir ante el defensor de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

El artículo 110 del Código de la Infancia y la Adolescencia contempla la intervención del defensor de familia cuando el menor carece de representante legal, se desconoce su paradero o este no se encuentra en condiciones de otorgar la autorización.

El trámite administrativo ante el ICBF y la demanda judicial por negativa del progenitor son procedimientos diferentes.

Cuando el padre o la madre está localizado y manifiesta que no autorizará el viaje, generalmente corresponde acudir al juez de familia. En cambio, cuando realmente se desconoce su ubicación, puede resultar procedente solicitar la intervención del defensor de familia, siempre que se cumplan los requisitos legales.

En estos casos, el centro zonal competente del ICBF también deberá identificarse conforme a las circunstancias del menor y la cobertura territorial correspondiente. El ICBF explica oficialmente estas diferencias en su servicio de permiso de salida del país.

Por ello, una persona residente en Itagüí puede acudir a un abogado de Medellín para conocer cuál es el procedimiento legal aplicable, aunque posteriormente deba realizarse una actuación ante una autoridad administrativa o judicial distinta.

Una de las principales ventajas de contratar asesoría jurídica antes de iniciar el trámite es determinar si realmente se necesita una demanda.

Por ejemplo, una familia puede considerar que debe acudir a un juzgado porque el padre no acompaña al menor durante el viaje. Sin embargo, si existe acuerdo entre ambos progenitores, puede bastar con otorgar la autorización ante una notaría o consulado, cumpliendo las formalidades correspondientes.

En cambio, si el padre se niega expresamente a firmar y conserva la patria potestad, puede ser necesario presentar una demanda para que el juez resuelva el desacuerdo.

También existen situaciones en las que una decisión judicial anterior o una excepción legal permite prescindir del consentimiento de uno de los padres.

Por ejemplo, cuando existe una sentencia ejecutoriada que suspende o priva al progenitor de la patria potestad, debe examinarse si resulta aplicable la excepción prevista en el artículo 110 de la Ley 1098 de 2006.

Otra circunstancia puede estar relacionada con la inscripción del padre o la madre en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), conforme a la Ley 2097 de 2021.

No todos los conflictos familiares requieren contratar representación judicial, y precisamente por ello resulta importante revisar los documentos antes de recomendar una demanda.

Otro aspecto relevante para las familias del Valle de Aburrá es la posibilidad de contratar asesoría por videollamada sin desplazarse hasta Medellín.

La ubicación geográfica del cliente no impide que un abogado legalmente habilitado en Colombia pueda realizar una valoración inicial del asunto, examinar documentos y orientar sobre las actuaciones que podrían resultar necesarias.

Por ejemplo, una madre que vive en Bello puede tener dificultades para desplazarse a Medellín por sus responsabilidades laborales o por el cuidado de sus hijos. En estas circunstancias, puede realizar una consulta virtual para explicar la situación y presentar digitalmente los documentos disponibles.

Durante la consulta, el abogado puede revisar el registro civil de nacimiento, las decisiones de custodia, las comunicaciones entre los progenitores y los documentos relacionados con el viaje.

Esta modalidad también puede resultar útil para personas que viven en Envigado, Sabaneta o Itagüí y desean conocer previamente si necesitan una autorización judicial.

La asesoría virtual no significa que todas las actuaciones posteriores puedan realizarse sin ninguna intervención personal del cliente. La necesidad de comparecer, aportar documentos adicionales o asistir a una audiencia dependerá de las reglas aplicables y de las decisiones de la autoridad competente.

No obstante, la legislación colombiana contempla mecanismos para utilizar tecnologías de la información en los procedimientos judiciales.

La Ley 2213 de 2022 permite desarrollar actuaciones judiciales mediante medios digitales y contempla la posibilidad de conferir poderes especiales mediante mensajes de datos, bajo las condiciones establecidas por la ley.

Esto puede facilitar la contratación y representación de clientes que no residen en la misma ciudad que su abogado. Sin embargo, cada expediente debe ajustarse a los canales oficiales de comunicación y a los requerimientos de la autoridad correspondiente.

