Proceso policivo de desalojo en Colombia: requisitos, procedimiento y plazos
El proceso policivo de desalojo en Colombia es un mecanismo de protección frente a determinadas ocupaciones ilegales y perturbaciones de la posesión o la mera tenencia de bienes inmuebles. Está regulado principalmente por la Ley 1801 de 2016 y permite solicitar la intervención de las autoridades de policía para restablecer una situación afectada por vías de hecho, siempre que se cumplan los requisitos legales.
Por ejemplo, si una persona ocupa ilegalmente un terreno, impide el ingreso de quien ejercía legítimamente la posesión o realiza actos que perturban el uso de un inmueble, puede resultar procedente una actuación policiva.
Sin embargo, no todos los conflictos inmobiliarios pueden solucionarse mediante este mecanismo. El proceso policivo no sustituye automáticamente una demanda judicial de restitución de inmueble arrendado ni determina definitivamente quién es propietario de un bien.
En esta guía de Figueroa y Asociados Colombia explicamos cuándo procede la protección policiva, quién puede solicitarla, cuáles son los requisitos, qué autoridad conoce del asunto y qué plazos establece la legislación colombiana.
¿Qué es el proceso policivo de desalojo en Colombia?
Es la expresión utilizada habitualmente para referirse a determinadas actuaciones de las autoridades de policía destinadas a proteger la posesión o la mera tenencia de inmuebles frente a ocupaciones de hecho y otras perturbaciones.
Su fundamento se encuentra principalmente en el título VII de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Esta normativa contempla mecanismos de protección de los bienes inmuebles y establece las competencias de las autoridades encargadas de conocer los conflictos.
En términos prácticos, una persona puede necesitar protección policiva cuando terceros:
- Ocupan un inmueble mediante vías de hecho.
- Impiden el ingreso de quien ejercía la posesión o la tenencia.
- Alteran materialmente el disfrute del inmueble.
- Ejecutan actos que perturban una posesión previamente existente.
- Obstaculizan ilegítimamente el ejercicio de determinados derechos de tenencia.
No obstante, la autoridad debe examinar los hechos y verificar que la conducta denunciada encaje en las disposiciones legales.
La sola afirmación de ser propietario no garantiza que proceda una orden de desalojo.
¿Qué ley regula el proceso policivo de desalojo en Colombia?
La norma principal es la Ley 1801 de 2016, especialmente sus artículos 76 a 82 y 223.
Estas disposiciones regulan conceptos, comportamientos contrarios a la posesión y la tenencia, acciones de protección, medidas preventivas y aspectos del procedimiento.
Artículo 77: comportamientos contrarios a la posesión y mera tenencia
El artículo 77 identifica conductas que pueden afectar el ejercicio de estos derechos.
Entre ellas se encuentran la ocupación ilegal de inmuebles, determinadas perturbaciones materiales y los actos que impiden el ingreso, uso o disfrute de la posesión o tenencia.
No todas las conductas reciben necesariamente la misma medida correctiva. Por eso es indispensable identificar el numeral aplicable y la consecuencia prevista en la norma.
Artículo 79: acciones de protección de bienes inmuebles
El artículo 79 establece quiénes pueden presentar una querella para solicitar protección y contempla las medidas aplicables en determinados procedimientos de perturbación por ocupación de hecho.
La autoridad debe analizar la legitimación del solicitante y las circunstancias de la ocupación.
Artículo 80: carácter provisional del amparo policivo
Este artículo establece que la protección policiva de la posesión, mera tenencia y servidumbres tiene carácter precario y provisional.
Su finalidad es preservar o restablecer la situación protegida mientras la autoridad judicial competente decide definitivamente sobre los derechos controvertidos, cuando corresponda.
Esto significa que una decisión policiva favorable no equivale a una sentencia judicial que declare la propiedad del inmueble.
Artículo 81: acción preventiva por perturbación
El artículo 81 contempla la intervención preventiva de la Policía Nacional cuando se pretende o inicia una ocupación por vías de hecho.
Esta disposición establece un término específico de cuarenta y ocho horas siguientes a la ocupación, bajo los presupuestos que señala la norma.
Artículo 223: procedimiento verbal abreviado
El artículo 223 regula el procedimiento verbal abreviado para asuntos de competencia de los inspectores de Policía, alcaldes y autoridades especiales de policía.
Contempla etapas de iniciación, citación, audiencia, práctica de pruebas, decisión y recursos, según corresponda.
¿Cuándo procede un proceso policivo de desalojo?
