Lavado de activos en Colombia: qué es, penas, ejemplos y cómo defenderse

El lavado de activos en Colombia es un delito que sanciona determinadas conductas realizadas sobre bienes provenientes de actividades ilícitas expresamente previstas en la ley. Está regulado en el artículo 323 del Código Penal y contempla, en su modalidad básica, penas de 10 a 30 años de prisión, además de multas que pueden alcanzar los 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

No obstante, recibir una transferencia elevada, comprar un inmueble con dinero en efectivo o tener movimientos bancarios inusuales no significa, por sí solo, que una persona esté cometiendo lavado de activos.

Para establecer la responsabilidad penal es necesario analizar la procedencia de los bienes, la conducta atribuida, el conocimiento del investigado y los demás elementos exigidos por la legislación.

Esta distinción es especialmente importante cuando una persona descubre que sus cuentas están siendo revisadas, su empresa aparece vinculada con operaciones sospechosas o ha recibido una citación de la Fiscalía General de la Nación.

En esos escenarios, no basta con afirmar que el dinero es legítimo. También debe comprenderse qué investiga la autoridad, qué relación existe entre las operaciones y los hechos cuestionados, y cuáles son los elementos que pueden sustentar una defensa.

En esta guía de Bufete Jurídico Figueroa y Asociados Colombia explicamos las conductas que constituyen lavado de activos, las penas previstas, los criterios de la Corte Suprema de Justicia, las diferencias con otros delitos y las circunstancias que conviene examinar cuando existe una investigación penal.

¿Qué es el lavado de activos en Colombia?

El lavado de activos es una conducta penal relacionada con determinados bienes que tienen su origen mediato o inmediato en las actividades ilícitas señaladas por el artículo 323 del Código Penal.

La norma sanciona diferentes comportamientos sobre esos bienes, incluidos adquirirlos, resguardarlos, invertirlos, transportarlos, transformarlos, almacenarlos, conservarlos, custodiarlos o administrarlos, así como darles apariencia de legalidad u ocultar o encubrir su verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o los derechos que recaen sobre ellos.

Desde una perspectiva general, el fenómeno suele describirse como el intento de incorporar recursos de origen ilícito a actividades económicas aparentemente legítimas.

Sin embargo, la descripción criminológica del fenómeno no sustituye los requisitos del tipo penal.

No toda operación irregular, incumplimiento bancario o negocio cuestionado constituye automáticamente lavado de activos.

El análisis jurídico debe comenzar por establecer cuáles son los hechos atribuidos a una persona y de qué manera podrían encuadrarse en una conducta expresamente tipificada.

Ejemplo sencillo de lavado de activos

Supongamos que la Fiscalía investiga recursos obtenidos mediante una actividad ilícita comprendida en el artículo 323.

Posteriormente, esos recursos aparecen vinculados con la adquisición de bienes o con operaciones comerciales destinadas a presentarlos como patrimonio legítimo.

Las autoridades podrían investigar si las personas que participaron en esas operaciones realizaron alguna de las conductas previstas legalmente, con conocimiento de los elementos relevantes del delito.

Pero el simple hecho de haber intervenido en una compraventa o de aparecer como titular de una cuenta no acredita por sí solo la responsabilidad penal.

Debe demostrarse la conducta individualmente atribuida a cada persona.

¿Qué establece el artículo 323 del Código Penal colombiano?

El artículo 323 de la Ley 599 de 2000 es la disposición principal que regula el delito de lavado de activos.

Su redacción fue modificada, entre otras normas, por el artículo 11 de la Ley 1762 de 2015.

La disposición contempla bienes que tienen origen mediato o inmediato en actividades específicas, entre ellas tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, tráfico de armas, tráfico de drogas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública y determinadas conductas relacionadas con contrabando.

También incluye otros supuestos expresamente establecidos en el texto legal.

Esto significa que el origen ilícito relevante debe analizarse frente al catálogo legal aplicable, y no mediante la afirmación genérica de que cualquier infracción produce automáticamente un delito de lavado de activos.

¿Qué significa que los bienes tengan un origen ilícito?

Significa que debe existir una relación jurídicamente relevante entre los bienes investigados y alguna de las actividades ilícitas comprendidas en la norma.

La procedencia puede ser mediata o inmediata, según las circunstancias.

Por ejemplo, la investigación puede examinar bienes adquiridos directamente con recursos de origen ilícito o bienes que derivan de operaciones posteriores relacionadas con aquellos recursos.

La Fiscalía debe sustentar ese vínculo.