Por ejemplo, una madre de Sabaneta puede contratar asesoría jurídica en Medellín y organizar inicialmente los documentos por medios electrónicos. Si se requiere presentar una demanda, el abogado podrá examinar las condiciones legales para otorgar el poder y adelantar las actuaciones procesales correspondientes.

El uso de herramientas digitales puede facilitar la comunicación entre el cliente y el profesional, pero no modifica las reglas de competencia territorial ni garantiza que el procedimiento termine más rápido.

Otro aspecto importante es determinar qué documentos debe revisar el abogado antes de asumir la representación.

Para una solicitud judicial de permiso de salida del país normalmente será necesario contar con el registro civil de nacimiento del menor, la identificación de los progenitores y los documentos que permitan explicar la situación familiar.

Cuando existen decisiones judiciales anteriores, pueden resultar relevantes las sentencias o actas de conciliación relacionadas con custodia, patria potestad y régimen de visitas.

También conviene conservar las comunicaciones que acrediten la negativa del padre o la madre, siempre que hayan sido obtenidas legítimamente.

Por ejemplo, si una mujer residente en Envigado tiene mensajes en los que el padre de su hijo se niega a autorizar un viaje a Estados Unidos, esos documentos pueden contribuir a demostrar la existencia del desacuerdo.

Sin embargo, la negativa del otro progenitor no garantiza por sí sola que un juez concederá el permiso. La autoridad deberá examinar las circunstancias del desplazamiento y determinar si la autorización resulta compatible con el interés superior del niño, niña o adolescente.

Cuando el viaje está relacionado con unas vacaciones, pueden resultar pertinentes los documentos que permitan identificar el destino, la duración y las condiciones previstas de regreso.

Si se pretende establecer residencia permanente en otro país, puede ser necesario estudiar otros elementos relacionados con las condiciones de vivienda, educación, salud y vínculos familiares del menor.

La finalidad del viaje debe explicarse con claridad desde el inicio, porque un desplazamiento temporal no necesariamente tiene las mismas implicaciones jurídicas que un cambio definitivo de residencia al extranjero.

Esta valoración también puede influir en el alcance de los servicios profesionales que resulte necesario contratar.

Por ejemplo, una asesoría para revisar una autorización consular puede comprender principalmente el análisis documental y la orientación sobre formalidades.

En cambio, una demanda judicial por negativa del otro progenitor puede requerir la preparación de pretensiones, la identificación de pruebas, la presentación de escritos y la representación durante las actuaciones procesales correspondientes.

Los honorarios profesionales de un abogado de Medellín no están determinados automáticamente por el hecho de que el cliente viva en Envigado, Sabaneta, Bello o Itagüí.

El costo dependerá de la naturaleza del trámite, su complejidad, los documentos disponibles y las actuaciones que deban realizarse.

Por ejemplo, cuando ambos padres están de acuerdo y únicamente necesitan revisar una autorización de viaje, el trabajo puede ser distinto del que exige representar judicialmente a una madre frente a la oposición del padre.

También es importante distinguir los honorarios del abogado de los gastos notariales, consulares o documentales que puedan surgir.

Por ello, antes de contratar resulta conveniente conocer qué actuaciones estarán incluidas en la propuesta profesional y cuáles podrían generar gastos adicionales.

La cercanía entre Medellín y los demás municipios del Valle de Aburrá puede facilitar la atención profesional, pero no significa que todos los asuntos tengan la misma competencia territorial o el mismo procedimiento.

La ubicación de la familia y, particularmente, la residencia habitual del menor deben examinarse para determinar dónde corresponde presentar una demanda o acudir ante una autoridad administrativa.

Por ejemplo, si una madre reside en Bello, pero el niño vive habitualmente con su padre en Medellín, no sería adecuado determinar automáticamente la competencia tomando únicamente el domicilio de la madre.

En una controversia judicial relacionada con el permiso de salida del país, deberán examinarse las circunstancias de residencia del menor conforme al artículo 28 del Código General del Proceso.