La procedencia depende de que exista una conducta legalmente relevante que afecte la posesión o la mera tenencia.
No basta con que una persona desee recuperar un inmueble. Debe existir una situación que justifique la intervención de la autoridad policiva.
Ocupación ilegal de un inmueble
Una situación frecuente ocurre cuando terceros ingresan y ocupan un terreno, una vivienda o una construcción sin autorización, mediante vías de hecho.
Por ejemplo, una persona que ejercía la posesión de un lote descubre que terceros ingresaron, instalaron cerramientos y comenzaron a impedirle el acceso.
En ese escenario, puede ser necesario evaluar la acción preventiva del artículo 81 o la querella de protección correspondiente, dependiendo del momento de la ocupación y de las circunstancias.
Perturbación de la posesión
También puede existir una perturbación cuando una persona realiza actos materiales que alteran el ejercicio de la posesión.
Por ejemplo, cuando se impide el acceso a un inmueble o se ejecutan determinadas conductas que interfieren ilegítimamente con su uso y disfrute.
La autoridad debe verificar la situación posesoria anterior y la conducta denunciada.
Perturbación de la mera tenencia
La legislación también protege determinadas situaciones de mera tenencia.
Por ello, la protección policiva no está reservada exclusivamente a quienes cuentan con una escritura pública de propiedad.
Lo determinante es acreditar la relación jurídicamente protegida con el inmueble y la perturbación denunciada.
Conflictos relacionados con servidumbres
La Ley 1801 de 2016 también contempla comportamientos contrarios al derecho de servidumbre.
Por ejemplo, determinadas obstrucciones al uso de una servidumbre pueden justificar una actuación de protección, si se reúnen los requisitos correspondientes.
Estos asuntos deben diferenciarse de los procesos judiciales destinados a constituir, modificar o discutir definitivamente una servidumbre.
¿Quién puede solicitar un proceso policivo de desalojo?
De acuerdo con el artículo 79 de la Ley 1801 de 2016, pueden instaurar la querella de protección, según corresponda:
- El titular de la posesión o de la mera tenencia de inmuebles particulares o de servidumbres.
- Las entidades de derecho público.
- Los apoderados o representantes legales de los anteriores.
La legitimación debe acreditarse de acuerdo con la naturaleza del inmueble y el derecho cuya protección se solicita.
¿Es obligatorio ser propietario?
No necesariamente.
El derecho de dominio, la posesión y la mera tenencia son conceptos jurídicos diferentes.
Propietario: es quien ostenta el derecho de dominio sobre un bien.
Poseedor: es quien ejerce la posesión en los términos establecidos por la legislación civil.
Mero tenedor: es quien reconoce dominio ajeno y tiene el bien bajo una relación jurídica determinada.
La autoridad policiva no debe confundir estas categorías.
Una persona puede acreditar ser propietaria de un inmueble y, aun así, necesitar demostrar otros elementos para obtener una medida específica de protección posesoria.
¿Dónde se presenta una querella policiva por ocupación de inmueble?
En los casos sujetos al procedimiento de protección previsto en el artículo 79, la querella se presenta ante el inspector de Policía competente.
La competencia territorial y funcional debe determinarse según la ubicación del inmueble y la naturaleza de los hechos.
En Medellín y los municipios del Valle de Aburrá, resulta importante identificar la inspección de Policía que corresponde al sector donde se encuentra el inmueble.
No obstante, cuando se trata de una ocupación reciente por vías de hecho, también debe evaluarse la posibilidad de intervención preventiva prevista en el artículo 81 de la Ley 1801 de 2016.
No debe confundirse la presentación de una querella ante una inspección de Policía con la presentación de una demanda ante un juzgado civil.
Son actuaciones diferentes, con competencias y finalidades distintas.
¿Cuáles son los requisitos para solicitar un proceso policivo de desalojo?
Los requisitos específicos dependen de la conducta denunciada y de la medida solicitada.
Sin embargo, antes de presentar una querella conviene establecer los siguientes elementos.
1. Identificación del inmueble
Debe precisarse cuál es el inmueble afectado.
Puede ser necesario indicar su dirección, ubicación, nomenclatura, linderos o información catastral, según el caso.
Cuando se trata de un terreno rural o de un lote sin dirección claramente identificable, pueden resultar útiles planos, coordenadas y otros elementos que permitan individualizarlo.
2. Acreditación de la posesión o mera tenencia
El solicitante debe aportar elementos que permitan establecer la relación protegida con el inmueble.