No es suficiente señalar que una persona tiene bienes de alto valor, carece de determinados documentos contables o registra operaciones poco frecuentes para concluir, sin más, que existe lavado de activos.

¿Cuáles son las conductas que sanciona la ley?

El tipo penal contempla diferentes verbos rectores.

Entre ellos se encuentran:

• Adquirir: obtener bienes comprendidos en los supuestos del artículo 323.
• Resguardar: mantenerlos bajo protección o custodia en las condiciones del tipo.
• Invertir: destinarlos a operaciones o actividades económicas.
• Transportar: trasladar bienes relacionados con la conducta investigada.
• Transformar: modificar su forma o naturaleza.
• Almacenar: mantenerlos depositados o guardados.
• Conservar: mantener los bienes en determinadas condiciones.
• Custodiar o administrar: intervenir en su guarda o gestión.
• Dar apariencia de legalidad: presentar como legítimos bienes vinculados con las actividades ilícitas previstas.
• Ocultar o encubrir: disimular aspectos relevantes de su origen, naturaleza, ubicación, destino, movimiento o derechos.

La relevancia penal de una conducta depende de que concurran sus elementos legales.

Una precisión de la Corte Constitucional

Mediante la Sentencia C-191 de 2016, la Corte Constitucional declaró inexequible la expresión que permitía sancionar de forma abierta cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen ilícito.

La decisión es importante porque el derecho penal exige que las conductas sancionadas estén descritas con suficiente precisión.

Por tanto, al estudiar una investigación no resulta correcto ampliar el artículo 323 de manera arbitraria para incluir cualquier comportamiento económico que parezca sospechoso.

La conducta atribuida debe examinarse frente a los verbos rectores y requisitos legales efectivamente vigentes.

¿Cuál es la pena por lavado de activos en Colombia?

El artículo 323 contempla, en su modalidad básica, las siguientes sanciones:

Prisión: de 10 a 30 años.

Multa: de 1.000 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dentro de los límites legales aplicables.

Estas son las penas previstas para el tipo básico. La sanción concreta depende de los hechos demostrados, las circunstancias aplicables, las reglas de individualización de la pena y las decisiones del juez.

No todas las investigaciones terminan en una condena ni todas las condenas necesariamente corresponden al máximo legal.

¿Cuándo puede aumentar la pena?

El artículo 323 contempla un incremento de la pena privativa de la libertad cuando concurren determinados supuestos relacionados con operaciones cambiarias, comercio exterior o introducción de mercancías al territorio nacional.

Además, el artículo 324 establece circunstancias específicas de agravación relacionadas con la participación en personas jurídicas, sociedades u organizaciones dedicadas al lavado de activos, con tratamientos diferenciados para sus integrantes, administradores o responsables.

La aplicación de estas agravantes exige demostrar sus presupuestos.

Por ejemplo, ser representante legal de una empresa investigada no significa automáticamente que corresponda aplicar una agravante.

Debe examinarse la conducta efectivamente atribuida, la situación de la organización y la posición de la persona investigada.

¿Se puede evitar una pena de prisión?

No existe una respuesta general aplicable a cualquier caso.

Las posibilidades procesales dependen de la situación jurídica, las circunstancias probadas, la etapa del procedimiento y las disposiciones legales.

La defensa debe examinar desde el inicio la adecuación típica, los elementos probatorios, las circunstancias de agravación y las alternativas procesales que realmente resulten procedentes.

No sería responsable prometer la libertad, una absolución o una rebaja determinada sin estudiar primero el asunto.

¿Cuáles son las etapas del lavado de activos?

Desde una perspectiva de prevención e investigación económica, el fenómeno suele estudiarse mediante tres etapas: colocación, estratificación e integración.

Estas categorías son utilizadas en el análisis de operaciones financieras, pero no constituyen tres requisitos sucesivos que deban acreditarse siempre para configurar el delito del artículo 323.

Colocación

Se refiere, en términos generales, a la incorporación inicial de recursos de procedencia ilícita a determinados circuitos económicos.

Su estudio puede involucrar movimientos de dinero y otras operaciones patrimoniales.

Estratificación

Describe la sucesión de operaciones destinadas a dificultar la identificación del origen de los recursos.

Las autoridades pueden examinar movimientos y relaciones patrimoniales que resulten relevantes para la investigación.

Integración

Consiste, desde la perspectiva criminológica, en la aparición de recursos dentro de actividades económicas aparentemente legítimas.

El estudio de estas etapas puede servir para comprender una investigación financiera.

Sin embargo, para formular una acusación y obtener una condena deben acreditarse los elementos del delito conforme al Código Penal colombiano.