La Corte Suprema de Justicia ha señalado que esta regla tiene como finalidad proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes y facilitar que los asuntos que los involucran sean conocidos por la autoridad territorialmente competente.

Tampoco debe suponerse que un abogado ubicado en Medellín puede escoger libremente el juzgado que considere más conveniente para obtener una decisión favorable.

La competencia judicial no depende de las preferencias del profesional ni de la ubicación del despacho que representa a la familia.

Por esta razón, una asesoría jurídica adecuada debe incluir la verificación de la autoridad competente antes de presentar cualquier demanda.

Un error en esta etapa puede producir retrasos importantes, especialmente cuando existe una fecha próxima para realizar el viaje.

Para una familia que necesita salir de Colombia durante las vacaciones escolares, el tiempo puede ser un factor relevante. Sin embargo, contratar un abogado en Medellín no garantiza que el permiso judicial pueda obtenerse inmediatamente, aunque el cliente viva en un municipio cercano.

El proceso puede requerir la presentación y admisión de la demanda, la notificación del otro progenitor, la oportunidad de contestación, la práctica de pruebas y la decisión judicial.

El artículo 21, numeral 6, del Código General del Proceso atribuye a los jueces de familia, en única instancia, el conocimiento de las controversias relacionadas con permisos de salida del país de menores cuando existe desacuerdo entre sus representantes legales o entre estos y quienes ejercen su custodia.

Por su parte, el artículo 390 contempla su tramitación mediante proceso verbal sumario.

La naturaleza de este procedimiento no permite prometer una duración determinada ni garantizar que la autorización será concedida antes de la fecha prevista para viajar. La decisión dependerá de las circunstancias del caso y de la valoración que realice el juez competente.

En los casos en que no existe controversia y los padres están dispuestos a autorizar el viaje, el abogado puede orientar sobre el trámite notarial correspondiente, evitando que la familia inicie innecesariamente una demanda judicial.

Si uno de los progenitores vive en el extranjero, podrá examinarse la posibilidad de otorgar el consentimiento ante un consulado colombiano o mediante un documento expedido en el exterior que cumpla las formalidades aplicables.

Si realmente se desconoce el paradero del padre o la madre, deberá analizarse la intervención del defensor de familia del ICBF.

Por tanto, la contratación de un abogado debe responder al problema jurídico concreto y no únicamente a la necesidad de obtener una firma.

En Figueroa y Asociados Colombia ofrecemos orientación para identificar estas diferencias y determinar qué actuaciones podrían resultar procedentes.

Las personas interesadas pueden consultar nuestra guía sobre permiso de salida del país en Colombia: requisitos, cuánto vale y cómo tramitarlo, donde explicamos los procedimientos generales y los documentos relacionados con las autorizaciones notariales, judiciales y administrativas.

Esa información puede resultar útil para comprender los requisitos básicos del viaje, mientras que la asesoría jurídica individual permite examinar las circunstancias particulares de la familia.

La atención para clientes de Envigado, Sabaneta, Bello e Itagüí puede comenzar mediante una consulta jurídica presencial en Medellín o por videollamada, dependiendo de las necesidades del interesado.

Durante la primera valoración resulta conveniente proporcionar información sobre el municipio donde reside el menor, el país al que se pretende viajar, la finalidad del desplazamiento y la posición del progenitor que no lo acompañará.

Si existe una negativa expresa, será importante explicar cómo se manifestó y qué documentos la acreditan.

Si hay una sentencia de custodia o una decisión sobre patria potestad, también deberá revisarse su contenido.

Con estos antecedentes puede determinarse si existe una autorización que deba otorgarse voluntariamente, una excepción legal que corresponda acreditar o una controversia que deba resolver la autoridad judicial.

Una ventaja de esta valoración es evitar que la familia inicie un procedimiento ante una autoridad distinta de la competente o contrate servicios que no resultan necesarios para su situación.

Por ejemplo, una madre de Itagüí que desconoce el paradero del padre puede necesitar orientación sobre el ICBF, mientras que una madre de Envigado que enfrenta una negativa expresa puede requerir representación judicial.