Dependiendo de las circunstancias, pueden resultar relevantes documentos, testimonios, fotografías, actuaciones anteriores y otros medios de prueba.
Una escritura pública o un certificado de tradición pueden aportar información importante, pero no sustituyen automáticamente la demostración de todos los presupuestos de una acción policiva posesoria.
3. Identificación de la perturbación
Es necesario describir qué ocurrió.
Por ejemplo:
- Cuándo ingresaron los presuntos ocupantes.
- Qué actos materiales realizaron.
- De qué manera se afectó el uso del inmueble.
- Si se impidió el ingreso del poseedor o tenedor.
- Si existen testigos de los hechos.
La narración debe permitir identificar la conducta concreta que se atribuye al presunto infractor.
4. Oportunidad de la actuación
La fecha de la perturbación es especialmente relevante.
La Ley 1801 de 2016 contempla términos específicos para determinados mecanismos de protección, por lo que una actuación tardía puede afectar su procedencia.
5. Solicitud de la medida correspondiente
La querella debe expresar qué protección se solicita, de acuerdo con los hechos y la norma aplicable.
No todos los conflictos justifican una orden de desalojo.
En algunos casos pueden corresponder medidas de restablecimiento o protección diferentes.
¿Qué pruebas sirven en un proceso policivo de desalojo?
La prueba es fundamental porque la autoridad debe establecer si existía una situación protegida y si ocurrió una perturbación jurídicamente relevante.
Entre los elementos que pueden resultar útiles se encuentran:
- Fotografías y videos anteriores y posteriores a los hechos.
- Declaraciones de vecinos o personas que conozcan la situación.
- Documentos que permitan identificar el inmueble.
- Comprobantes de mantenimiento, administración o aprovechamiento del bien.
- Comunicaciones relacionadas con la ocupación.
- Informes o actuaciones de autoridades.
- Inspecciones y otros medios probatorios legalmente admisibles.
La utilidad de cada prueba depende de los hechos que se pretenden demostrar.
Por ejemplo, si el conflicto consiste en una ocupación reciente, será especialmente importante acreditar cuándo ocurrió y cómo se ejercía previamente la posesión o tenencia.
En cambio, cuando se discute una perturbación prolongada, puede ser necesario reconstruir la situación material del inmueble durante un periodo más amplio.
¿Cómo se desarrolla el procedimiento policivo de desalojo?
Cuando el asunto debe tramitarse mediante el proceso verbal abreviado del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, el procedimiento comprende distintas etapas.
Primera etapa: presentación de la querella
La persona interesada expone los hechos, identifica la conducta denunciada y aporta los elementos de prueba disponibles.
La autoridad debe determinar si el asunto corresponde a su competencia y si resulta procedente iniciar la actuación.
Segunda etapa: citación de las partes
El artículo 223 contempla la citación a audiencia pública del quejoso y del presunto infractor en los términos previstos por la norma.
La citación debe permitir que las personas involucradas conozcan la actuación y ejerzan sus derechos.
Tercera etapa: audiencia pública
Durante la audiencia, la autoridad conoce las posiciones de las partes y adelanta las actuaciones procedentes.
Es importante que el solicitante explique concretamente qué situación pretende proteger y qué actos constituyen la perturbación.
Por su parte, la persona señalada como presunta infractora tiene derecho a ejercer su defensa conforme al procedimiento aplicable.
Cuarta etapa: práctica y valoración de pruebas
La autoridad puede decretar y practicar las pruebas pertinentes dentro del marco legal.
La inspección del inmueble, los documentos y los testimonios pueden resultar relevantes para establecer la situación material controvertida.
La decisión debe fundamentarse en los hechos acreditados y en las normas aplicables.
Quinta etapa: decisión
La autoridad determina si se configuró un comportamiento contrario a la posesión o la mera tenencia y, en su caso, dispone la medida legal correspondiente.
En determinados supuestos de perturbación por ocupación de hecho, puede ordenarse el desalojo del ocupante o el restablecimiento de la situación anterior.
Sexta etapa: recursos y cumplimiento
La procedencia, oportunidad y efectos de los recursos deben analizarse conforme al artículo 223 y las reglas especiales aplicables.
Una vez exista una decisión ejecutable, corresponde a las autoridades competentes adelantar las actuaciones necesarias para su cumplimiento.
La persona favorecida por la decisión no debe asumir por cuenta propia funciones de ejecución que correspondan a la autoridad.
¿Cuánto tiempo dura un proceso policivo de desalojo en Colombia?