Ejemplos de lavado de activos en Colombia: situaciones que exigen análisis diferentes

Los siguientes ejemplos son hipotéticos. Su finalidad es mostrar que una investigación por lavado de activos puede involucrar circunstancias económicas muy distintas y que la responsabilidad penal no puede presumirse por el simple movimiento de dinero.

Caso 1. Un comerciante recibe transferencias elevadas en su cuenta

Un comerciante de Medellín recibe durante varios meses transferencias de diferentes clientes.

La entidad financiera solicita información adicional sobre las operaciones y posteriormente aparecen cuestionamientos relacionados con determinados movimientos.

El comerciante explica que los recursos corresponden a ventas de mercancías.

En este caso resultaría importante revisar los soportes comerciales, facturas, contratos, registros contables y demás elementos que permitan comprender las operaciones.

También debe establecerse si existe alguna investigación penal y cuál sería la relación entre los recursos y una actividad ilícita comprendida en el artículo 323.

Recibir transferencias elevadas no constituye automáticamente lavado de activos.

El monto puede justificar determinadas revisiones financieras, pero la responsabilidad penal requiere acreditar sus elementos propios.

Caso 2. Una persona compra un apartamento y la Fiscalía cuestiona el origen del dinero

Una persona adquiere un inmueble utilizando recursos que afirma haber obtenido de sus actividades profesionales y de préstamos familiares.

Tiempo después, las autoridades investigan el origen de los fondos.

La defensa deberá examinar los documentos de adquisición, la trazabilidad de los pagos, los ingresos declarados, los préstamos y las demás circunstancias del negocio.

Si la Fiscalía atribuye lavado de activos, será necesario establecer qué conducta concreta se considera realizada y cuál es la procedencia ilícita que pretende demostrar.

La existencia de una escritura pública acredita determinadas circunstancias del negocio, pero no resuelve por sí sola toda controversia sobre el origen de los recursos.

Caso 3. Una empresa recibe pagos de un tercero posteriormente investigado

Una sociedad presta servicios legítimos y recibe pagos de un cliente.

Posteriormente, ese cliente resulta vinculado con una investigación penal.

La empresa comienza a enfrentar preguntas sobre sus operaciones.

En estas circunstancias debe diferenciarse la existencia real de los servicios prestados, el conocimiento de los intervinientes y la relación de los recursos con los hechos investigados.

La vinculación penal de un cliente no convierte automáticamente a todos sus proveedores en responsables de lavado de activos.

Cada intervención debe examinarse individualmente.

Caso 4. Una persona figura como titular de bienes de un familiar

Un familiar solicita que determinado inmueble o vehículo aparezca registrado a nombre de otra persona.

La Fiscalía considera que podrían existir relaciones con patrimonio de procedencia ilícita.

Aquí es necesario determinar cómo se adquirió el bien, quién proporcionó los recursos, qué sabía la persona que aparece como titular y cuáles son las actuaciones que se le atribuyen.

Este escenario también puede generar discusiones relacionadas con el delito de testaferrato del artículo 326, cuyos presupuestos son diferentes.

No todas las situaciones en las que una persona figura como titular de bienes de un tercero constituyen automáticamente testaferrato o lavado de activos.

Caso 5. Un empresario recibe dinero del exterior

Un empresario colombiano recibe transferencias provenientes de actividades comerciales desarrolladas en otro país.

La entidad financiera solicita soportes de la operación.

En principio, recibir recursos del extranjero no demuestra la existencia de una conducta punible.

Debe estudiarse la procedencia económica, los contratos, los documentos de la operación y las circunstancias que podrían resultar relevantes.

El artículo 323 contempla consecuencias jurídicas relacionadas con operaciones internacionales, pero ello no permite presumir que toda transferencia internacional sea ilícita.

Caso 6. La Fiscalía encuentra dinero durante un allanamiento

Las autoridades realizan una diligencia en un inmueble y encuentran dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos.

Posteriormente, algunas personas que habitan el lugar reciben información sobre una investigación penal.

Será necesario distinguir la legalidad de la diligencia, las razones de la incautación y la posible relación de los recursos con las conductas investigadas.

La existencia de dinero en una vivienda no demuestra automáticamente lavado de activos.

La defensa debe estudiar tanto el origen atribuido a los recursos como las actuaciones de investigación y el fundamento jurídico de su retención.

Caso 7. Un negocio recibe recursos de diferentes socios

Una sociedad tiene varios socios que realizan aportaciones de capital.

La Fiscalía cuestiona la procedencia de determinadas aportaciones y la participación de uno de los inversionistas.