Aunque ambas situaciones se relacionan con la salida internacional de menores, las autoridades, los documentos y las actuaciones pueden ser diferentes.

Por ello, resulta importante que el profesional conozca tanto las reglas de derecho de familia como los procedimientos aplicables a las autorizaciones internacionales de viaje.

En Figueroa y Asociados Colombia ofrecemos servicios jurídicos a familias que necesitan resolver problemas relacionados con sus hijos menores de edad, incluyendo controversias de custodia, patria potestad y autorizaciones de salida del país.

Nuestro equipo de abogados de familia en Medellín puede revisar la documentación y determinar las alternativas jurídicas que correspondan, mientras que los clientes residentes en el sur del área metropolitana pueden encontrar información adicional sobre nuestro servicio de abogado de familia en Sabaneta.

Las actuaciones judiciales reservadas al ejercicio profesional son desarrolladas por abogados legalmente habilitados para ejercer en Colombia, conforme a las condiciones de representación aplicables.

En conclusión, sí puede contratar un abogado de Medellín para tramitar el permiso de salida del país de su hijo aunque viva en Envigado, Sabaneta, Bello o Itagüí. La contratación del profesional no está limitada al municipio de residencia del cliente. Sin embargo, cuando existe desacuerdo entre los progenitores y debe presentarse una demanda, será necesario verificar la competencia judicial conforme al domicilio o residencia del menor.

El abogado puede brindar asesoría, revisar documentos, preparar la solicitud correspondiente y asumir representación profesional cuando sea necesaria, con independencia de que su oficina se encuentre en Medellín y el cliente viva en otro municipio del Valle de Aburrá.

La decisión de contratar debe considerar la naturaleza del conflicto, el procedimiento aplicable, la modalidad de atención y los servicios jurídicos que efectivamente se necesitan.

Si vive en Envigado, Sabaneta, Bello o Itagüí y necesita un abogado para obtener un permiso de salida del país de su hijo, puede solicitar asesoría jurídica en Figueroa y Asociados Colombia. Nuestro equipo puede analizar los antecedentes familiares, verificar qué autoridad tiene competencia y orientarlo sobre las actuaciones que podrían corresponder a su caso.

Ofrecemos atención presencial en Medellín mediante cita previa y asesoría jurídica por videollamada para familias de los municipios cercanos y otras ciudades de Colombia.

Comuníquese al WhatsApp +57 301 877 5583 o escriba a contacto@figueroayasociados.co para explicar dónde reside su hijo, cuál es el destino del viaje y si existe acuerdo o negativa del otro progenitor, con el propósito de recibir orientación jurídica sobre el procedimiento de autorización correspondiente.

Asesoría jurídica para permisos de salida del país de menores en Medellín

Cuando uno de los padres no autoriza que su hijo viaje al extranjero, obtener el permiso de salida del país puede requerir una actuación judicial. En estos casos, contar con abogados para permisos de salida del país de menores en Medellín permite identificar el procedimiento correspondiente, revisar las decisiones de custodia y patria potestad y determinar qué pruebas pueden ser necesarias para solicitar la autorización.

En Figueroa y Asociados Colombia ofrecemos asesoría y representación jurídica a madres y padres que necesitan viajar con sus hijos menores de edad y enfrentan dificultades para obtener el consentimiento del otro progenitor. Nuestro equipo de abogados de familia en Medellín estudia cada situación de manera individual, considerando la finalidad del viaje, los antecedentes familiares y los derechos del niño, niña o adolescente.

Cuando el padre o la madre se niega expresamente a autorizar el desplazamiento, puede resultar necesario presentar una demanda ante el juez de familia competente, conforme al artículo 110 de la Ley 1098 de 2006. Nuestro servicio comprende el análisis de los documentos disponibles, la identificación de las pruebas pertinentes y, cuando corresponda, la representación durante el procedimiento judicial.

