Abogado para casos de estafa en Medellín

Sí. El delito de estafa en Colombia puede prescribir, lo que significa que la acción penal no puede mantenerse indefinidamente. Sin embargo, el término de prescripción no es idéntico en todos los casos, porque depende de la pena máxima aplicable, de si se trata de una estafa simple o agravada, de la fecha en que se consumó la conducta y de si durante el proceso ocurrió algún acto que interrumpiera o suspendiera el cómputo.

La regla general está en el artículo 83 del Código Penal colombiano, según el cual la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena privativa de la libertad establecida para el delito, sin que ese término pueda ser inferior a cinco años ni, como regla general, superior a veinte. Para calcular correctamente la prescripción deben considerarse además las circunstancias que modifiquen sustancialmente la punibilidad.

En el caso de la estafa simple, el artículo 246 del Código Penal establece actualmente una pena de 2 a 8 años de prisión, además de multa. Por ello, tomando únicamente el tipo penal básico como referencia, el término ordinario de prescripción antes de su interrupción puede ser de 8 años, porque ese es el máximo de la pena privativa de la libertad prevista para la conducta.

Existe una regla diferente cuando la cuantía de la estafa no supera los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El artículo 246 contempla en ese supuesto una pena de 1 a 2 años de prisión; sin embargo, el artículo 83 dispone que el término de prescripción de una acción penal no puede ser inferior a 5 años. Por eso, aun cuando la pena máxima prevista para esa modalidad de menor cuantía sea inferior, debe revisarse la regla mínima legal de prescripción.

La situación cambia cuando se trata de una estafa agravada en Colombia. El artículo 247 establece para determinadas circunstancias una pena de 64 a 144 meses de prisión, es decir, hasta 12 años. En esos eventos, y sin perjuicio de las particularidades de cada expediente, el término inicial de prescripción puede ser mayor que en la estafa simple porque se toma como referencia la pena máxima aplicable.

Esto es particularmente importante en casos relacionados con determinadas operaciones sobre vehículos, contratos de seguros, vivienda de interés social, bienes de ciertas entidades estatales o conductas vinculadas con el Sistema General de Seguridad Social Integral, entre otros supuestos previstos expresamente en el artículo 247. No basta, por tanto, con preguntar cuántos años han pasado desde los hechos: primero debe determinarse qué modalidad de estafa se investiga y cuál era la pena aplicable.

Otro aspecto fundamental es saber desde cuándo empieza a contar la prescripción de la estafa. El artículo 84 del Código Penal establece que, para las conductas de ejecución instantánea, el término comienza a correr desde el día de su consumación. En consecuencia, para calcular la prescripción es indispensable determinar jurídicamente cuándo se consumó el supuesto engaño y cuándo se produjo la obtención del provecho ilícito con el correspondiente perjuicio patrimonial.

Este punto puede ser sencillo en algunas situaciones —por ejemplo, una única transferencia realizada como consecuencia del supuesto engaño— pero puede ser más complejo cuando existen varias entregas de dinero, pagos sucesivos, múltiples víctimas o una operación que se desarrolla durante un periodo prolongado. En esos asuntos no conviene calcular la prescripción simplemente desde la fecha del primer contacto entre las partes.

También debe tenerse en cuenta que la prescripción puede interrumpirse. En el procedimiento penal regulado por la Ley 906 de 2004, el artículo 292 señala que la prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de imputación. Una vez producida la interrupción, el término comienza nuevamente por un periodo equivalente a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal, pero no puede ser inferior a tres años.

Esto significa que no es correcto afirmar, por ejemplo, que una denuncia por estafa desaparece automáticamente ocho años después de ocurridos los hechos. Si antes de cumplirse ese término se produjo una actuación procesal con efecto interruptivo, el cálculo debe hacerse nuevamente conforme a las reglas legales aplicables.