La investigación puede requerir análisis contables, bancarios y societarios.

Pero la intervención de cada socio debe individualizarse.

No es correcto afirmar que todos los integrantes de una empresa conocían necesariamente la procedencia de determinados recursos por el simple hecho de participar en la sociedad.

Caso 8. Una persona descubre que utilizaron su identidad para operaciones económicas

Una persona recibe una comunicación relacionada con una cuenta o transacción que desconoce.

Al solicitar información, advierte que sus datos personales pudieron utilizarse sin autorización.

En ese escenario podría ser necesario investigar una posible suplantación de identidad y establecer quién realizó las operaciones.

La existencia de una cuenta a nombre de una persona no demuestra por sí misma que esta haya autorizado o ejecutado todos sus movimientos.

Si usted enfrenta un problema semejante, también puede consultar nuestra guía sobre cómo denunciar la suplantación de identidad en Colombia.

¿Cómo funciona una investigación por lavado de activos en Colombia?

Las investigaciones penales pueden comenzar mediante denuncias, información obtenida legalmente, actuaciones de Policía Judicial u otros mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico.

No todas las investigaciones comienzan con una captura o una formulación de imputación.

En ocasiones, la persona conoce de la actuación cuando recibe una citación o se le solicita información relacionada con determinados hechos.

Investigación inicial

Durante la indagación, la Fiscalía puede desarrollar actividades destinadas a identificar hechos relevantes y obtener elementos materiales probatorios o evidencia física.

En asuntos de contenido patrimonial pueden resultar importantes los movimientos financieros, operaciones comerciales, información registral y documentos relacionados con la adquisición o administración de bienes.

La investigación debe respetar los derechos y garantías constitucionales.

Formulación de imputación

El artículo 286 de la Ley 906 de 2004 establece que la formulación de imputación es el acto mediante el cual la Fiscalía comunica a una persona su calidad de imputada ante el juez de control de garantías.

El artículo 287 contempla los presupuestos para realizar esa actuación.

La imputación no equivale a una declaración judicial de culpabilidad.

Es una etapa procesal en la que deben comprenderse los hechos jurídicamente relevantes y la conducta que se atribuye.

Posibles medidas de aseguramiento

La Fiscalía puede solicitar medidas de aseguramiento cuando concurren los requisitos legales.

La existencia de una imputación por lavado de activos no significa que automáticamente se imponga detención preventiva.

La procedencia de una medida requiere el análisis judicial correspondiente, incluidas sus finalidades y presupuestos legales.

Acusación

El artículo 336 de la Ley 906 contempla los requisitos para presentar el escrito de acusación.

En esa etapa adquieren importancia la delimitación de los hechos, la identificación de los elementos probatorios y la preparación de la defensa.

Juicio oral

La responsabilidad penal debe determinarse conforme a las reglas probatorias aplicables.

La Fiscalía tiene la carga de demostrar los presupuestos de la conducta punible y la responsabilidad del acusado.

La defensa puede controvertir la prueba, examinar su legalidad y presentar los elementos pertinentes conforme a las oportunidades procesales.

¿Qué debe probar la Fiscalía para demostrar lavado de activos?

Esta es una de las cuestiones centrales del delito.

La discusión no se reduce a establecer si una persona realizó muchas transferencias, tiene bienes costosos o recibió dinero sin una explicación inmediata.

Deben examinarse los elementos estructurales del tipo penal.

1. La realización de una conducta prevista por el artículo 323

La Fiscalía debe identificar qué comportamiento concreto atribuye al investigado.

Por ejemplo, no es equivalente afirmar que una persona adquirió un bien a sostener que administró determinados recursos o encubrió su procedencia.

Cada modalidad requiere relacionar hechos y elementos probatorios con la conducta descrita por la ley.

2. El origen ilícito de los bienes

Debe acreditarse que los bienes tienen la procedencia exigida por el tipo penal.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que el lavado de activos es un delito autónomo respecto de las actividades ilícitas de las cuales provienen los recursos.

Por esa razón, no se exige necesariamente una condena penal previa por el delito fuente.

Sin embargo, esa autonomía no significa que la Fiscalía esté relevada de demostrar el origen ilícito de los bienes.

La prueba puede ser directa o indiciaria, siempre bajo las reglas de valoración y el estándar probatorio correspondiente.

3. La responsabilidad individual del acusado

No basta con determinar que los bienes tienen un origen cuestionado.

Debe establecerse la participación de la persona en la conducta penalmente relevante y los elementos subjetivos exigidos por la ley.

La responsabilidad no puede fundarse exclusivamente en relaciones familiares, comerciales o societarias.