También orientamos a familias en las que uno de los progenitores vive en el extranjero, se desconoce su paradero o existe una sentencia relacionada con la patria potestad. Estas circunstancias pueden modificar la autoridad competente y los requisitos exigibles. Por ello, antes de iniciar una demanda, revisamos si resulta procedente una autorización consular, una actuación ante el ICBF o alguna excepción contemplada por la legislación colombiana.

Para comprender las diferencias entre los trámites notariales, consulares y judiciales, puede consultar nuestra guía sobre el permiso de salida del país en Colombia, sus requisitos, costos y procedimiento. Esta información permite conocer las reglas generales, mientras que la asesoría jurídica individual ayuda a determinar cómo se aplican a una situación familiar concreta.

Atendemos consultas de familias residentes en Medellín, Envigado, Bello, Itagüí y Sabaneta, con posibilidad de recibir asesoría presencial mediante cita previa o por videollamada. Para quienes residen en el sur del Valle de Aburrá, también ofrecemos nuestro servicio de abogado de familia en Sabaneta.

La finalidad de nuestra intervención es que cada familia comprenda qué autorización necesita, cuál es la autoridad competente y qué actuaciones jurídicas pueden realizarse antes del viaje. Cuando se requiere representación judicial, el asunto es atendido por abogados legalmente habilitados para ejercer en Colombia.

Si necesita solicitar un permiso judicial de salida del país porque el otro progenitor no autoriza el viaje, puede contactar a Figueroa y Asociados Colombia o comunicarse al WhatsApp +57 301 877 5583 para solicitar una valoración jurídica de su situación.

Asesoría y representación jurídica para permisos de salida del país de menores en Medellín

  • En Figueroa y Asociados Colombia ofrecemos asesoría y representación jurídica para obtener permisos de salida del país de menores de edad en Medellín, especialmente cuando el padre o la madre se niega a autorizar el viaje, reside en el extranjero o se desconoce su paradero.

    Nuestro equipo de abogados de familia en Medellín revisa las decisiones de custodia y patria potestad, los documentos del menor y las circunstancias del desplazamiento para determinar si corresponde solicitar una autorización judicial ante un juez de familia, realizar un trámite consular o acudir ante el defensor de familia del ICBF.

    Durante la atención jurídica explicamos qué documentos y pruebas pueden ser necesarios, cuáles son las alternativas legales disponibles y qué actuaciones corresponden a cada situación. Cuando se requiere representación judicial, esta es asumida por abogados legalmente habilitados para ejercer en Colombia, conforme a las disposiciones del artículo 110 de la Ley 1098 de 2006.

    ¿El otro progenitor no autoriza que su hijo viaje al extranjero? Solicite una consulta jurídica con Figueroa y Asociados Colombia. Atendemos familias de Medellín, Envigado, Sabaneta, Bello e Itagüí, de manera presencial mediante cita previa o por videollamada.

    WhatsApp: +57 301 877 5583.

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Formación, análisis y coordinación jurídica

La dirección de Figueroa & Asociados está a cargo del abogado mexicano Carlos Figueroa, quien participa en la coordinación general de la firma, el análisis jurídico de los asuntos y la definición de una metodología de atención orientada al estudio individual de cada caso. El objetivo es identificar desde el inicio los antecedentes relevantes, la situación procesal y las alternativas jurídicas que pueden resultar aplicables.

En Colombia, la atención de los asuntos se desarrolla mediante la colaboración y coordinación con abogados legalmente habilitados para ejercer en el país. Cada caso se canaliza de acuerdo con la materia, la jurisdicción competente, la etapa en la que se encuentre el procedimiento y las necesidades particulares de la persona investigada, acusada o víctima.

La metodología de trabajo busca mantener una comunicación clara con el cliente, organizar la información y documentación disponible y dar seguimiento a las actuaciones relevantes del asunto. Cuando se requiere representación judicial, asistencia a audiencias, comparecencia ante la Fiscalía u otra actuación reservada al ejercicio profesional en Colombia, la intervención es realizada por el abogado colombiano correspondiente.

Cada asunto es analizado de manera individual, evitando soluciones estandarizadas y definiendo la estrategia conforme a sus circunstancias concretas.

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