Por esa misma razón, para saber si una denuncia por estafa ya prescribió en Colombia es necesario revisar el expediente y reconstruir varias fechas: cuándo ocurrió la conducta, cuándo se consumó jurídicamente, si hubo formulación de imputación, si existieron circunstancias de agravación y qué pena resultaba aplicable al caso concreto.

También debe distinguirse entre la prescripción de la acción penal y otras consecuencias jurídicas derivadas de los mismos hechos. El Código Penal contempla reglas específicas para la acción civil derivada de la conducta punible cuando esta se ejerce dentro del proceso penal, mientras que en otros escenarios pueden resultar aplicables normas civiles diferentes. Por ello, que exista una discusión sobre prescripción penal no necesariamente resuelve automáticamente todos los posibles efectos patrimoniales del conflicto.

Para una persona que considera haber sido víctima de una estafa en Medellín, la prescripción es una razón adicional para no dejar pasar indefinidamente el tiempo antes de analizar el caso. Contratos, transferencias, comprobantes, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, audios, publicaciones y demás evidencia pueden ser importantes para establecer cuándo ocurrió el presunto engaño y qué actuaciones pueden realizarse.

Desde la perspectiva de quien enfrenta una investigación, la prescripción también puede formar parte de la estrategia de defensa. Si han transcurrido varios años desde los hechos, es necesario revisar técnicamente el cómputo y determinar si la acción penal sigue vigente. No basta con contar años de manera informal, porque una interpretación equivocada sobre la fecha de consumación o sobre una interrupción procesal puede cambiar completamente la conclusión.

En Figueroa & Asociados Colombia analizamos casos relacionados con estafa, estafa agravada, delitos patrimoniales y denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, tanto desde la perspectiva de víctimas como de personas investigadas. Una revisión jurídica puede permitir establecer la fecha de los hechos, la modalidad penal que podría resultar aplicable, el término de prescripción y las actuaciones procesales que eventualmente hayan interrumpido ese término.

Si necesitas saber si un caso de estafa en Medellín ya prescribió, lo recomendable es revisar el expediente o, cuando todavía no existe proceso formal, reconstruir cronológicamente los hechos y la documentación disponible. Con esos elementos puede hacerse un cálculo mucho más preciso y determinar qué alternativas jurídicas siguen abiertas.

Si fue víctima de una estafa en Medellín, lo más importante es actuar con rapidez, conservar las pruebas y evitar borrar o modificar información relacionada con el engaño. Dependiendo de cómo ocurrieron los hechos, puede ser necesario denunciar ante la Fiscalía General de la Nación, reportar la operación al banco o plataforma utilizada y organizar adecuadamente toda la documentación antes de iniciar o complementar la investigación. La Fiscalía cuenta con canales virtuales, telefónicos y presenciales para recibir denuncias, y actualmente permite presentar una denuncia sin necesidad de abogado.

Lo primero que debe hacer una persona que considera haber sido estafada es preservar la evidencia. En este tipo de casos pueden resultar relevantes los comprobantes de transferencias, consignaciones, contratos, recibos, conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos, fotografías, audios, publicaciones en redes sociales, perfiles digitales, capturas de pantalla, datos de cuentas bancarias y cualquier documento que permita reconstruir cómo se produjo el engaño.

También conviene elaborar una cronología sencilla de los hechos. Es recomendable anotar cuándo ocurrió el primer contacto, qué ofreció la otra persona, qué información proporcionó, en qué momento se entregó el dinero, qué cantidad se pagó, por qué medio se hizo la operación y qué ocurrió después. Este orden puede ser determinante para explicar el caso ante la Fiscalía y para diferenciar una posible estafa de un simple incumplimiento contractual.

La Fiscalía General de la Nación dispone de un servicio de denuncia virtual en el que solicita al ciudadano suministrar la mayor cantidad posible de información y mantener un correo electrónico y un número telefónico válidos para recibir comunicaciones. La entidad también advierte que sus servicios son gratuitos y que no se necesita la asistencia de un abogado para presentar inicialmente una denuncia.