4. La valoración conjunta de las pruebas

Los documentos bancarios, comunicaciones, contratos, registros contables y demás elementos deben analizarse conforme a su pertinencia y alcance.

Una operación que aisladamente parece inusual puede tener una explicación diferente cuando se examina junto con sus antecedentes.

También puede suceder lo contrario: documentos formalmente correctos no necesariamente explican todos los hechos investigados.

El análisis requiere confrontar hipótesis y valorar integralmente los medios de prueba.

Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre lavado de activos

Una de las decisiones relevantes es la Sentencia SP282-2017, radicado 40120, de la Sala de Casación Penal.

La Corte examinó la autonomía del delito de lavado de activos y la necesidad de demostrar que los bienes están relacionados con las actividades ilícitas legalmente previstas.

También abordó el debate sobre la prueba del origen ilícito y la posibilidad de acreditarlo mediante inferencias sustentadas.

Posteriormente, la Sentencia SP5101-2021, radicado 51144, reiteró que la procedencia ilícita debe encontrarse debidamente probada y que no se requiere una sentencia condenatoria anterior por el delito subyacente.

Esta jurisprudencia permite extraer una distinción esencial.

No exigir una condena previa por el delito fuente no significa permitir una condena por lavado de activos sin prueba suficiente de la procedencia ilícita de los bienes.

La discusión penal debe centrarse en los hechos demostrados, las inferencias probatorias razonables y los elementos de la conducta atribuida.

Puede consultarse el material de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre la Sentencia SP282-2017.

¿Qué diferencia existe entre una sospecha financiera y una prueba penal?

Una alerta sobre movimientos inusuales puede justificar determinadas actuaciones de revisión financiera.

Pero no equivale automáticamente a una prueba de responsabilidad penal.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) explica expresamente que un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) no constituye una denuncia ni una prueba judicial.

Por ello, deben distinguirse las funciones de prevención, análisis financiero e investigación penal.

Para comprender esta diferencia puede consultarse la explicación oficial de la UIAF sobre los reportes de operaciones sospechosas.

Me investigan por lavado de activos: ¿qué debo hacer?

Cuando una persona conoce de una investigación penal relacionada con operaciones financieras, la primera tarea consiste en identificar su situación jurídica.

No es lo mismo recibir una solicitud del banco que una citación de la Fiscalía, una comunicación de una autoridad judicial o una convocatoria a audiencia.

Cada escenario tiene consecuencias distintas.

Identifique la autoridad que solicita información

Debe determinarse si la comunicación proviene de una entidad financiera, de la Fiscalía, de la Policía Judicial o de un despacho judicial.

También es importante identificar el asunto, las fechas y las actuaciones que se mencionan.

Determine si está siendo investigado o si interviene en otra calidad

Una persona puede ser citada como testigo, investigada, imputada o intervenir en otra condición legal.

Estas calidades no tienen los mismos derechos, deberes ni consecuencias.

La situación debe establecerse a partir de la actuación correspondiente.

Conserve los documentos originales

Contratos, comprobantes, soportes bancarios, registros contables, comunicaciones y demás documentos pueden resultar relevantes.

No deben alterarse registros ni elaborarse documentos falsos para justificar operaciones anteriores.

También debe evitarse eliminar información relacionada con una investigación.

Conozca sus derechos antes de declarar

Si la persona enfrenta una posible atribución penal, es importante conocer su calidad procesal y los derechos que le corresponden, incluida la asistencia de un defensor y las garantías frente a la autoincriminación.

La estrategia no debe improvisarse sin conocer los hechos atribuidos.

Identifique cuáles operaciones son objeto de cuestionamiento

Una investigación puede involucrar múltiples cuentas, contratos, personas y bienes.

La revisión jurídica debe identificar las operaciones concretas, sus fechas, los intervinientes y la relación que la Fiscalía pretende establecer con los hechos investigados.

Solicite una valoración de defensa penal

En determinados asuntos resulta útil contar con análisis jurídico y apoyo contable especializado.

La documentación económica y la valoración jurídica cumplen funciones diferentes y deben coordinarse cuando el caso lo requiere.

Herramienta interactiva: preparación de documentos para una investigación por lavado de activos

Si recibió una citación, tiene operaciones financieras cuestionadas o necesita organizar la documentación de una actividad comercial, puede utilizar una herramienta de preparación inicial para identificar qué información tiene disponible.

La herramienta permitirá ordenar la información para una consulta jurídica. No determinará responsabilidad penal ni emitirá un porcentaje de probabilidad de condena o absolución.