No existe un plazo único que permita afirmar que todos los procesos policivos de desalojo terminan en 24 o 48 horas.
La Ley 1801 de 2016 contempla distintos términos que deben interpretarse según el mecanismo utilizado.
Las 48 horas de la acción preventiva
El artículo 81 regula la intervención preventiva frente a determinadas ocupaciones por vías de hecho dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la ocupación.
Este término no significa que cualquier persona pueda solicitar un desalojo inmediato por un conflicto ocurrido meses o años atrás.
Tampoco constituye una garantía de que todas las controversias inmobiliarias se resolverán en dos días.
Las 24 horas para ejecutar determinadas órdenes
El parágrafo primero del artículo 79 establece, para el procedimiento de perturbación por ocupación de hecho allí previsto, que el desalojo deberá efectuarse dentro de las veinticuatro horas siguientes a la orden.
Es fundamental distinguir este término de ejecución del tiempo que puede tomar la actuación previa para establecer si corresponde ordenar la medida.
El trámite verbal abreviado
Cuando corresponde adelantar el procedimiento del artículo 223, deben respetarse las etapas de citación, audiencia, pruebas, decisión y recursos.
Por ello, la duración real dependerá de la naturaleza del conflicto, las pruebas, las actuaciones de las partes y las circunstancias administrativas del caso.
La existencia de términos legales breves no convierte todas las actuaciones policivas en desalojos automáticos.
¿Cuánto tiempo tengo para presentar una querella policiva por ocupación ilegal?
El parágrafo del artículo 80 de la Ley 1801 de 2016 establece un término de caducidad de cuatro meses siguientes a la perturbación por ocupación ilegal para la acción policial de protección de la posesión, mera tenencia y servidumbres de inmuebles particulares.
Es importante identificar correctamente el hecho perturbador y la fecha relevante para determinar si la acción se encuentra dentro del término legal.
No debe confundirse este plazo con las cuarenta y ocho horas de la acción preventiva del artículo 81.
Son disposiciones con funciones diferentes.
Si la ocupación ocurrió hace varios meses, es especialmente importante obtener asesoría jurídica antes de presentar una solicitud, porque podría ser necesario examinar otras acciones disponibles.
¿Qué diferencia existe entre el proceso policivo de desalojo y la restitución de inmueble arrendado?
Esta es una de las distinciones más importantes del derecho inmobiliario colombiano.
El proceso policivo de protección de la posesión o la mera tenencia se orienta a enfrentar determinados comportamientos perturbadores previstos en la Ley 1801 de 2016.
Por su parte, el proceso judicial de restitución de inmueble arrendado permite solicitar la devolución de un inmueble cuando existe una relación arrendaticia y una causa legal para exigir su restitución.
| Aspecto | Protección policiva | Restitución judicial |
|---|---|---|
| Conflicto principal | Perturbación de posesión o tenencia | Incumplimiento o terminación de arrendamiento |
| Norma principal | Ley 1801 de 2016 | Artículo 384 del CGP |
| Autoridad | Autoridad de policía competente | Juez competente |
| Finalidad | Protección provisional frente a conductas perturbadoras | Obtener la restitución del inmueble arrendado |
| Situación típica | Ocupación de hecho | Arrendatario que no entrega el inmueble |
Por ejemplo, si una persona ingresa mediante vías de hecho a un terreno que otra venía poseyendo, puede resultar procedente examinar la protección policiva.
En cambio, si un arrendatario deja de pagar y se niega a devolver la vivienda, el problema normalmente debe analizarse desde las reglas del arrendamiento y la restitución judicial.
Para este segundo supuesto, consulte nuestra guía sobre desalojo exprés en Colombia: qué dice la ley y cómo recuperar un inmueble arrendado.
La diferencia no es únicamente de nombre: determina la autoridad competente, los requisitos, las pruebas y el procedimiento.
¿Puede una inspección de Policía decidir quién es propietario de un inmueble?
La protección policiva no tiene como finalidad declarar definitivamente el derecho de dominio.
El artículo 80 de la Ley 1801 de 2016 establece el carácter precario y provisional del amparo.
Esto significa que la autoridad policiva puede intervenir para proteger determinadas situaciones de posesión o tenencia, sin reemplazar al juez competente para resolver definitivamente una controversia sobre derechos reales.
Por ejemplo, dos personas pueden discutir la titularidad de un inmueble mientras una de ellas denuncia una perturbación material.
La autoridad deberá analizar la procedencia de la protección policiva sin convertir ese procedimiento en un juicio definitivo de propiedad.