Además, la Fiscalía mantiene canales telefónicos y presenciales. Entre ellos se encuentra la línea 122 desde celular y la línea 01 8000 919748 desde teléfono fijo, además de Centros de Atención de la Fiscalía, Puntos de Atención de la Fiscalía y Ventanillas Únicas de Correspondencia. La entidad también señala que, cuando se utiliza la denuncia virtual, posteriormente se envía al ciudadano la copia de la denuncia y el número de noticia criminal correspondiente.

En Medellín, la persona puede utilizar estos canales nacionales o acudir a los puntos de atención disponibles de la Fiscalía en la ciudad. No es indispensable esperar a tener absolutamente todas las pruebas para denunciar, pero sí es recomendable presentar la información de la forma más organizada posible y conservar los documentos originales.

Si la estafa se realizó por internet, redes sociales, comercio electrónico, aplicaciones de mensajería o plataformas digitales, también puede ser conveniente utilizar los servicios del CAI Virtual de la Policía Nacional. La plataforma permite acceder a opciones para registrar denuncias y consultar información relacionada con delitos informáticos y cibercrimen.

Cuando la estafa involucra una transferencia reciente, tarjeta, billetera digital o cuenta bancaria, también puede ser útil comunicarse inmediatamente con la entidad financiera correspondiente. Aunque esto no garantiza que el dinero pueda recuperarse, una reacción rápida puede permitir reportar la operación, bloquear ciertos medios de pago o conservar información relevante para la investigación.

Otro punto importante es evitar seguir enviando dinero. Algunas estafas continúan después del primer pago mediante solicitudes adicionales por supuestos impuestos, gastos administrativos, comisiones, desbloqueos de cuentas o devolución de inversiones. Si existe sospecha de fraude, conviene suspender nuevas transferencias hasta verificar la situación.

También debe evitarse confrontar al presunto responsable de manera impulsiva. Amenazas, insultos o intentos de recuperar el dinero por medios irregulares pueden generar problemas adicionales. Desde el punto de vista probatorio, suele ser más conveniente conservar las comunicaciones existentes y analizar jurídicamente qué actuación corresponde.

En Figueroa & Asociados Colombia recomendamos diferenciar siempre entre un posible delito de estafa y un conflicto meramente civil o comercial. Que una persona no pague una deuda, incumpla un contrato o no entregue un producto no significa automáticamente que exista una estafa penal. Es necesario analizar si hubo un engaño relevante que llevó a la víctima a entregar dinero, bienes o asumir una obligación patrimonial.

Por esa razón, una revisión jurídica puede ser especialmente útil cuando el asunto involucra inversiones, compraventas, negocios inmobiliarios, préstamos, anticipos, vehículos, plataformas digitales, criptomonedas, comercio electrónico o varias víctimas. En estos escenarios pueden existir numerosos documentos, transferencias y comunicaciones que conviene organizar antes de definir la estrategia.

Para una víctima, también es importante entender que presentar una denuncia no garantiza automáticamente la recuperación del dinero. La denuncia inicia o alimenta una investigación penal, pero dependiendo del caso pueden existir además acciones civiles, patrimoniales o mecanismos diferentes para reclamar obligaciones o perjuicios. La estrategia debe analizarse de forma integral y no limitarse únicamente al aspecto penal.

En Figueroa & Asociados Colombia analizamos casos de personas que consideran haber sido víctimas de una posible estafa en Medellín, revisando la documentación disponible, el origen de la operación, las transferencias realizadas y la secuencia de los hechos. El objetivo es identificar si existen elementos compatibles con una conducta penal y qué alternativas jurídicas pueden resultar procedentes.

Cuando ya existe una denuncia, también puede ser necesario realizar seguimiento a la investigación, aportar nuevas pruebas, identificar el fiscal que conoce el asunto y atender requerimientos o diligencias. La Fiscalía dispone de mecanismos para consultar y dar seguimiento a denuncias, y el CAI Virtual también permite acceder a servicios relacionados con el estado de una denuncia.