¿Necesita asesoría penal por una investigación de lavado de activos?

Una investigación relacionada con movimientos financieros puede comprometer la situación jurídica de una persona, sus actividades económicas y determinados bienes.

En Bufete Jurídico Figueroa y Asociados Colombia ofrecemos una primera valoración jurídica para identificar la naturaleza del asunto, revisar la documentación disponible y determinar la modalidad de atención que corresponda.

Atención presencial en Medellín, Antioquia: consulta jurídica con cita previa, según la disponibilidad del profesional.

Atención por videollamada: si usted se encuentra en Bogotá, Cali, Barranquilla u otra ciudad de Colombia, puede solicitar una valoración inicial a distancia, según las características del asunto.

Cuando la investigación requiere representación ante autoridades o actuaciones especializadas fuera de Medellín, primero se examina la disponibilidad profesional y la posibilidad de asumir el encargo.

Puede conocer nuestra página de abogado penalista en Medellín y solicitar información mediante la página de contacto.

WhatsApp: 301 877 5583.

¿Qué documentos pueden ser importantes en una investigación por lavado de activos?

La documentación debe seleccionarse según los hechos investigados.

No todos los asuntos requieren los mismos soportes.

Documentos bancarios

Pueden incluir extractos, comprobantes de transferencias, certificaciones y registros de movimientos.

Su utilidad depende de las operaciones que deban examinarse.

Contratos

Los contratos de compraventa, prestación de servicios, préstamo, arrendamiento y otras operaciones pueden ayudar a reconstruir relaciones económicas.

La existencia del documento debe relacionarse con la operación efectivamente realizada.

Información contable

Los libros, estados financieros y registros comerciales pueden tener importancia cuando se investigan operaciones empresariales.

En determinados asuntos se necesita apoyo técnico para analizar su contenido.

Soportes del origen de los recursos

Pueden ser relevantes los ingresos de actividades comerciales, remuneraciones, préstamos, ventas de bienes y otras fuentes económicas.

La finalidad es reconstruir hechos verificables.

Documentación de inmuebles y vehículos

Las escrituras, certificados de tradición, contratos de adquisición y registros de titularidad pueden ayudar a conocer la historia de los bienes cuestionados.

Comunicaciones relacionadas con operaciones investigadas

Dependiendo del caso, pueden aportar contexto sobre los negocios y la intervención de las personas.

Deben conservarse los archivos originales y su integridad.

¿Qué diferencia existe entre lavado de activos y testaferrato?

Aunque pueden aparecer relacionados en una investigación, son delitos distintos.

El lavado de activos está previsto en el artículo 323 del Código Penal y comprende las conductas realizadas sobre bienes con el origen ilícito establecido legalmente.

El testaferrato se encuentra regulado por el artículo 326 y tiene elementos específicos relacionados con prestar el nombre para adquirir bienes con recursos provenientes de las actividades ilícitas allí contempladas.

No basta con afirmar que una persona prestó su nombre para concluir que cometió ambos delitos.

Deben analizarse las conductas, los requisitos de cada disposición y la posible concurrencia de infracciones.

Ejemplo: un inmueble registrado a nombre de un familiar

Una persona aparece como propietaria de un apartamento adquirido con recursos aportados por otro familiar.

Posteriormente, la Fiscalía investiga el origen de esos recursos.

En este escenario deben examinarse la adquisición, el conocimiento, la participación y el tipo penal que realmente podría resultar aplicable.

No toda titularidad por cuenta de un tercero configura automáticamente un delito.

El testaferrato requiere un análisis específico de los supuestos previstos por el artículo 326.

¿Cuál es la diferencia entre lavado de activos y receptación?

La receptación está regulada en el artículo 447 del Código Penal y contempla conductas relacionadas con bienes de procedencia delictiva, bajo sus propios presupuestos.

El lavado de activos cuenta con un catálogo específico de actividades ilícitas antecedentes y modalidades de conducta contempladas en el artículo 323.

En una investigación penal debe identificarse cuál es el bien, su procedencia, la intervención atribuida y las diferencias normativas entre ambas figuras.

Por ejemplo, la adquisición de un vehículo reportado como robado puede plantear una discusión de receptación, sin que ello signifique automáticamente que también exista lavado de activos.

Puede consultar nuestra explicación sobre receptación en el Código Penal colombiano: requisitos y penas.

¿Lavado de activos y abuso de confianza son lo mismo?

No.

El abuso de confianza, previsto en el artículo 249 del Código Penal, se relaciona con la apropiación indebida de una cosa mueble ajena recibida por un título que no transfiere su propiedad, así como con otros supuestos establecidos en la norma.