En consecuencia, una decisión de amparo no necesariamente resuelve todas las controversias civiles existentes entre las partes.
¿Qué ocurre si la ocupación se realizó mediante amenazas o violencia?
Cuando una ocupación de inmueble está acompañada de amenazas, agresiones, daños u otras conductas que podrían constituir delitos, puede ser necesario analizar responsabilidades adicionales.
La existencia de una actuación policiva no excluye automáticamente la posibilidad de que determinados hechos sean investigados penalmente.
Sin embargo, tampoco debe afirmarse que toda perturbación posesoria constituye un delito.
La calificación depende de los hechos y de los elementos exigidos por la legislación penal.
Si la situación involucra posibles conductas delictivas, puede ser pertinente una valoración independiente por un abogado penalista en Medellín.
La finalidad es distinguir correctamente las acciones policivas, civiles y penales que podrían corresponder.
¿Qué hacer si la autoridad de policía no recibe la querella?
Si una persona considera que su situación encaja en un mecanismo de protección policiva, pero encuentra dificultades para presentar la solicitud, debe verificar primero la competencia de la autoridad y los requisitos aplicables.
Es recomendable conservar constancia de la presentación y de las respuestas recibidas.
También debe distinguirse entre una decisión formal de inadmisión, rechazo o falta de competencia y una negativa informal a recibir documentos.
Dependiendo de las circunstancias, pueden existir mecanismos administrativos o judiciales para cuestionar actuaciones que desconozcan las garantías legales.
No obstante, la procedencia de cada mecanismo debe examinarse individualmente.
¿Qué pasa si la perturbación ocurre dentro de un conflicto familiar?
En ocasiones, las controversias sobre el uso de un inmueble se relacionan con separaciones, sucesiones, conflictos entre familiares o desacuerdos sobre la ocupación de una vivienda.
Por ejemplo, puede existir una discusión entre familiares acerca de quién tiene derecho a permanecer en un inmueble perteneciente a una sucesión.
En estos casos no debe presumirse que la solución sea necesariamente un proceso policivo.
Primero es necesario identificar si existe una perturbación posesoria, una controversia de propiedad, un derecho hereditario o una cuestión relacionada con obligaciones familiares.
Cuando el conflicto involucra relaciones familiares, también pueden resultar relevantes otras áreas del derecho.
Puede conocer nuestros servicios de abogados de familia en Medellín y abogado de familia en Sabaneta, según la naturaleza de la controversia.
¿El proceso policivo permite cobrar perjuicios económicos?
La finalidad principal del amparo policivo es proteger la situación posesoria o de tenencia frente a los comportamientos previstos en la ley.
No debe confundirse con un proceso judicial ordinario destinado a declarar definitivamente responsabilidades patrimoniales.
Si la ocupación o perturbación produjo daños económicos, será necesario estudiar si procede una reclamación independiente y cuál es el mecanismo adecuado.
También pueden existir controversias sobre obligaciones contractuales o sumas pendientes que requieran un análisis diferente.
Cuando el problema consiste específicamente en la recuperación de una deuda, puede consultar nuestro artículo sobre qué es el cobro prejurídico en Colombia.
En todo caso, una gestión de cobro y una querella de protección posesoria persiguen finalidades jurídicas distintas.
Errores frecuentes al solicitar un desalojo policivo
Una actuación incorrectamente planteada puede generar retrasos o dificultades para obtener la protección solicitada.
Entre los errores más comunes se encuentran:
- Confundir propiedad con posesión: asumir que una escritura pública demuestra por sí sola todos los elementos de la perturbación.
- Presentar una querella sin identificar la conducta: describir un desacuerdo general sin precisar los actos materiales denunciados.
- Desconocer los términos legales: confundir las 48 horas de la acción preventiva con el término de caducidad de la acción de protección.
- Utilizar la vía policiva para un conflicto arrendaticio: intentar resolver mediante una inspección de Policía una controversia que corresponde a la restitución judicial.
- No conservar pruebas: omitir fotografías, comunicaciones y otros elementos que permitan establecer la situación anterior.
- Ejecutar medidas por cuenta propia: ingresar por la fuerza, retirar pertenencias o impedir el acceso sin respaldo legal.
- Confundir el amparo con una declaración de propiedad: pretender que una decisión policiva resuelva definitivamente derechos reales.
La estrategia adecuada comienza por identificar el hecho perturbador, la relación jurídica protegida y la autoridad competente.