Si usted fue víctima de una estafa en Medellín, una ruta práctica sería conservar inmediatamente todas las pruebas, suspender nuevos pagos, reportar las operaciones financieras cuando corresponda, organizar cronológicamente los hechos y presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Si se trata de una estafa digital, también puede utilizar los canales de cibercrimen de la Policía Nacional.

En Figueroa & Asociados Colombia brindamos orientación a víctimas de estafa para analizar la documentación, identificar posibles vías jurídicas y determinar qué actuaciones pueden resultar necesarias ante la Fiscalía o por otras vías legales. La atención puede realizarse en Medellín con cita previa o mediante videollamada, y cuando el asunto requiere representación o actuaciones reservadas al ejercicio profesional en Colombia, estas son realizadas por abogados legalmente habilitados en el país.

No. Para presentar una denuncia por estafa en Medellín no es obligatorio contratar un abogado. La propia Fiscalía General de la Nación indica que sus servicios de denuncia son gratuitos y que una persona puede presentar directamente la denuncia sin asistencia jurídica. También puede hacerlo mediante los canales virtuales habilitados por la entidad, donde después de la radicación se genera un número que permite identificar y consultar el caso.

Sin embargo, que un abogado no sea obligatorio para interponer inicialmente la denuncia no significa que su intervención no pueda resultar útil. En asuntos de estafa, especialmente cuando existen sumas importantes de dinero, contratos, inversiones, compraventas, múltiples transferencias, varias personas involucradas o abundante evidencia digital, una revisión jurídica previa puede ayudar a presentar los hechos con mayor claridad y a identificar qué pruebas son realmente relevantes.

El Código de Procedimiento Penal colombiano establece que la denuncia puede formularse verbalmente, por escrito o mediante un medio técnico que permita identificar al denunciante, y debe contener una relación detallada de los hechos conocidos. Por eso, antes de acudir a la Fiscalía conviene organizar cronológicamente lo ocurrido y evitar limitar el relato a expresiones generales como “me estafaron”.

En un caso de estafa en Medellín, resulta útil explicar cómo comenzó la relación con la persona denunciada, qué ofreció, qué información proporcionó, cuándo se entregó el dinero, cuánto se pagó, a qué cuenta se transfirió y qué ocurrió después. También deben conservarse contratos, comprobantes bancarios, conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos, audios, anuncios, documentos comerciales, fotografías y cualquier elemento que ayude a reconstruir el posible engaño.

Aquí es donde la asesoría de un abogado para casos de estafa en Medellín puede aportar valor incluso antes de la denuncia. El profesional puede revisar si los hechos realmente presentan características de una posible estafa o si el conflicto corresponde principalmente a un incumplimiento contractual, una deuda o una controversia civil o comercial.

Esta distinción es importante porque no todo problema económico constituye automáticamente un delito. Una persona puede incumplir un contrato o dejar de pagar una obligación sin que necesariamente exista estafa. Para hablar de estafa deben analizarse los elementos del delito previstos por la legislación penal, particularmente la existencia de artificios o engaños capaces de inducir o mantener a otra persona en error y generar un perjuicio patrimonial.

Desde la perspectiva de Figueroa & Asociados Colombia, una revisión inicial de este tipo de asuntos debe responder al menos tres preguntas: qué engaño se utilizó, qué pruebas permiten demostrarlo y qué perjuicio económico produjo. Esa evaluación permite decidir cómo conviene estructurar la denuncia y qué información debería acompañarla.

La Fiscalía también señala que, si quien presenta la denuncia es la propia víctima, debe identificarse para que puedan garantizarse sus derechos y pueda participar dentro del proceso. Después de verificar que los hechos corresponden a una posible conducta delictiva, la entidad puede crear la noticia criminal y asignar un Número Único de Noticia Criminal (NUNC), con el cual es posible consultar el estado del caso y conocer los datos del fiscal asignado.