El lavado de activos tiene una estructura jurídica distinta.

El hecho de que una persona no devuelva dinero o incumpla determinada obligación económica no permite afirmar automáticamente que cometió lavado de activos.

Antes de atribuir una conducta penal debe estudiarse cómo se recibió el dinero, cuál era la obligación, qué ocurrió y qué elementos del tipo penal podrían configurarse.

En nuestra guía sobre denuncia por abuso de confianza en Colombia explicamos los requisitos y diferencias de ese delito.

¿Lavado de activos y extinción de dominio significan lo mismo?

Tampoco son equivalentes.

El lavado de activos es un delito que puede generar responsabilidad penal individual cuando se acreditan sus elementos.

La extinción de dominio es una acción constitucional y patrimonial que se dirige contra determinados bienes cuando concurren las causales previstas por la Ley 1708 de 2014.

Ambos procedimientos pueden estar relacionados, pero tienen naturaleza y reglas diferentes.

Una persona puede enfrentar una investigación penal y, paralelamente, surgir controversias patrimoniales sobre bienes que las autoridades consideran vinculados con actividades ilícitas.

La existencia de una actuación sobre el patrimonio no equivale automáticamente a una sentencia penal condenatoria.

¿Qué sucede si me bloquean una cuenta bancaria por sospecha de lavado de activos?

Es necesario distinguir un bloqueo derivado de controles de una entidad financiera de una medida ordenada dentro de una actuación judicial o administrativa.

En el primer escenario puede ser necesario identificar las razones comunicadas por la entidad y los mecanismos de reclamación disponibles.

En el segundo deben examinarse la autoridad, la orden correspondiente, su alcance y los mecanismos legales aplicables.

No toda restricción sobre una cuenta constituye un embargo judicial, ni todo embargo significa que exista una condena por lavado de activos.

¿El banco debe devolver inmediatamente el dinero?

No existe una respuesta universal.

Depende de la naturaleza de la restricción, el fundamento jurídico y las actuaciones que correspondan.

La revisión inicial debe permitir identificar qué entidad tiene los recursos y qué decisión debe controvertirse.

¿Se puede investigar lavado de activos sin una condena por el delito fuente?

Sí.

La jurisprudencia penal colombiana ha reconocido la autonomía del lavado de activos respecto de las actividades ilícitas que dieron origen a los bienes.

Sin embargo, la Fiscalía debe acreditar la procedencia ilícita en los términos exigidos por el artículo 323 y la jurisprudencia aplicable.

La ausencia de una sentencia previa por el delito fuente no elimina el estándar probatorio de una condena por lavado de activos.

Este punto resulta especialmente importante para evitar que una investigación se fundamente exclusivamente en asociaciones, sospechas o conclusiones no sustentadas.

¿Qué errores deben evitarse cuando existe una investigación?

Confundir una comunicación bancaria con una imputación penal

Las entidades financieras realizan controles de prevención y cumplimiento. Una solicitud de información o un reporte no constituyen por sí solos una imputación.

Entregar documentación sin conocer el contexto de una actuación penal

Es importante identificar la autoridad, la calidad procesal y los derechos aplicables antes de adoptar decisiones sobre una investigación.

Alterar documentos o registros

La documentación debe conservarse en su estado original. Modificar, fabricar u ocultar información puede generar consecuencias jurídicas adicionales.

Considerar que todo movimiento elevado de dinero es delito

El monto de una transacción no sustituye la prueba del origen ilícito ni de la conducta penal atribuida.

Confiar en que la ausencia de una condena previa por el delito fuente impide cualquier acusación

El lavado de activos es autónomo, pero exige acreditar sus propios elementos.

Confundir los derechos sobre los bienes con la responsabilidad penal

Una actuación patrimonial y una investigación penal pueden requerir defensas distintas.

Contratar una defensa sin delimitar el servicio

Los honorarios y obligaciones deben corresponder al trabajo realmente contratado, la etapa del procedimiento y las actuaciones necesarias.

¿Cuánto cobra un abogado por un caso de lavado de activos en Colombia?

Los honorarios dependen de la complejidad del asunto.

Una consulta inicial para revisar una citación de la Fiscalía no equivale a representar a una persona durante una investigación de múltiples operaciones financieras, sociedades, inmuebles o recursos internacionales.

Algunos casos pueden requerir únicamente una valoración preliminar.

Otros implican análisis documental especializado, intervención en audiencias y preparación de una estrategia probatoria.

Por esa razón, el alcance de la contratación debe definirse después de identificar la etapa procesal, los documentos disponibles y las actuaciones que realmente deben realizarse.