Preguntas frecuentes sobre el proceso policivo de desalojo en Colombia
¿Quién ordena un desalojo policivo en Colombia?
La autoridad competente dependerá del mecanismo legal aplicable. En los procedimientos de protección posesoria pueden intervenir los inspectores de Policía y las demás autoridades con competencia legal, conforme a la Ley 1801 de 2016.
¿Cuánto tiempo tarda un proceso policivo de desalojo?
No existe un plazo universal. La Ley 1801 contempla términos específicos para la acción preventiva y la ejecución de determinadas órdenes, pero los procedimientos que requieren audiencia, pruebas y decisión pueden tener una duración diferente.
¿Cuáles son los requisitos para un desalojo policivo?
Deben acreditarse los presupuestos de la acción correspondiente, incluida la relación protegida con el inmueble, la conducta perturbadora, la oportunidad de la solicitud y los demás requisitos legales aplicables.
¿Qué dice la Ley 1801 sobre el desalojo?
La Ley 1801 regula la protección de la posesión y la mera tenencia, contempla medidas frente a determinadas ocupaciones de hecho y establece procedimientos para su aplicación, especialmente en los artículos 77, 79, 80, 81 y 223.
¿Qué significa el plazo de 48 horas en un desalojo?
El artículo 81 contempla una acción preventiva frente a determinadas ocupaciones por vías de hecho dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la ocupación. No significa que cualquier conflicto inmobiliario pueda resolverse automáticamente en ese plazo.
¿Cuánto tiempo tengo para presentar una querella por ocupación ilegal?
El artículo 80 contempla un término de caducidad de cuatro meses para la acción policial de protección allí prevista, contado desde la perturbación por ocupación ilegal. Debe examinarse el caso concreto para determinar su aplicación.
¿Puedo solicitar un desalojo policivo si soy propietario?
Ser propietario puede resultar relevante, pero es necesario verificar los presupuestos de la protección policiva. La titularidad del dominio no sustituye automáticamente la prueba de la posesión o tenencia afectada.
¿Qué ocurre si el ocupante afirma que también tiene derechos sobre el inmueble?
La autoridad debe examinar la controversia y los elementos probatorios dentro de su competencia. El procedimiento policivo no está destinado a resolver definitivamente todos los litigios sobre propiedad o derechos reales.
¿Un proceso policivo de desalojo es lo mismo que una demanda de restitución?
No. La protección policiva se refiere a determinadas perturbaciones de la posesión o la mera tenencia. La restitución de inmueble arrendado es un procedimiento judicial regulado principalmente por el artículo 384 del Código General del Proceso.
¿Puedo presentar una querella policiva sin abogado?
La necesidad de representación depende de la actuación y de las reglas aplicables. Aunque determinadas gestiones pueden realizarse directamente, la asesoría jurídica puede resultar útil para determinar la vía correcta, preparar las pruebas y evitar errores de competencia o de procedimiento.
Asesoría jurídica sobre ocupación de inmuebles y protección posesoria en Medellín
Las ocupaciones de hecho y las perturbaciones de la posesión pueden generar conflictos que requieren una intervención jurídica oportuna.
Antes de iniciar una querella es importante examinar cuándo ocurrieron los hechos, qué relación tenía el solicitante con el inmueble, qué pruebas existen y cuál es la autoridad competente.
En Bufete Jurídico Figueroa y Asociados analizamos las circunstancias de cada asunto para identificar las alternativas legales que puedan corresponder.
Puede conocer nuestras áreas de práctica y servicios jurídicos y solicitar orientación sobre controversias inmobiliarias a través de nuestro servicio de abogado civil en Medellín.
Conclusión: cuándo utilizar el proceso policivo de desalojo
El proceso policivo de desalojo en Colombia es una expresión utilizada para describir mecanismos de protección frente a determinadas ocupaciones ilegales y perturbaciones de la posesión o la mera tenencia.
La Ley 1801 de 2016 establece las conductas relevantes, las personas legitimadas para solicitar protección, las competencias de las autoridades y los procedimientos correspondientes.
No obstante, la protección policiva tiene límites: no sustituye una declaración judicial de propiedad ni constituye una vía universal para recuperar inmuebles arrendados.
La decisión más importante es identificar correctamente la naturaleza del conflicto antes de iniciar cualquier actuación.
Si enfrenta una ocupación de hecho, una perturbación posesoria o una controversia sobre el uso de un inmueble, puede contactar a Figueroa y Asociados Colombia para solicitar una evaluación jurídica de su situación.