Otra cuestión distinta es la representación de la víctima durante el proceso penal. La Ley 906 de 2004 establece que las víctimas tienen derecho a intervenir en las distintas fases de la actuación penal. Para ejercer sus derechos no tienen que estar representadas permanentemente por abogado desde el comienzo; sin embargo, la propia ley prevé que a partir de la audiencia preparatoria, para intervenir, deben estar asistidas por un profesional del derecho o, en determinadas circunstancias, por un estudiante de consultorio jurídico debidamente autorizado.

Esto significa que existe una diferencia importante entre denunciar una estafa y participar jurídicamente durante todo el proceso penal. Para presentar la denuncia inicial puede hacerlo directamente la víctima; para etapas procesales posteriores, la asistencia jurídica puede adquirir mayor importancia e incluso llegar a ser necesaria para determinadas intervenciones.

La víctima tiene además derechos específicos dentro del proceso, entre ellos recibir información sobre el trámite de la denuncia, conocer las actuaciones posteriores, solicitar medidas de protección cuando existan riesgos y buscar la reparación de los daños ocasionados. La legislación colombiana reconoce expresamente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Por eso, contar con un abogado puede resultar especialmente útil cuando la víctima no solamente quiere denunciar, sino también realizar seguimiento ante la Fiscalía, aportar nuevas pruebas, intervenir durante la investigación, conocer qué actuaciones se están adelantando y analizar mecanismos para buscar la recuperación del dinero perdido.

Por ejemplo, si una persona entregó una suma elevada de dinero como consecuencia de una supuesta inversión, puede existir una cantidad considerable de documentación: contratos, presentaciones comerciales, transferencias, mensajes, rendimientos prometidos y comunicaciones posteriores. Presentar todo sin una estructura puede hacer difícil comprender rápidamente cuál fue el mecanismo de engaño. Una revisión jurídica previa permite ordenar esa evidencia y separar los hechos realmente relevantes de información secundaria.

Algo similar ocurre con las estafas inmobiliarias en Medellín. Pueden existir promesas de compraventa, certificados, consignaciones, documentos de inmuebles, intermediarios y múltiples pagos. En estos casos, el análisis no debería limitarse exclusivamente a presentar la denuncia: también puede ser necesario estudiar las alternativas patrimoniales disponibles para tratar de proteger o recuperar los recursos afectados.

También puede ser recomendable buscar asesoría cuando existen dudas sobre la identidad del presunto responsable. En estafas digitales, por ejemplo, puede conocerse únicamente un número telefónico, una cuenta bancaria, un perfil de redes sociales o una dirección electrónica. Aunque esto no impide necesariamente presentar la denuncia, conviene entregar toda la información disponible para facilitar las labores de investigación.

La Fiscalía señala expresamente que aportar una mayor cantidad de datos facilita el trámite de la denuncia. En su sistema virtual recomienda suministrar toda la información solicitada y advierte que, una vez radicada, la información ingresada ya no puede modificarse libremente desde el formulario.

Por esa razón, cuando existe documentación abundante o una operación compleja, puede ser conveniente revisar el relato antes de radicarlo. El objetivo no es exagerar los hechos ni intentar “convertir” cualquier conflicto económico en delito, sino explicar con precisión qué ocurrió y proporcionar a la autoridad la información que realmente pueda tener relevancia penal.

En Figueroa & Asociados Colombia brindamos orientación a personas que consideran haber sido víctimas de una estafa en Medellín, tanto antes como después de presentar una denuncia. Revisamos las transferencias, contratos, comunicaciones, documentos y demás pruebas para determinar cómo puede organizarse el caso, qué elementos pueden resultar jurídicamente relevantes y qué alternativas deben analizarse según la etapa en la que se encuentre la investigación.