En Figueroa y Asociados Colombia puede solicitar información sobre las modalidades de consulta y la disponibilidad de atención profesional.

Preguntas frecuentes sobre lavado de activos en Colombia

¿Qué es el lavado de activos en Colombia?

Es un delito previsto en el artículo 323 del Código Penal que sanciona determinadas conductas realizadas sobre bienes provenientes de las actividades ilícitas expresamente contempladas en esa disposición.

¿Cuál es la pena por lavado de activos en Colombia?

La pena básica es de 10 a 30 años de prisión y multa de 1.000 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Existen circunstancias específicas que pueden modificar la sanción.

¿Qué artículo del Código Penal regula el lavado de activos?

El artículo 323 de la Ley 599 de 2000, modificado entre otras disposiciones por la Ley 1762 de 2015.

¿Qué ejemplos existen de lavado de activos?

Puede investigarse la adquisición, administración, transformación u ocultamiento de bienes relacionados con las actividades ilícitas legalmente previstas. La responsabilidad depende de que se acrediten los elementos del delito.

¿Es delito recibir dinero de una persona investigada?

No automáticamente. Debe examinarse la procedencia de los recursos, la operación y la conducta atribuida al receptor.

¿Me pueden investigar por recibir transferencias bancarias?

Las transferencias pueden ser examinadas en una investigación. Su sola existencia no demuestra lavado de activos.

¿Se necesita una condena previa por narcotráfico u otro delito?

No necesariamente. El lavado de activos es autónomo, pero debe demostrarse el origen ilícito de los bienes conforme a las reglas legales y jurisprudenciales.

¿Qué pasa si la Fiscalía investiga una empresa?

La investigación debe individualizar las conductas y examinar los elementos relacionados con las operaciones de la sociedad y las personas involucradas.

¿El lavado de activos es lo mismo que el testaferrato?

No. Son delitos con elementos distintos, previstos en los artículos 323 y 326 del Código Penal.

¿Pueden quitarme un inmueble por lavado de activos?

Pueden existir medidas sobre bienes y procedimientos patrimoniales relacionados con investigaciones penales. Debe distinguirse el comiso de la extinción de dominio y determinar el fundamento legal aplicable.

¿Un reporte de operación sospechosa significa que cometí un delito?

No. La UIAF señala que un ROS no es una denuncia ni constituye una prueba judicial de responsabilidad penal.

¿Qué debe hacer una persona citada por la Fiscalía?

Identificar la autoridad, la calidad en la que es citada, el asunto y los derechos que le corresponden. Si existe riesgo de atribución penal, conviene recibir asesoría jurídica antes de comparecer.

¿Se puede solicitar una asesoría de lavado de activos desde Bogotá?

Es posible solicitar una valoración inicial por videollamada, según la naturaleza del caso y la disponibilidad profesional. La representación judicial fuera de Medellín debe evaluarse por separado.

Conclusión: la defensa por lavado de activos exige analizar los hechos y la procedencia de los recursos

El lavado de activos es uno de los delitos patrimoniales de mayor complejidad probatoria dentro del derecho penal colombiano.

Su investigación puede involucrar empresas, movimientos financieros, inmuebles, operaciones comerciales y distintas personas que participaron en negocios económicos.

Pero ninguna de esas circunstancias, considerada aisladamente, sustituye los requisitos establecidos por el artículo 323 del Código Penal.

La Fiscalía debe demostrar los elementos de la conducta atribuida y la procedencia ilícita de los bienes, mientras que la defensa debe examinar críticamente las pruebas, las operaciones y la situación individual del investigado.

Si recibió una comunicación de la Fiscalía o necesita asesoría relacionada con una investigación penal, puede conocer nuestro equipo jurídico y solicitar una consulta mediante la página de contacto de Figueroa y Asociados Colombia.

Ofrecemos atención presencial en Medellín con cita previa y consultas por videollamada para otras ciudades de Colombia, de acuerdo con la naturaleza del asunto y la disponibilidad profesional.

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Fuentes jurídicas

• Ley 599 de 2000 — Código Penal colombiano. Artículos 323, 324, 325, 326 y 447.
• Ley 1762 de 2015. Artículo 11, modificatorio del delito de lavado de activos.
• Sentencia C-191 de 2016 — Corte Constitucional.
• Ley 906 de 2004 — Código de Procedimiento Penal.
• Sentencia SP282-2017 — Sala de Casación Penal.
• Unidad de Información y Análisis Financiero — Lavado de activos.
• UIAF — Reporte de Operación Sospechosa.