También puede solicitarse asesoría cuando la denuncia ya fue presentada y la persona cuenta con un NUNC, pero no sabe qué está ocurriendo con el expediente o qué actuaciones puede realizar como víctima. La legislación colombiana reconoce el derecho de las víctimas a recibir información sobre el trámite dado a su denuncia y sobre las actuaciones posteriores.

En conclusión, no necesita abogado para denunciar una estafa en Medellín, porque puede acudir directamente a la Fiscalía y presentar la denuncia gratuitamente. Sin embargo, cuando hay cantidades importantes de dinero, documentación compleja, varias personas involucradas o interés en realizar seguimiento y buscar una reparación, contar con asesoría jurídica puede ayudar a estructurar mejor el caso y proteger adecuadamente los derechos de la víctima.

En Figueroa & Asociados Colombia puede solicitar una consulta para revisar su caso de estafa, organizar las pruebas y determinar qué pasos jurídicos pueden corresponder antes o después de presentar la denuncia. Cuando se requieren actuaciones reservadas al ejercicio profesional en Colombia, la intervención se realiza mediante abogados legalmente habilitados para ejercer en el país.

La estafa en Colombia es un delito penal, regulado principalmente en el artículo 246 del Código Penal. Sin embargo, en la práctica muchas personas no saben si deben acudir a un abogado penalista o a un abogado civil, porque numerosos casos comienzan con contratos, préstamos, compraventas, inversiones, arrendamientos o negocios entre particulares. La diferencia depende de si existió un verdadero engaño con relevancia penal o si el problema consiste únicamente en el incumplimiento de una obligación.

En términos generales, una estafa existe cuando una persona obtiene un provecho ilícito para sí o para un tercero mediante artificios o engaños que inducen o mantienen a otra persona en error y le causan un perjuicio económico. Por eso, la simple existencia de una deuda, un contrato incumplido o una inversión que salió mal no significa automáticamente que se haya cometido el delito de estafa.

Esta distinción es una de las consultas más frecuentes que recibimos en Figueroa & Asociados Colombia. Muchas personas llegan diciendo: “me deben dinero”, “no me entregaron lo que compré”, “invertí y no me pagaron”, “me prometieron un negocio que nunca funcionó” o “entregué un anticipo y desaparecieron”. En todos esos casos primero debe analizarse cómo se obtuvo el dinero y qué ocurrió antes de que la víctima lo entregara.

Si desde el inicio existió una maniobra engañosa diseñada para convencer a la persona de entregar dinero o bienes, el asunto puede tener naturaleza penal. Por ejemplo, podría existir una posible estafa cuando se ofrece un negocio que en realidad no existe, se vende un bien que no se tiene derecho a vender, se utilizan documentos falsos para generar confianza o se presenta información deliberadamente falsa para obtener una transferencia.

En cambio, si dos personas celebraron legítimamente un contrato y posteriormente una de ellas dejó de cumplir por problemas económicos, desacuerdos o circunstancias surgidas después, el conflicto puede corresponder principalmente al derecho civil o comercial. En ese escenario, lo procedente podría ser reclamar el cumplimiento de la obligación, cobrar una deuda, solicitar una indemnización o ejercer otra acción patrimonial, dependiendo del caso.

Por eso, una pregunta muy útil es: ¿el engaño existía antes de que yo entregara el dinero o el problema surgió después? Aunque esta pregunta no resuelve por sí sola todos los casos, puede orientar el análisis inicial. En la estafa, el engaño normalmente es el mecanismo que provoca la entrega del patrimonio. En un incumplimiento civil, en cambio, puede haber existido inicialmente un negocio verdadero que posteriormente no se ejecutó como se esperaba.

También hay situaciones mixtas en las que pueden coexistir aspectos penales y civiles. Una persona puede denunciar un posible delito de estafa ante la Fiscalía y, dependiendo de las circunstancias, también analizar mecanismos patrimoniales para intentar recuperar el dinero. La existencia de una vía penal no elimina automáticamente todas las posibles acciones civiles, y viceversa.

Un ejemplo frecuente ocurre con los préstamos entre particulares. Si una persona presta dinero y el deudor simplemente deja de pagar, normalmente debe analizarse primero como una obligación civil. Pero si quien recibió el dinero utilizó desde el inicio una identidad falsa, documentos falsificados o una historia deliberadamente inventada para conseguir el préstamo, podría existir además un elemento de engaño penal que amerite otro análisis.

Lo mismo sucede en las compraventas. Que un vendedor se retrase en entregar un producto no constituye automáticamente una estafa. Pero si nunca tuvo el producto, sabía que no podía entregarlo y utilizó fotografías, documentos o información falsa únicamente para obtener el pago, los hechos podrían tener una dimensión penal.

En las inversiones, la diferencia puede ser todavía más delicada. Toda inversión implica riesgos y una pérdida económica no demuestra por sí misma que existió fraude. Sin embargo, si el supuesto negocio nunca existió, los rendimientos eran ficticios o se presentó información falsa con el propósito de captar el dinero, puede ser necesario analizar la posible comisión de una estafa u otro delito patrimonial.

Para determinar si un caso corresponde a derecho penal o derecho civil, es fundamental revisar las pruebas. Contratos, comprobantes de transferencias, conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos, audios, publicidad, documentos comerciales y cualquier otra evidencia pueden ayudar a establecer qué se prometió, qué sabía cada persona y por qué se entregó el dinero.

Desde la perspectiva penal, interesa especialmente identificar el engaño inicial, el error provocado en la víctima, la entrega patrimonial y el beneficio obtenido por la otra persona. Desde la perspectiva civil, en cambio, puede resultar más importante demostrar la existencia de una obligación válida, su incumplimiento y los perjuicios que produjo.

Esta diferencia también cambia el tipo de abogado que puede convenir. Si existen indicios de que una persona fue engañada deliberadamente para entregar dinero, puede ser recomendable consultar a un abogado penalista para casos de estafa. Si el problema consiste principalmente en cobrar una deuda, exigir el cumplimiento de un contrato o resolver una controversia patrimonial, puede ser necesaria la intervención de un abogado civil.

En algunos casos conviene que ambas áreas trabajen de manera coordinada. Por ejemplo, una víctima puede necesitar orientación penal para presentar o seguir una denuncia ante la Fiscalía y, al mismo tiempo, revisar si existen vías civiles para intentar recuperar el dinero o proteger determinados bienes.

En Figueroa & Asociados Colombia analizamos precisamente esta primera cuestión: ¿estamos frente a una estafa penal o frente a un incumplimiento civil? Revisamos la forma en que comenzó la relación, qué información se proporcionó, qué documentos existen y cuál fue la secuencia de los hechos antes y después de la entrega del dinero.

Para una persona que busca un abogado por estafa en Medellín, esta clasificación es importante porque evita iniciar una estrategia equivocada. Presentar una denuncia penal por un conflicto puramente contractual puede no ser la vía adecuada, mientras que tratar como una simple deuda un asunto en el que existió un engaño deliberado también puede hacer perder oportunidades de actuación.

Si tiene dudas porque entregó dinero y no sabe si debe presentar una demanda civil o una denuncia penal, lo recomendable es no decidir únicamente por la existencia de una deuda. Primero debe analizarse cómo se produjo la entrega del dinero, qué promesas se hicieron y si existió algún artificio o engaño desde el comienzo.

En Figueroa & Asociados Colombia puede solicitar una consulta para revisar si su caso corresponde a una posible estafa, a un incumplimiento contractual o a una situación que requiera estudiar ambas vías. La atención puede realizarse en Medellín con cita previa o mediante videollamada, y las actuaciones reservadas al ejercicio profesional en Colombia son realizadas por abogados legalmente habilitados.